El Estado ha tenido que destinar 120.949 euros al arreglo de los desperfectos causados por los inmigrantes sin papeles recluidos el pasado mes de noviembre en el centro penitenciario de Archidona (Málaga) antes de su inauguración, debido a la saturación que registraban los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), mientras se tramitaban los expedientes de devolución a sus países de origen.
Así lo ha detallado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a este periódico a través del Portal de la Transparencia con los datos facilitados por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios SME SA (SIEP), el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública encargado de la construcción de las cárceles.
El complejo malagueño llegó a acoger a 572 inmigrantes, mayoritariamente de nacionalidad argelina, que habían llegado en pateras a las costas de la Región de Murcia. En concreto, la estancia se prolongó desde el 20 de noviembre hasta el pasado 10 de enero, cuando salieron los últimos grupos.
El ingreso en este CIE provisional provocó una gran polémica, tanto por el hecho de que la ley española impide el internamiento de los extranjeros en establecimientos penitenciarios durante la tramitación de su expulsión como por el suicidio de un interno. Se trata de Mohamed Bouderbala, un argelino de 36 años que fue hallado sin vida por la Policía Nacional a las 9.35 horas del pasado 29 de diciembre en la habitación 41 de la segunda planta del módulo 3. Cuando murió, ya se le había notificado el expediente de devolución pero no había fecha concreta para el traslado a su país de origen, según la Dirección General de la Policía.
Dos semanas antes, concretamente el 13 de diciembre, los internos protagonizaron un motín tras producirse las primeras expulsiones (los días 11 y 12 salieron dos grupos formados por 30 integrantes cada uno con destino a Argelia). Conscientes de que iban a ser devueltos a su país y ver así frustradas sus expectativas de alcanzar el sueño europeo después de haber pagado a las mafias que operan en el Mediterráneo importantes cantidades de dinero para embarcarse en una patera, los inmigrantes exteriorizaron su malestar con el destrozo de las instalaciones. Ello obligó a intervenir a los Antidisturbios de la Policía Nacional.
El Estado ha tenido que sustituir cristales, ropa de cama, equipamiento del gimnasio, un televisor, espejos y hasta una portería de fútbol sala
De acuerdo con los datos proporcionados por Instituciones Penitenciarias, la partida más costosa ha sido la relativa a los trabajos de carpintería metálica, incluyendo la retirada y sustitución de los vidrios rotos y los trabajos de limpieza y repintado. En concreto, ello ha requerido un desembolso de 66.000 euros, el 45,5 % del total.
La actuación ha incluido la reposición de almohadas, colchones, ropa de cama, toallas, colchas, cortinas y rieles, portarrollos, escobilleros, bancos de madera de vestuario, espaldera de gimnasio, portería de fútbol sala, espejos, percheros, tablones de anuncios, sillas de plástico, taburetes de madera, bancadas, cabeceros de literas, papeleras, tableros de corcho, un televisor y su mueble soporte, con un coste de 29.989 euros.
SIEP, igualmente, ha tenido que repasar la pintura en radiadores, pilares, paramentos verticales y horizontales dañados, estanterías, zócalos y escaleras. Ello ha supuesto un gasto para el erario de 24.960 euros, lo que totaliza 120.949 euros.
La estancia y repatriación de los inmigrantes internados en las instalaciones malagueñas ha tenido un coste superior a 1,95 millones
La estancia de estos inmigrantes en Archidona ha supuesto un coste superior a 1,95 millones de euros, según los datos facilitados por la Dirección General de la Policía. De los dos expedientes económicos tramitados, el de mayor cuantía es el relativo a los gastos de alimentación, limpieza, asistencia médica e intérpretes, lo que ha requerido un desembolso de 1,45 millones. La cantidad restante corresponde al importe de las repatriaciones.
Estas actuaciones se han venido acometiendo en vísperas de la inauguración de las instalaciones malagueñas, acto que tuvo lugar el pasado lunes con la presencia del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, entre otras autoridades. Los primeros presos no llegarán hasta la próxima semana.
Inicialmente, Interior preveía que el centro penitenciario de Archidona abriera sus puertas en el primer semestre de 2017. En julio, en respuesta a una pregunta escrita del grupo del PSOE en el Congreso, el Ejecutivo retrasó al último trimestre del año el inicio de la actividad, si bien ello estaba condicionado a que se garantizara el suministro y abastecimiento de agua. La inversión supera los 100 millones de euros.
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