El fiscal de la T4: "El Estado nunca puede responder con el maltrato"

El 30 de diciembre de 2006 la banda terrorista ETA colocó una furgoneta cargada de 500 kilos de explosivos aproximadamente en el aparcamiento de la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Dos personas de nacionalidad ecuatoriana, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, perdieron la vida. Con ese atentado se rompió la tregua que los terroristas habían declarado el 22 de marzo de ese año. El 29 de diciembre, un día antes del trágico atentado, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hacía balance del año en el Palacio de la Moncloa para decir que el proceso de paz "daría sus frutos" y que "dentro de un año estaremos mejor que hoy".

El fiscal en excedencia, Ignacio Gordillo, ahora baluarte del bufete Ignacio Gordillo Abogados, fue quien solicitó prisión preventiva para los acusados en la Audiencia Nacional. En enero de 2008 fueron detenidos los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola como autores de la explosión en la T4. Diez años después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por haber maltratado a los miembros de la banda criminal tras aquellas detenciones por parte de la Guardia Civil.

Los etarras denunciaron que, en el transcurso de tiempo que pasó entre que fueron arrestados por la Guardia Civil y trasladados al cuartel de Intxaurrondo, los agentes los condujeron a una pista forestal donde le propinaron una dura paliza. Portu y Sarasola acabaron en el hospital aquel frío día de enero. El primero de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con diversas contusiones.

Estrasburgo les ha dado la razón y ha condenado a nuestro país a indemnizar a los terroristas con 50.000 euros al considerar probado que se produjo un delito de trato degradante; si bien es cierto que la sentencia no habla de torturas sino de malos tratos a los asesinos de la T4.

El Independiente conversa ahora, una década después de aquellas detenciones, con el fiscal que interrogó a Igor Portu y Mattin Sarasola tras ser detenidos. Posteriormente, fueron condenados por la Audiencia Nacional a 1.040 años de cárcel por tratar de volar el aeropuerto madrileño.

Pregunta.- Usted fue el fiscal que investigó en un primer momento el atentado de la T4 y que pidió prisión sin fianza para los etarras Portu y Sarasola tras ser detenidos por la Guardia Civil. ¿Qué le parece el reciente fallo del TEDH condenando a España por malos tratos a dichos miembros de ETA?

Respuesta.- Me parece muy preocupante. En la lucha contra cualquier delito, y muy especialmente en los delitos de terrorismo, todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado deben respetar el ordenamiento Jurídico y, en especial, la Constitución. El artículo 15 del texto constitucional prohíbe los tratos inhumanos y degradantes y, en el supuesto de que se pudiera probar, los guardias civiles responderían de dichos comportamientos, bien en la vía penal o en la disciplinaria.

Por muy peligrosos que sean los terroristas nunca la respuesta del Estado puede ser la tortura o el maltrato a los detenidos. Las garantías constitucionales en un Estado de Derecho nunca permiten ese tipo de conductas y menos si son miembros de las fuerzas de seguridad. La asistencia letrada desde el primer momento de la detención es una garantía de que se respeta la Constitución.

Pregunta.- ¿Qué respuesta cree usted que el Estado debería tener con esos miembros de la Guardia Civil que se sobrepasaron con Portu y Sarasola? La Audiencia de Guipúzcoa condenó a cuatro de ellos 11 años de prisión y el Tribunal Supremo posteriormente los absolvió…

Respuesta.- Si la Sala Segunda absolvió a los guardias civiles, esas personas siguen gozando de la presunción de inocencia aunque hubiera una Sentencia anterior condenatoria que fue casada por el Tribunal Supremo. No olvidemos que el TEDH no condena a los guardias civiles sino al Estado español por no haber dictado sentencia condenatoria valorando de forma diferente las pruebas existentes.

El fiscal Gordillo: "Las víctimas son, y siguen siendo, la asignatura pendiente para hacer Justicia"

Pregunta.- ¿Qué hubiera pasado si la Audiencia de Guipúzcoa hubiera condenado esas supuestas torturas antes de que la Audiencia Nacional hubiera juzgado el atentado de la T4 de Barajas? ¿Se habría puesto en peligro el procedimiento instruido por usted?

Respuesta.- Creo que no. En el procedimiento de los atentados contra la T4, con dos ciudadanos ecuatorianos asesinados y 48 tentativas de asesinatos, así como graves estragos, en todo momento se respetaron las garantías legales y procesales: se permitió todos los medios de prueba que fuesen idóneos y necesarios, hubo contradicción entre acusaciones y defensa, publicidad, oralidad, derecho a los recursos,… y, sobre todo se respetó el derecho a la presunción de inocencia de Portu y Sarasola hasta que hubo una sentencia condenatoria firme. El compromiso de la Audiencia Nacional con las garantías constitucionales fue total y completo desde el primer momento. Ese es el gran éxito en la lucha contra el terrorismo.

Pregunta.- Sin embargo, pese a la gravedad de esta condena, es cierto que los miembros de ETA a lo largo de los años han denunciado que sufrían torturas de forma sistemática siendo la mayor parte de las veces incierto…

Respuesta.- Sí, es cierto. Entre las estrategias de defensa de los miembros de ETA siempre ha estado el presentar denuncias por torturas falsas. Por eso, insisto, es decisivo probar que hubo en algún momento algún maltrato para conseguir alguna declaración de los detenidos. Los guardias civiles como todos los ciudadanos también gozan del derecho a la presunción de inocencia.

Pregunta.- Ahora usted es fiscal en excedencia y ejerce como letrado en varios de los grandes procesos que se instruyen en España. Sin embargo, ¿cómo vivió el fenómeno del terrorismo de ETA en su época en la Audiencia Nacional?

Respuesta.- Con enorme responsabilidad y con la ayuda de grandes compañeros jueces y fiscales comprometidos en la defensa del Estado de Derecho. Fueron unos años muy difíciles profesionalmente pero que tuvo su reconocimiento personal al dictarse sentencias condenatorias en atentados de gran envergadura y al preocuparnos principalmente por las víctimas que son, y siguen siendo, la asignatura pendiente para hacer Justicia. Todo ello sin olvidar la gran tarea realizada por la Policía y la Guardia Civil en momentos muy difíciles, así como la concienciación de los ciudadanos en la lucha contra el terrorismo como delitos que nos afectaban a todos los españoles. No se han juzgado ni condenado ideas sino hechos muy graves contra las personas.