El PSOE quiere multar a las empresas que carezcan de un registro salarial por sexos

El PSOE ha presentado este lunes una proposición de ley para garantizar la igualdad salarial de hombres y mujeres que competirá con la de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados. La iniciativa socialista se completará en las próximas semanas con otra proposición de ley mucho más amplia y ambiciosa en materia de igualdad laboral que va más allá de las retribuciones. Según ha explicado Carmen Calvo, secretaria de Igualdad del PSOE, esa división en dos pretende facilitar el consenso con los grupos políticos en el Congreso, incluido el PP, para que la discriminación salarial quede prohibida por ley lo antes posible.

Con ese objetivo, el PSOE propone que las empresas que tengan más de seis trabajadores y que cuenten con representación sindical estén obligadas a elaborar un registro salarial que revele sus valores medios, los complementos y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales. Esa información, incluidas dietas y remuneraciones de cualquier causa, como planes de pensiones, seguros de vida o primas, también se debe facilitar en el caso de los consejos de administración.

Los trabajadores tendrán derecho a acceder al registro salarial de su empresa, que servirá como prueba para una denuncia por discriminación salarial. Esta infracción se producirá cuando una empresa de al menos 25 trabajadores, el promedio de las retribuciones de un sexo sea superior a los del otro en un 25% o más.

En virtud de la nueva ley, esa discriminación puede ser sancionada según las infracciones cometidas. Serán muy graves la falta de elaboración de un plan de igualdad, incluida la auditoría salarial, o hacerlo con incumpliento manifiesto de los términos previstos. También serán sancionables el incumplimiento del deber de información a los trabajadores del registro salarial de la empresa y el incumplimiento de las obligaciones en materia de planes de igualdad y auditorías salariales que se establecerán en el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos.

La multa para las infacciones muy graves se establecen en una horquilla del 0,71% al 0,90% de la masa salarial de la empresa en su grado máximo; y de entre el 1,11% al 1,30% en su grado máximo. Las graves tendrán sanciones que oscilarán entre el pago del 0,11% al 0,70% de la masa salarial de la empresa, según tres grados establecidos. Algunas multas se podrán sustituir por la elaboración y aplicación de un plan de igualdad y una auditoría salarial en la empresa.

Para la vigilancia del cumplimiento de estos preceptos, el PSOE propone la creación de una Oficina Nacional de Lucha contra la Discriminación por razón de sexo en el empleo y la ocupación dentro de la Inspección de Trabajo.

La proposición socialista también incluye un apartado para establecer permisos, reducciones de jornada y excedencias laborales para las mujeres funcionarias que sufran violencia de género, con el objetivo de "hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral".