La ausencia de cinco diputados del PSOE tumba una votación sobre la ley de renta mínima de los sindicatos

La ausencia de cinco diputados socialistas, entre ellos el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, de viaje en una interparlamentaria en Nueva York, y el error en el sentido del voto de un sexto, José Enrique Serrano, ha tumbado la votación para llevar ya al pleno del Congreso de los Diputados la proposición de ley sobre renta mínima vital que se tramita en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, que fue presentada por los sindicatos como iniciativa legislativa popular con un apoyo de 700.000 firmas. Su objetivo es crear un nuevo subsidio, una especie de renta mínima para las familias sin ingresos ni derecho a otras ayudas como el paro.

El PSOE había solicitado la avocación al pleno de esta ley para saltarse así la mayoría conservadora que rige en la Comisión de Empleo, que cuenta con la representación de Foro de Asturias y PdeCat por el Grupo Mixto. Los socialistas pretendían que la votación se produjera en el pleno para saltarse la alianza conservadora en la Comisión y alcanzar  "nuevas mayorías" parlamentarias que permitieran aprobar las enmiendas de Unidos Podemos y el PSOE.

Las ausencias de los diputados socialistas, el error de Serrano y el voto en contra de PP, Ciudadanos y PNV han provocado que la avocación quedara rechazada por sólo un voto en contra. Desde el PSOE se responsabiliza a la "deslealtad" del partido de Albert Rivera y del grupo nacionalista vasco, ya que no advirtieron de su voto en contra durante la junta de portavoces del martes, como sí hizo el PP.

La presencia de todos los diputados habría dado luz verde al trámite por tres votos

No obstante, la ausencia de otros siete diputados de otros grupos muestran que la propuesta habría salido adelante si el PSOE hubiese votado en bloque a favor de la misma. La avocación ha sido rechazada por 170 votos frente a los 168 que pulsaron el botón de sí. Además de las cinco ausencias del PSOE y el error del diputado Serrano también faltaron cinco diputados del PP, entre ellos Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, y dos del Grupo Mixto (Jordi Xuclá de PDeCat e Ignasi Candela, de Compromís) a la votación. Si todos hubieran estado presentes, el trámite se habría sido aprobado por tres votos.

Los diputados socialistas ausentes son Micaela Navarro y José Luis Ábalos, que se encuentran de viaje; Pilar Lucio, ausente por el fallecimiento de su padre, Isabel Rodríguez y José Ignacio Sánchez Amor, representante especial de Asuntos de Frontera de OSCE PA que participaba en una reunión de este organismo internacional.

Los sindicatos CCOO y UGT lograron en febrero del año pasado algo que parecía impensable: que el Congreso de los Diputados tramite la proposición de Ley para aplicar su renta mínima de 426 euros para familias con rentas bajas.

La posibilidad de que su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) tuviera cabida en el debate legislativo parlamentario era casi una quimera cuando con la mayoría del Gobierno del PP hasta 2016. La nueva composición parlamentaria sin bloques mayoritarios había permitido permitido que, con todas las fuerzas políticas a favor, salvo los populares y Ciudadanos, se abriera la puerta a la tramitación de la proposición de Ley.

El rechazo ahora por parte del PNV hace pensar al resto de grupos parlamentarios que puede tener un principio de acuerdo con el Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Todos los grupos parlamentarios mostraron en febrero de 2017 su apoyo a la toma en consideración de la proposición de ley para establecer una prestación de ingresos mínimos de 426 euros a las familias sin recursos, salvo el PP y Ciudadanos por considerar “inasumible” la cuantía de la renta.

Entonces, el PP apeló al “voto responsable” para rechazar la toma en consideración de la iniciativa porque “no se puede votar el inicio de un proceso que se sabe desde un principio que no es viable”, ya que algunos expertos calculan que el número de posibles beneficiarios podría oscilar entre los 8 y los 10 millones de personas y que el coste podría situarse entre los 12.000 y los 50.000 millones de euros.

En una línea similar se pronunció Ciudadanos, que criticó al PSOE por “podemizar” sus políticas, con una iniciativa que “no se puede cumplir” puesto que su dotación presupuestaria alcanza los 12.000 millones de euros.