Magdalena Álvarez dice que desconocía el sistema de los ERE y que el interventor no le alertó

La ex consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía Magdalena Álvarez, acusada de prevaricación en la pieza política del caso ERE, ha defendido este lunes que "es un error" considerar que en la Consejería de Hacienda lo controlan "todo" y ha defendido que la ejecución de los presupuestos de la Junta no era su competencia. La ex ministra de Rodríguez Zapatero se ha negado a ratificar sus declaraciones ante la juez durante la fase de instrucción al considerar que no recogen "en su integridad" sus manifestaciones.

Álvarez, que fue consejera entre 1994 y 2004 y afronta una pena de diez años de inhabilitación, ha respondido durante algo más de dos horas a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y de su abogado pertrechada de una carpeta llena de documentación subrayada y con continuas aclaraciones a la formulación que hacía el Ministerio Público, lo que ha provocado que el juez la interrumpiera varias veces para decirle que puede contestar o no pero que el fiscal podía preguntarle aspectos que no fueran de su competencia.

La ex consejera, que no ha ratificado las declaraciones que hizo en 2013 ante la instructora Mercedes Alaya porque "no recogen en su integridad" sus manifestaciones, ha insistido en que su competencia sobre el presupuesto andaluz acababa en la "fase prelegislativa" y ha rechazado toda responsabilidad en cómo se ejecutaba cada programa presupuestario.

La ex consejera de Hacienda no se ratifica en sus declaraciones durante la instrucción al no recogerse sus manifestaciones "en su integridad"

Por ello, ha justificado no tener conocimiento del convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y la agencia pública IFA a partir del cual las ayudas de los ERE comenzó a pagarlas este ente instrumental con transferencias de financiación que le hacía llegar Empleo, si bien ha dicho que "nunca" recibió ningún informe de la Intervención con "reparos" a esas transferencias ni a las modificaciones presupuestarias que se realizaban para aumentar los fondos transferidos al IFA.

A preguntas del fiscal ha dicho que, en su opinión, en la concesión de toda ayuda o subvención "tenía que haber un procedimiento y fiscalización previa" y así se recogía en las leyes de presupuestos elaboradas durante sus diez años en la Junta, si bien ha subrayado que "si lo hubo o lo dejó de haber" no lo pudo saber.

Álvarez, que fue ministra de Fomento en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), ha insistido en que el control corresponde a la Intervención, que sólo dependía de Hacienda orgánicamente pero con la que nunca despachó.

Magdalena Álvarez es el cuarto procesado que ha prestado declaración ante el tribunal que enjuicia la pieza en la que se dilucida la responsabilidad de los altos cargos de la Junta de Andalucía en la ideación, diseño, puesta en marcha y mantenimiento del sitema por el que la Administración autonómica repartió de forma presuntamente arbitraria al menos 741 millones de euros en ayudas a prejubilaciones y empresas en crisis. En su escrito provisional de conclusiones, la Fiscalía Anticorrupción pide para ella una pena de 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

Consejera de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004, el juez que instruyó esta pieza del caso ERE responsabilizó a Álvarez de ser quien "instauró" el procedimiento pese a conocer los mecanismos utilizados para la distribución de los fondos públicos-las transferencias de financiación y las modificaciones presupuestarias- como "la falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías para el reparto de ayudas y subvenciones".

Conocimiento del procedimiento irregular

También le reprochó que hubiera aprobado todos los proyectos de presupuestos de la Comunidad andaluza entre 2002 y 2004 "pese a que contenían de manera inadecuada las transferencias de financiación" que hacía llegar la Consejería de Empleo -el organismo que concedía las ayudas- al ente que actuaba como 'caja pagadora' de las mismas: el extinto Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) o su sucesora la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). "En todos los casos la actuación se llevó a cabo con conocimiento de que el procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones era irregular", mantuvo el juez Álvaro Martín.

"La Sra. Álvarez asumió la eventualidad de que los fondos vinculados a este procedimiento fuesen objeto de disposición discrecional, si no arbitraria, e, incluso, con fines ajenos a los intereses generales a los que estaban destinados, eludiendo la fiscalización previa de la Intervención General de la Junta de Andalucía, omitiendo el régimen aplicable en relación a la autoridad competente para la concesión de la subvención, con ausencia de bases reguladoras de la subvención, así
como de convocatoria pública para su conocimiento por todo interesado en acceder a ella, con falta de control del cumplimiento, por parte del perceptor de la subvención, de los presupuestos o condiciones para disfrutar de la ayuda y con ausencia de un control posterior del destino dado a la subvención", razonó en el auto en el que dio por terminada la instrucción.