El Gobierno incluirá el próximo curso la casilla del castellano en la escuela catalana

El Gobierno se acogerá a las sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para introducir en los formularios de preinscripción catalanes la casilla que permita a los padres escoger la lengua vehicular en el caso de la educación infantil, o ampliar la presencia del castellano hasta el 25% en el caso de los ciclos educativos posteriores. Una opción que la Generalitat ya debería incluir en sus formularios de preinscripción, requerimiento que ha incumplido sistemáticamente en los últimos años, pese a los fallos judiciales en contra.

Los formularios de preinscripción de la Generalitat permiten a los padres especificar si el niño "conoce" el catalán, el castellano o ninguna de las dos lenguas, pero remite para la elección del castellano como lengua vehicular a una petición formalizada ante el centro en el momento de la matriculación. Esa petición se traslada a la Consellería, y en caso de ser aceptada, el niño recibirá "atención personalizada" en castellano, al margen del resto de la clase.

Formulario de preinscripción alumnos

El secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, reconoció ayer que el Gobierno está estudiando si le corresponde publicar la resolución con las normas para la matriculación de los alumnos catalanes el próximo curso, unas normas en las que se incluiría la citada casilla."Estamos en ello, va a estar dentro de unas semanas" pero "también tenemos que saber si esto es materia que nos corresponda en aplicación del 155". En cualquier caso, añadió, "somos sensibles con el problema y pronto anunciaremos alguna decisión".

Sólo una sentencia del TSJC (de noviembre 2009) ha avalado el actual modelo de preinscripción, frente a cuatro que lo desautorizan. Incluso en una de las tres sentencias del Supremo de diciembre de 2010 —las que indican que debe darse al castellano el rango de lengua vehicular—, el alto tribunal señala que «el modelo actual de preinscripción debe preguntar por la lengua habitual a los padres o tutores de los niños preinscritos». La última sentencia del TS, de diciembre de 2013, avaló el derecho de una alumna a recibir toda su primera enseñanza en castellano (Educación Infantil). Debido al incumplimiento de la misma, la Generalitat tuvo que afrontar su primera y única condena: pagar 3.000 euros en concepto de los déficits que tuvo esta menor al negársele este derecho mientras estaba en Infantil.

La propia Ley de Política Lingüística de 1998, en la que se introducía la inmersión lingüística en la etapa infantil y el primer ciclo de primaria, establece en el artículo 21.2 que "los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique".

En la última década, sin embargo, los sucesivos gobiernos catalanes han evitado gran parte de esas petición por la vía de ocultar esa opción en los formularios de preinscripción, denuncian las organizaciones que defienden una mayor presencia del castellano en la escuela catalana como AMES o Convivencia Cívica Catalana. También el PP y C's han sido muy activos en la denuncia de esta situación.

Qué implica la casilla del castellano

En caso de aplicar las sentencias del TSJC, el Gobierno debería incluir una casilla para escoger el castellano como lengua vehicular preferente en la educación infantil, lo que implaría que esos niños se iniciaran en la lectoescritura en ese idioma y no exclusivamente en catalán. En el caso de los ciclos superiores -a partir del segundo ciclo de primaria- supondría la obligatoriedad para el colegio de ofrecer una asignatura con el castellano como lengua vehicular, además de la propia clase de castellano, para dar cumplimiento al requerimiento de "al menos" un 25% en esta lengua.

El Tribunal Supremo nunca ha avalado en sus sentencias la división del alumnado por lenguas, pero sí establece ese mínimo y advierte de que la "atención individualizada" para los niños que solicitan más castellano es discriminatoria. Por ello, los expertos advierten que, de llevarse a cabo el cumplimiento de estas sentencias la Generalitat debería prever con cada preinscripción una serie de colegios públicos que ofrecieran ese 25% en castellano en función de la demanda recibida cada año.

CCC lo ve como un brindis al sol

Para Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, la iniciativa insinuada por el Gobierno es poco más que "un brindis al sol" que "sólo servirá para marcar con una cruz a los padres que pidan la enseñanza en castellano". Caja, el más firme opositor a la inmersión lingüística en Cataluña, advierte de que hoy por hoy pedir la enseñanza en castellano en Cataluña es "una auténtica heroicidad" y recuerda el caso de la familia de Mataró que acabó cambiando a los niños de colegio tras encontrarse con una manifestación a las puertas del centro en su contra capitaneada por el alcalde de la ciudad.

"Lo único que conseguirán es que los padres se pongan una diana", lamenta. "Rajoy tiene que garantizar un régimen bilingüe general" añade el presidente de Convivencia Cívica, que recuerda que el Gobierno de José María Aznar perdió la oportunidad de llevar la Ley de Política Lingüística al Constitucional por los Pactos del Majestic "y nos ha obligado a un calvario de recursos individuales de padres" para defender la presencia del castellano en la escuela.