La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha resuelto que el magistrado competente para instruir el chivatazo que recibió el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González de una "magistrada amiga de la casa" es el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de Madrid, el juez Ramiro García de Dios, según informan fuentes jurídicas a El Independiente. El Alto Tribunal acaba así con una batalla jurídica abierta en los últimos meses entre la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado Manuel García Castellón y el juez de Plaza de Castilla, García de Dios.
Esta decisión supone en la práctica que el citado instructor, que decidió el pasado mes de enero archivar la causa -al no haber podido averiguar la identidad de la “magistrada amiga de la casa”-, podrá mantener el sobreseimiento provisional de las actuaciones.
El Supremo acaba así con la batalla judicial librada en los últimos meses entre la Fiscalía, la Audiencia y el juez de Plaza de Castilla
El Supremo resuelve así la cuestión de competencia que planteó el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, quien reclamó las citadas diligencias al considerar que debía ser él quien investigara los hechos ya que es el instructor del caso Lezo y los mismos afectaban de lleno al principal imputado en la causa, Ignacio González.
Sin embargo, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha fallado que la competencia no es de la Audiencia Nacional al no estar la revelación de secretos dentro de los delitos que el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) atribuye para investigar a dicho tribunal especial.
El Supremo rechaza así la idea que defendió la Fiscalía Anticorrupción, que sostuvo que la competencia correspondía a García Castellón, al enmarcarse el presunto soplo en una práctica mafiosa propia de una “organización criminal” que lideraría el ex presidente madrileño. Dicho argumento fue asumido por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia en su exposición razonada al considerar que “estos hechos refuerzan claramente los indicios de la existencia de una organización criminal de la que forman parte los principales investigados”.
Según reflejan los pinchazos telefónicos de la operación Lezo, una juez “amiga de la casa” alertó al consejero delegado de La Razón y ex presidente de Inassa, filial en América Latina del Canal Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino de que tenía el teléfono pinchado.
Tras recibir el soplo, Gozález tomó medidas de precaución y los investigadores se vieron obligados a colocar un micrófono en su despacho
Esta circunstancia hizo que Ignacio González tomase medidas de precaución y evitase hablar de temas delicados por teléfono. Entonces, el juez de la Audiencia que investigaba en secreto al líder de Lezo se vio obligado a colocar micrófonos en su despacho para poder interceptar las conversaciones del que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre.
El juez Ramiro García de Dios archivó el pasado 30 de enero la causa tras practicar distintas diligencias –como un careo entre Ignacio González y Mauricio Casals- y entender que no "existen motivos suficientes para atribuir" la comisión de un delito de revelación de secretos a "persona alguna determinada". Ahora, tras conocer el fallo del Supremo el caso quedará archivado.
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