El juzgado que investiga el caso ERE ha citado como imputados a seis personas que hasta ahora no figuraban en ninguna pieza por su relación con una ayuda otorgada por la Junta de Andalucía con cargo al fondo de reptiles en la que se coló un "intruso". La cifra de investigados que acumula esta macrocausa, que se instruye desde hace más de siete años, se aproxima ya a los 300.

En un auto fechado el pasado 20 de febrero, al que ha tenido acceso El Independiente, la magistrada María Núñez Bolaños impulsa la instrucción de la pieza separada relativa al pago de las indemnizaciones por despido de 27 trabajadores de la empresa Tecnología Andaluza de Mecanizados y Componentes SLL (TAMC) tras su adquisición por el grupo industrial Mac Puar -con un coste para la Administración andaluza de más de 4,29 millones de euros- llamando a declarar como imputados a once personas, de los que cinco ya estaban siendo investigados en otras ramas del caso.

Entre los nuevos investigados del caso figura Gonzalo de Madariaga, presidente de Mac Puar cuando se tramitó y concedió la ayuda ahora bajo sospecha. También han sido llamados al procedimiento dos antiguos consejeros delegados solidarios (Romualdo de Madariaga e Isabel Ríos); el ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas; dos dirigentes sindicales Ramón Díaz Alcaraz (UGT) y Enrique Jiménez (CCOO); dos enlaces sindicales (Manuel Martín Ojeda y Antonio González Barrero) y un antiguo trabajador que ya tenía reconocida la incapacidad permanente total un año antes de que se presentara el Expediente de Regulación de Empleo (ERE): Jorge Germán Mogollón. Todos los imputados tendrán que comparecer ante la juez el próximo 11 de mayo.

Entre los nuevos investigados se encuentra el conocido empresario andaluz Gonzalo Madariaga, hoy al frente del grupo Ditecsa

Siguiendo la doctrina de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que ha establecido que los procesados en relación con el procedimiento con el que se repartieron las ayudas durante una década no puede ser acusados en otras piezas, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla no ha atendido la petición del fiscal y no imputa a varios ex altos cargos que se sientan ahora en el banquillo de los acusados en la pieza política. Es el caso de los ex consejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; el ex viceconsejero Agustín Barberá y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez.

La ayuda concedida por la Junta de Andalucía a TAMC se remonta a 2002, después de que esta empresa fuera adquirida por Mac Puar al atravesar una delicada situación económica. Según detalla la Guardia Civil en el voluminoso atestado aportado al juzgado, fue la propia Administración andaluza la que planteó a Mac Puar la compra de la compañía por la «amistad» que unía a Gonzalo de Madariaga «con determinados altos cargos» de la Administración autonómica.

En concreto, la "amistad" aludida por los investigadores era con el consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico cuando se cerró la operación y se tramitó la ayuda: José Antonio Viera, máximo responsable de dicho departamento entre 2000 y 2004. Éste y De Madariaga comparten una misma afición: la caza mayor.

"Decisiones estratégicas"

Cuando prestó declaración como investigado en sede policial el 17 de febrero de 2016, Gonzalo de Madariaga -hoy presidente de Ditecsa tras abandonar el grupo industrial familiar- reconoció que conocía a Viera desde 1993, si bien se sacudió su responsabilidad en los hechos que se investigan señalando a los consejeros delegados solidarios Romualdo de Madariaga e Isabel Ríos como "los encargados del ERE» y asegurando que su participación se limitaba a «las decisiones estratégicas».

En su declaración como testigo ante la Guardia Civil el 24 de noviembre de 2015, Ríos reconoció que una de las condiciones impuestas por Mac Puar para adquirir TAMC fue "la financiación de las prejubilaciones" por parte de la Administración autonómica, por lo que deduce que «tuvo que existir la participación de alguna persona de la Junta» pero sin saber quién pudo ser. Con todo, la directiva dijo que "era pública y notoria la amistad" que tenían Viera y Gonzalo de Madariaga. Era "algo conocido en toda Sevilla", remarcó.

De esa amistad también dio fe ante los investigadores Romualdo de Madariaga, antiguo responsable del área financiera y hermano de Gonzalo. Cuando declaró como testigo, Romualdo dejó claro que la adquisición de TAMC fue «una decisión tomada unilateralmente por su hermano Gonzalo (como presidente del grupo), siendo desaconsejada por su padre Valentín (persona que poseía una amplia trayectoria dentro del mundo empresarial)».

Pensionista desde un año antes

La investigación de esta ayuda también llevó a los agentes de la Guardia Civil a descubrir que entre los beneficiarios del seguro colectivo de rentas financiados por la Junta de Andalucía a los antiguos trabajadores de TAMC hasta que alcanzaran la edad de jubilación se incluyó una persona de forma indebida. Se trata de Jorge Germán Mogollón, que ya era pensionista cuando se tramitó el ERE: éste se solicitó el 15 de abril de 2004 y al antiguo empleado se le había reconocido la incapacidad permanente total el 3 de abril de 2003.

La Guardia Civil deduce que Gonzalo de Madariaga "podría haber tenido conocimiento de la inclusión del sr. Mogollón» entre los beneficiarios del ERE para "ahorrarse el importe total de las participaciones sociales que dicha persona poseía de la sociedad TAMC». A preguntas de los investigadores, el empresario aseguró desconocer la inclusión del citado trabajador en el ERE.