Dos prejubilados que implicaron a Chaves en una ayuda de los ERE testificarán en el juicio

Dos prejubilados cordobeses que vincularon a Manuel Chaves con la concesión de una ayuda de los ERE testificarán en el juicio en el que el ex presidente de la Junta de Andalucía y otros 21 ex altos cargos se sientan en el banquillo de los acusados por su responsabilidad en el diseño, establecimiento o mantenimiento del sistema con el que, al margen supuestamente del procedimiento legalmente establecido, se repartieron durante una década al menos 741 millones de euros a trabajadores afectados por procesos de reestructuración y a empresas en crisis.

En el trámite de las cuestiones previas, la acusación popular que ejerce el PP solicitó las testificales de Juan Antonio P.O. y Rafael C. M., antiguos empleados de la planta industrial de Bilore en Lucena (Córdoba) y dos de los siete beneficiarios de la póliza de prejubilaciones que la Administración andaluza sufragó a esta empresa con un coste para el erario de 1,6 millones de euros. El tribunal aceptó que declaren estos ex trabajadores de Bilore, sin que se haya fijado fecha aún.

La tardía apertura de la pieza separada en la que se investigará esta ayuda individual por parte de la juez María Núñez Bolaños -las diligencias previas se incoaron el pasado 27 de noviembre, casi cuatro años después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportara el atestado monográfico al juzgado (3 de diciembre de 2013)- hará que con toda seguridad los testigos declaren en el juicio de la rama política del caso -el denominado procedimiento específico- antes que en la fase de instrucción de la pieza. De lo contrario se habría podido incorporar a la vista estos testimonios acerca de la participación que pudo tener Chaves en la concesión de la ayuda a los antiguos trabajadores de Bilore.

El 11 de febrero de 2004, el entonces presidente de la Junta de Andalucía acudió al Hospital de la Merced de Osuna (Sevilla) para clausurar el acto conmemorativo del X aniversario de la construcción de dicho centro sanitario, que había sido inaugurado por él mismo 11 años antes. Un grupo de empleados de la planta industrial que Bilore tenía en Lucena (Córdoba) acudió a la citada localidad sevillana para trata de hablar con Chaves y exponerle su situación laboral, después de que el Ministerio de Trabajo -dirigido entonces por el popular Eduardo Zaplana- hubiera aceptado la extinción de sus contratos. La empresa fue declarada en quiebra voluntaria el 29 de marzo de 2004.

Escrito que los ex trabajadores de Bilore entregaron al gabinete de Chaves.

Los empleados no pudieron hablar personalmente con Chaves aquella mañana, pero sí lograron entregarle una carta a un alto cargo de su máxima confianza -el director del Gabinete de Análisis y Relaciones Institucional de la Consejería de Presidencia, Juan Gallo- en la que pedían la intervención del jefe del Ejecutivo andaluz al verse sin trabajo y sin indemnización. "Sin perder la esperanza, le pedimos a nuestro presidente Manolo Chaves que no abandone a estos trabajadores lucentinos y andaluces ante todo (...). Porque creemos en Andalucía y en su Gobierno actual, le pedimos que interceda por nosotros y aprovechando la visita a nuestra ciudad el 14 de febrero, día de amor y cariño, nos traiga trabajo y dignidad", exponían.

La petición de estos parados se tramitó en tiempo récord. A las 13.08 horas del día siguiente, el director de Área de Planificación y Seguimiento de la Consejería de Presidencia enviaba por fax al jefe de gabinete de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico la carta que le habían intentado entregar en mano la jornada anterior a Chaves. El alto cargo escribía a su destinatario: "En fecha próxima se visitará la ciudad de Lucena, por lo que sería conveniente haber encauzado la problemática planteada para evitar encontrarnos ante la situación de ayer".

Fax enviado desde la Consejería de Presidencia a la de Empleo en relación a los trabajadores de Bilore.

Cuando los agentes de la UCO le tomaron declaración el 12 de julio de 2012, Juan Antonio P. O. -uno de los dos testigos propuestos ahora por la acusación popular del PP- confirmó que unos "30 o 35 trabajadores" de Bilore se presentaron en el acto político al que acudió Chaves en el Palacio de Erisana de Lucena -en vísperas de las elecciones andaluzas del 14 de marzo de 2004- "sin preparar ningún escándalo" y con la única intención de trasladarle la situación en la que se encontraban. "Estuvieron hablando con el Presidente, con el consejero Griñán [candidato del PSOE por Córdoba en aquellos comicios] y con el consejero Antonio Fernández", contó este empleado, vocal del comité de empresa. Y añadió: "El Presidente les dijo que se les iba a ayudar y que la cosa no iba a quedar así".

Que lograron hablar con Chaves y Griñán lo corroboró otro de los ex empleados interrogados por los investigadores policiales. Francisco L. M. fue aún más explícito respecto a la forma en que la Junta les ayudaría: "Estuvieron hablando con él, junto con José Antonio Griñán, actual Presidente de la Junta [cuando declaró el testigo], así que ellos le plantean que su intención es seguir trabajando, diciendo el señor Chaves que sí, que le ayudaría para reactivar la empresa y con prejubilaciones". Así puede leerse en el acta de aquella comparecencia, que tuvo lugar el 14 de junio de 2012 en dependencias de la Guardia Civil de Córdoba.

Declaración ante la Guardia Civil de uno de los ex trabajadores de Bilores sobre el encuentro con Chaves.

Otro de los ex empleados trasladó a la UCO su convencimiento de que Chaves se desplazó aquel día a Lucena "con la creencia" de que la plantilla de Bilore "pudiera reventar el acto político" en el que el entonces máximo dirigente del PSOE andaluz iba a participar. "Esta creencia se motiva por las actuaciones que los trabajadores habían efectuado en otros actos políticos realizados en Lucena por otros partidos políticos, como el PP, Izquierda Unida...", explicó.

Ayudas por 1,6 millones

Años después, la ayuda prometida por el presidente de la Junta de Andalucía aquel día en Lucena terminó articulándose mediante la concesión de ayudas para el pago de prejubilaciones a siete trabajadores. Las pólizas se formalizaron con las aseguradoras Apra Leven y Personal Life y conllevaron pagos para la Administración andaluza por importe de 1.603.557,37 euros, imputados a la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles. Se trata de una de las cerca de 300 ayudas que se investigan en el marco del caso ERE.

Extracto del atestado policial elaborado por la UCO sobre la ayuda a Bilore.

En su atestado, los agentes de la UCO no tienen dudas de que uno de los motivos por los que se concedieron las ayudas fue "la entrega de la carta" que los ex trabajadores de Bilore le hicieron llegar en Osuna al alto cargo de la Consejería de Presidencia y persona de la máxima confianza de Chaves en la que pedían la intercesión de éste ante el sombrío panorama laboral que atisbaban.

A juicio policial, cuando el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, recibió el citado fax desde Presidencia "asume la orden de hacer lo necesario para ayudar a los ex trabajadores y seguir realizando sus funciones para mantener la paz social, bien avalando un crédito con el que los ex trabajadores adquirirían las instalaciones de Bilore o mediante prejubilaciones cuando los ex trabajadores fueran alcanzando los 55 años".

La UCO no tiene dudas de que uno de los motivos de peso para que se concediera aquella ayuda fue la entrega de la carta al gabinete de Chaves

Cuando declaró ante la UCO, el remitente de aquel fax mantuvo que incluyó el párrafo en su escrito sobre la conveniencia de "encauzar la problemática" que le habían planteado a Chaves durante la visita a Osuna "sin haber recibido ninguna orden" porque "no tiene competencias" para darlas y que era "una coletilla que pone habitualmente". Los investigadores consideran que esta afirmación "no era cierta", tanto por el tono empleado en la redacción como por el hecho de que Guerrero había declarado tanto en sede policial como judicial que "solamente" recordaba una "directriz por escrito": la recibida desde la Consejería de Presidencia "en la que se ordenaba que se arreglara el conflicto de Bilore, ya que el Presidente de la Junta de Andalucía iba a visitar la localidad de Lucena".

Además de la tramitación y concesión de una ayuda excepcional "prescindiendo absolutamente del procedimiento establecido en el marco normativo", como puso de manifiesto la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en su informe, la Guardia Civil constató también la inexistencia de solicitud de ayuda por parte de Bilore y el pago de comisiones por encima de la media de mercado en 91.216 euros.