Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han tomado en las últimas semanas declaración a seis testigos, todos ellos empleados del grupo Villar Mir, por la adjudicación a la constructora OHL de las obras del tren de Navalcarnero (Madrid), por la que se habría pagado presuntamente una ‘mordida’ de 1,4 millones de euros al expresidente madrileño Ignacio González.
En concreto, según la documentación que obra en poder de El Independiente, la Guardia Civil citó a todos ellos los pasados meses de enero y diciembre para interpelarles por las transferencias que en el año 2007 giraron las filiales mejicanas CPVM y OHL Sucursal por valor de 2,5 millones de dólares a una cuenta del banco suizo Anglo Irish Bank titulada por la mercantil panameña Lauryn Group Inc.
Según las pesquisas, dicha cuenta era en realidad del empresario Adrián de la Joya, quien aseguró en sede judicial que dichos pagos no obedecían a ningún servicio “sino que en realidad Javier López Madrid le había pedido que transfiriese parte de ellos a Ildefonso de Miguel”, entonces gerente del Canal de Isabel II. De la Joya se negó a cursar los pagos a De Miguel. Sin embargo, estos movimientos bancarios han sido vinculados con una presunta comisión por la adjudicación del contrato de “construcción y explotación para la nueva línea de transporte ferroviario entre Móstoles Central y Navalcarnero” a la compañía OHL. Todos estos hechos están siendo investigados en la pieza separada número 3 del caso Lezo.
Junto a la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II, esta es la otra pieza de esta macrocausa cuya investigación se encuentra más avanzada.
En relación a estos hechos, la UCO interrogó a Ignacio Martínez Esteban, quien en el año 2007 ostentaba el cargo de director de control de construcción internacional de OHL; a Olga García Torres, empleada del departamento de comunicación de OHL; María Pilar Martin; secretaria de la citada constructora; Óscar Fernández Fernández, ingeniero de la empresa del grupo Villar Mir, Espacio Información Tecnology (EIT); Carmelo José Fernández, director de Recursos Humanos de OHL; y, Adolfo Soto, directivo de OHL en México. Excepto este último testigo, que explicó que de manera inusual recibió “órdenes de realizar esos pagos directamente desde Madrid”, el resto de empleados no relataron ninguna irregularidad ante los agentes.
Por esta pieza de Lezo ya declaró en la Audiencia Nacional el propio Juan Miguel Villar Mir el pasado mes de septiembre, cuando negó saber nada de un supuesto pago de 1,4 millones de euros al ex presidente González por interceder para la adjudicación a su empresa de la construcción del citado tramo del tren.
No obstante, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha llamado a citarlo como investigado el próximo 21 de marzo, día en el que también declarará yerno Javier López Madrid, también imputado este procedimiento.
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