La Fiscalía Anticorrupción sigue el rastro de los 5,4 millones de dólares de dinero público desviado presuntamente al Caribe desde el Canal de Isabel II a los bolsillos de los cabecillas de la trama Lezo.
En un informe remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso El Independiente, la fiscal Ana Cuenca solicita que se libre una Comisión Rogatoria a República Dominicana con el objetivo de recabar información sobre las comisiones cobradas por el ex presidente madrileño Ignacio González; su presunto testaferro, el ex delegado del Gobierno en Ceuta en la época de José María Aznar, Luis Vicente Moro; el ex presidente de Inassa, Edmundo Rodríguez; el ex director general de la Triple A, filial de Inassa, Ramón Navarro Pereira; y, el director de Negocios y Expansión de Inassa, Diego García Arias.
Anticorrupción entiende que es necesario solicitar auxilio judicial al país caribeño para poder recabar documentación de cómo se hizo el reparto de dichas comisiones ilegales que fue relatado por los colombianos Ramón Navarro y Diego García los pasados 1 y 2 de noviembre ante la Fiscalía colombiana.
Los investigadores sospechan que tras la adquisición en el año 2013 del 75% de las participaciones de la sociedad brasileña Emissao por parte de las sociedades públicas Canal Extensia e Inassa, ambas filiales de Canal Isabel II, se ejecutó un plan cuya la finalidad era “desviar fondos públicos con origen en Canal de Isabel II e Inassa, con destino a intereses particulares”.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) cifró en “al menos” 5,4 millones de dólares el dinero presuntamente evadido de los que existen indicios que, “como mínimo”, 1,8 millones fueron destinados, a través de cuentas bancarias controladas por Edmundo Rodríguez, al expresidente González mientras 900.000 dólares fueron para Luis Vicente Moro “mediante la actuación realizada por los investigados Diego García Arias y Ramón Navarro Pereira”.
González y Moro, beneficiarios
En este punto de la investigación del caso Lezo, la Fiscalía sospecha de la “existencia de ilícitas comisiones derivadas de esta operación de las que, entre otros, resultaron beneficiados Luis Vicente Moro e Ignacio González”.
El ‘modus operandi’ fue el siguiente: González se sirvió principalmente del también investigado Edmundo Rodríguez para cobrar parte de sus comisiones, recibiendo este de uno de los socios minoritarios de Emissao, el también investigado Sebastián Cristovam, 2,3 millones de dólares a través de las sociedades Amalfi y Rafaello. Dichas sociedades fueron constituidas por encargo de Rodríguez Sobrino al bufete panameño De Obaldía & Caroia de Paredes, de los cuales 1,8 millones se destinaron al ex presidente de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, Luis Vicente Moro habría cobrado una comisión de 900.000 dólares, de los cuales 400.000 le fueron entregados por Diego García Arias en efectivo en la República Dominicana, procediendo aquel a ingresarlos en una cuenta que abrió en el banco de este país -Banco Hipotecario Dominicano, BHD- mientras los otros 500.000 los recibió a través de Ramón Navarro Pereira.
En estos momentos, el juez Manuel García Castellón mantiene bajo secreto de sumario la pieza de las comisiones rolgatorias cursadas en Lezo.
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