Ildefonso de Miguel, antiguo mano derecha de Ignacio González en el Canal de Isabel II y uno de los principales imputados en el caso Lezo, mantuvo una cuenta en el paraíso fiscal de Guernsey durante su etapa como primer ejecutivo de la compañía controlada por la Comunidad de Madrid (CAM). La repatriación de los fondos -presuntamente ilícitos, según sospechan los investigadores- no se produjo hasta año y medio después de su salida de esta empresa pública.

Según la documentación a la que ha tenido acceso El Independiente, De Miguel envió el 7 de febrero de 2011 un escrito a un directivo de la oficina del Credit Suisse en Guernsey -Tim Bichard, hoy director ejecutivo del banco Julius Baer & Co Ltd- en el que le ordenaba que le transfiriera "todos los fondos" desde su cuenta a otra del Falcon Private Bank Ltd en Zúrich a nombre de la sociedad Sparkling Water SA. "Y una vez que se haya realizado la transferencia, cierre mi cuenta", añadía.

El documento fue intervenido por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante el registro practicado el 19 de abril de 2017 en la sede de la empresa Saerco -constituida por Ildefonso de Miguel meses después de su salida del Canal de Isabel II- durante el desarrollo de la operación Lezo, cuya lista de detenidos engrosó. El ex gerente del Canal eludió la prisión preventiva tras depositar la fianza de 100.000 euros que había fijado el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Orden de Ildefonso de Miguel al Credit Suisse de Guernsey para clausurar su cuenta.

Junto al escrito, que consta en las actuaciones judiciales, la documentación intervenida por los investigadores policiales incluye diversos extractos sobre depósitos y movimientos de la citada cuenta del Credit Suisse entre el 6 de noviembre de 2006 y el 14 de diciembre de 2009. El saldo en este periodo osciló entre los 425.944,11 y los 460.606,41 euros.

En el escrito, De Miguel se presenta como el cliente 27.172 y los extractos hacen referencia al cliente 21.712, lo que podría obedecer a un error motivado por un baile de números.

Los investigadores creen que Ildefonso de Miguel pudo haber cobrado "algún tipo de comisión" por la construcción de los Teatros del Canal

Guernsey es uno de los 46 territorios de todo el mundo que tienen la consideración de paraíso fiscal para la Agencia Tributaria, si bien el Gobierno de España firmó en noviembre de 2015 con un representante de esta dependencia de la Corona Británica un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria. Sin posibilidad de invocar el secreto bancario, ese pacto le compromete a proporcionar toda la información de interés para la liquidación y recaudación de impuestos, el cobro y ejecución de reclamaciones tributarias o la investigación o enjuiciamiento de casos en materia tributaria.

En el auto por el que envió a prisión incondicional a Ignacio González, el juez Velasco detalló que Ildefonso de Miguel podría haber "cobrado algún tipo de comisión de los Teatros del Canal de Isabel II", según habrían conocido los investigadores tras escuchar conversaciones mantenidas por los hermanos Ignacio y Pablo González y grabadas por la UCO.

El anterior instructor de la causa también atribuye responsabilidad a De Miguel en que el contrato para la gestión y explotación del campo de golf construido en el distrito madrileño de Chamberí se terminara adjudicando al consorcio formado por Tecnoconcret (de la que el entorno familiar de Ignacio González sería accionista después), Soto Once e Iridium al ser él el firmante de los pliegos, que allanaban el camino a la "discrecionalidad" al valorarse criterios subjetivos. "Existen indicios de que existió un riesgo potencial de manipulación en la adjudicación del contrato analizado que pudo permitir a los investigados orientar el procedimiento a sus intereses particulares", observó Eloy Velasco en un auto.

El ex directivo ordenó al Credit Suisse de Guernsey que le cerrara la cuenta cuando le transfiriera el dinero a un banco en Zúrich

Las obras de construcción de los teatros del Canal comenzaron en 2002 bajo el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón, con un presupuesto de 49,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 23 meses. El coste de los trabajos terminó sobrepasando los 76 millones de euros y no concluyeron hasta septiembre de 2008, cuatro años después de lo previsto inicialmente.

Licenciado en Ciencias Físicas (especialidad Física teórica), Ildefonso de Miguel fue reclamado por Esperanza Aguirre en diciembre de 2003 para ocupar la dirección gerencia del Canal de Isabel II, responsabilidad que mantuvo hasta que en julio de 2009 presentó su dimisión y le sustituyó Adrián Martín de las Huertas (también imputado en el caso Lezo). Durante su etapa, el presidente del consejo de administración de esta empresa participada mayoritariamente por la Comunidad de Madrid fue Ignacio González, al que acompañaba cuando fue espiado durante su viaje a Cartagena de Indias (Colombia).

Del Canal a Intereconomía

De Miguel dimitió como gerente de la empresa madrileña de aguas en julio de 2009 tras una gestión que los propios empleados del Canal de Isabel II calificaron en aquellos momentos como "muy poco transparente". En septiembre de aquel año desembarcó en el grupo Intereconomía, donde ejerció como director general de innovación y desarrollo de nuevos servicios de la Televisión Digital Terrestre. La empresa de Julio Ariza le pagó a De Miguel 100.000 euros anuales contratándolo en régimen de “colaborador”, según consta en el sumario del caso Lezo.