El líder de ANC, Jordi Sánchez, esperará a ser oficialmente designado como candidato a la presidencia de la Generalitat para pedir al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena su puesta en libertad para poder ejercer tal cargo en sustitución del fugado Carles Puigdemont.
Según informan fuentes de su defensa a El Independiente, el preso preventivo esperará a ese momento para presentar un escrito a Llarena donde reclamará no sólo poder acudir a la sesión de investidura del Parlament sino que solicitará nuevamente su libertad para poder ejercer "sus derechos políticos".
Sin embargo, aunque la pelota quedará entonces en el tejado del juez del Supremo, se da la circunstancia de que Llarena ya impidió a Sánchez hacer campaña para las pasadas elecciones del 21-D y tampoco le permitió acudir a la sesión constitutiva del Parlament ante el riesgo de que su salida de prisión causara "tumultos violentos".
Fuentes del Supremo consultadas por este medio ven "muy poco probable" que ahora el instructor Pablo Llarena permita al presidente de ANC salir de la cárcel de Soto del Real (Madrid) para ejercer como presidente del Gobierno catalán.
Ejercer sus derechos políticos
Ante este escenario la defensa del preso también baraja un plan B. En el caso de que el Tribunal Supremo impida a Sánchez ser investido president y ejercer sus derechos políticos, su letrado Jordi Pina pedirá al Tribunal Constitucional que resuelva cuanto antes el recurso de amparo que admitió a trámite el pasado mes de febrero.
Desde el entorno del líder independentista tienen claro que la Justicia tiene que dar una respuesta fundamentada si quiere impedir, nada más y nada menos, que un cargo legítimamente elegido en las urnas no pueda ejercer su derecho como
En un auto hecho público el pasado día 6, Llarena apreció un riesgo elevado de reiteración delictiva si Jordi Sánchez era excarcelado ya que “no sólo no ha renunciado a la actividad pública que –desde diversos frentes- ha servido de instrumento para la ejecución de los hechos, sino que ha revalidado su compromiso en una candidatura cuyo líder proclama el objetivo de restablecer la dinámica política que condujo a las actuaciones de las que nacen las responsabilidades que este proceso penal contempla y que desembocó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución Europea”.
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