La inmersión lingüística ha sido el eje central del proyecto nacionalista en Cataluña desde la recuperación de la autonomía. De manera un tanto ingenua, el PSC y la UGT se sumaron a esa política que consiste en que la lengua vehicular -en la que se estudian las distintas materias- en la enseñanza pública de Cataluña es sólo el catalán. Las excusas para marginar al castellano -aún siendo lengua oficial en Cataluña junto al catalán- han sido diversas, pero se resumen en un argumento  repetidamente esgrimido la ex responsable de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau: "El modelo de inmersión lingüística garantiza la cohesión social".

Se entendía, bajo ese planteamiento, que para integrarse en la sociedad catalana los niños y jóvenes debían dominar a la perfección el catalán y se daba por hecho el conocimiento del castellano. Ahora, en la escuela pública catalana, los 209.000 niños que estudian primaria reciben dos horas de lengua castellana, mientras que los 327.000 que estudian secundaria dan 3 horas... a la semana.

En paralelo a la inmersión, la Generalitat fue exigiendo el dominio del catalán a todos sus funcionarios. De esa forma, en efecto, se cumplía el objetivo de la cohesión: la mejor manera de no sentirse marginados a la hora de conseguir un empleo público era dominar a la perfección el catalán, idioma subvencionado desde el gobierno y utilizado de manera preeminente en los medios de comunicación públicos.

Para el nacionalismo, preocupado por la esencia diferenciadora de los pueblos, por la idiosincrasia que marca la diferencia, la lengua, mucho más que el folklore y al mismo nivel que la historia se convierte en el instrumento básico, en la la materia prima, para construir la nación. Por esa razón, cualquier modificación del statu quo en lo que se refiere a la inmersión lingüística se convierte de inmediato en casus belli para el nacionalismo.

No debería sorprendernos la deriva unilateral del independentismo tras el advenimiento al poder de Carles Puigdemont. La desobediencia, el incumplimiento de la ley y de las resoluciones judiciales viene siendo habitual en la clase dirigente catalana desde hace mucho tiempo. La educación es el mejor ejemplo.

Desde hace años se vienen incumpliendo las resoluciones judiciales sobre el castellano en Cataluña. La sola insinuación del gobierno de que, con el 155, se cumplirá la ley, ha levantado una ola de repulsa en el independentismo

La sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto estableció con claridad que el castellano debía ser lengua vehicular en Cataluña al mismo nivel que el catalán. La respuesta de la Generalitat fue incumplir la resolución. Después -y ante las quejas de algunos padres- fue la Sala de lo Contencioso del Supremo la que estableció en 2013 que la Generalitat estaba obligada a establecer una proporción de enseñanza en castellano en la escuela pública. Posteriormente, en enero de 2014, fue el Tribunal Superior de Cataluña el que fijó el porcentaje del 25% para las clases que debían impartirse en castellano.

La respuesta de la Generalitat fue eliminar de los formularios de preinscripción en las escuelas la casilla que permitía a los padres decidir si deseaban que sus hijos tuvieran el castellano como lengua vehicular. Aún con todo, en los últimos tres años se han presentado 560 peticiones para lograrlo. Número que parece escaso, pero que pone de manifiesto la enorme presión que sufren los castellano hablantes en todo lo que tiene que ver con la administración pública.

Lo que pretende ahora el gobierno de Rajoy no es, ni más ni menos, que hacer que se cumplan las resoluciones judiciales, incorporando la casilla que permite optar por el castellano como lengua vehicular en los formularios escolares. Es una de las ventajas que ofrece el artículo 155.

El presidente de Sociedad Civil Catalana, José Rosiñol, me comentó su sorpresa ante el revuelo causado en los medios y entre los partidos nacionalistas catalanes por este hecho: "Lo único que se pretende es que se cumpla la ley. El impacto que ha causado esa noticia demuestra cuál es el estado en el que vive la sociedad catalana".

El gobierno es consciente del papel que ha jugado la educación en el aumento del sentimiento nacionalista entre los jóvenes y ha decidido poner freno a la utilización de la escuela con fines ideológicos. "Ahora o nunca", exclama un alto funcionario.

La respuesta no se hizo esperar. JxC y ERC han puesto el grito en el cielo ante lo que consideran una "agresión" sin precedentes a Cataluña. Hasta tal punto, que no sería descartable un acuerdo de gobierno en las próximas horas o días, dando fin a semanas de desencuentros a cuenta del papel que debe jugar Puigdemont en el nuevo Govern.

La duda es si Rajoy aguantará el tirón, si se atreverá a resistir la dura campaña que se le viene encima, si no renunciará, una vez más, a que la ley en Cataluña sólo se cumpla cuando le viene bien a los nacionalistas.