La Guardia Civil ha solicitado al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que cite a declarar en calidad de testigo al delegado de la Generalitat en Bruselas, Amadeu Altafaj, para aclarar los presuntos pagos que el Govern hizo a los observadores internacionales de cara al referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre.
En un informe remitido al Alto Tribunal, al que ha tenido acceso El Independiente, los agentes explican que Generalitat creó el organismo denominado Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña ante la Unión Europea, poniendo al frente del mismo a Amadeu Altafaj, quien fue nombrado representante ante la Unión Europea en el año 2015 y director de la citada delegación.
Además, se da la circunstancia de que este organismo tiene abiertas tres cuentas corrientes en la sucursal que BBVA tiene en Bruselas, ciudad donde la citada delegación también tiene su sede. En una providencia dictada el pasado 9 de enero, el juez Pablo Llarena ordenó a la Guardia Civil que identificase al “ordenante y destinatario, concepto en que se realizaron y destino actual de los fondos y, en su caso, aplicación de las respectivas cantidades de 58.250 euros (con destino a The Hague Centre for Strategic Studies); 61.450 euros (idéntica destinataria) y 20.000 euros con destino a la Delegación del Govern en Croacia” en referencia a dichas cuentas.
Ahora, tras analizar la documentación aportada por la entidad BBVA, los agentes informan al instructor del procés que “el único autorizado en la cuenta desde la que se realizaron las mencionadas transferencias, por lo tanto, ordenante de las mismas o por lo menos autorizó o facilitó que se realizasen” es Amadeu Altafaj.
Relación con Diplocat
Los investigadores sospechan que The Hague Center for Strategic Studieses es el nombre de una sociedad registrada en los Países Bajos tras la que se escondía el 'think tank' que financió la presencia de una serie de personas para ejercer como "observadores internacionales" en el referéndum del 1-O.
De la misma forma, la Guardia Civil pone de relieve que según informó a la entidad bancaria Marta Garsaball, ex directora de servicios del departamento de asuntos exteriores de la Generalitat, tras la entrada en vigor del artículo 155, esos gastos “no se dirigían a la financiación de ninguna actuación ilegal ni contraria a las decisiones de los tribunales”.
Los agentes concluyen que es necesario tomar declaración en calidad de testigo a Altafaj en el Alto Tribunal para aclarar dichos movimientos de dinero. El Instituto Armado considera además que “al menos dos de las tres transferencias mencionadas", las referentes a The Hague Center for Strategic Studieses, pueden estar relacionadas con la investigación sobre Diplocat", organismo investigado por el titular del Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona.
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