La prolongación del 155 levanta en rebeldía a los altos funcionarios independentistas

Se acabó la aparente "luna de miel" o, al  menos, el pacto tácito de no agresión que el Ejecutivo central firmó con aquellos altos cargos de la Generalitat que decidieron seguir en sus puestos tras la aplicación del 155. Si hasta la actuación de la mano derecha de Carles Puigdemont, Elsa Artadi, fue considerada "correcta" y "eficaz" como directora general de Coordinación Interdepartamental del gobierno autonómico, que dejó cuando tomó posesión de su escaño, parece que ahora el clima se está deteriorando a pasos agigantados.

Fuentes gubernamentales lamentan en declaraciones a El Independiente que si bien hasta la celebración de las elecciones "la cosa estaba más o menos tranquila porque esos altos funcionarios andaban a la expectativa de lo que pudiera pasar el 21 de diciembre", la prolongación del 155 como efecto de la incapacidad del independentismo para formar gobierno está cambiando esa aparente cohabitación en un escenario mucho más difícil de administrar.

El Gobierno admite que intenta dar "una imagen de normalidad que no existe"

El Gobierno está "detectando problemas en general" y acusa a esos funcionarios, muy identificados con la anterior administración de Carles Puigdemont y de Oriol Junqueras, de "buscar la forma de hacer daño", de "poner pegas" y, cuando no, de  "boicots internos" y "escaramuzas de todo tipo".

De hecho, admiten que están intentando dar desde Madrid "una imagen de normalidad que no existe" y algunos de los allí desplazados comienzan a ofrecer signos claros de desgaste, como es el caso de Juan Antonio Puigserver, secretario general técnico del Ministerio del Interior que asumió las competencias del Departamento de Interior de la Generalitat. Puigserver ha confesado su hartazgo en conversaciones privadas, las dificultades con que se encuentra, a pesar de que el relevo de Josep Lluís Trapero al frente de los Mossos por el que era su número dos, Ferrán López, parecía haber tranquilizado las aguas internas en la policía autonómica.

Vuelven los lazos y las velas a las sedes oficiales en apoyo a los "presos políticos"

Los funcionarios independentistas "saludaron" la intervención de la Generalitat con la creación de una web, ServidorsCAT, desde la que se pretendían erigir en punta de lanza contra la Administración central. También muchos de ellos se dedicaron a inundar con lazos amarillos y velas las sedes oficiales, a favor de la liberación de los "presos políticos", pero aquello fue languideciendo hasta el punto de que el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, afirmaba a finales de diciembre que no se había incoado "ni un solo expediente" disciplinario contra ningún funcionario catalán.

Pero en las últimas semanas han vuelto los lazos, las velas, las protestas y se ha reactivado la web de los "servidores públicos de Cataluña", cuyos representantes presentaron el pasado 15 de febrero al presidente del Parlament, Roger Torrent, un informe con lo que ellos llaman "inventario de daños" o, lo que es lo mismo, "las consecuencias negativas que derivan de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española". El objeto del inventario, prosiguen en su página web, "es servir de instrumento de denuncia, de herramienta al servicio de la información y la memoria colectiva y también convertirse en un mecanismo útil para el próximo Gobierno legítimo de Cataluña".

Una web de funcionarios se dedica a reseñar el "inventario de daños" del 155

¿Y cuáles son esos daños a decir de este colectivo? Pues los "que han afectado directamente a personas concretas; los perjuicios para las instituciones, los organismos y los órganos públicos objeto de supresión, disolución o intervención; y demás daños causados ​​en términos de pérdida o paralización de iniciativas, de inversiones, de subvenciones o de otras actuaciones propias de las políticas públicas". 

Hablan de los políticos "en el exilio", de los que fueron o siguen encarcelados y de aquellos detenidos en el transcurso de distintas operaciones; de 254 cargos supuestamente cesados; de la supresión de 24 organismos, entre ellos las famosas "embajadas" además de otros 16 intervenidos; de 108 iniciativas normativas decaídas; de 21 líneas de subvenciones paradas o de los 12 altos cargos designados por el gobierno de la Nación, que ejerce ahora las competencias sobre la Generalitat. Además, han vuelto los lazos amarillos y las velas a los edificios oficiales.

La ANC podría estar actuando a modo de agitadora de los trabajadores públicos

La voluntad declarada del Gobierno fue que este periodo de intervención fuera "lo más breve posible", tal y como explicó Bermúdez de Castro en el Senado en diciembre pasado. Asimismo reveló que se preguntó a los cargos públicos de la Generalitat "si querían continuar en sus puestos y la respuesta fue afirmativa". Las directrices generales, aseguró en aquella comparecencia, se elaboraron "entre ambas administraciones".

Sin embargo, sí admitió en réplica al portavoz de ERC en la Cámara Alta, Miquel Ángel Estradé -el mismo que calificó a Inés Arrimadas de "ocupante" en Cataluña-  que la Asamblea Nacional Catalana (ANC) "quería que las relaciones con los trabajadores fueran malas y ha habido agitadores profesionales", los mismos que parece que se han puesto otra vez en marcha una vez se alarga la incapacidad del independentismo por ponerse de acuerdo en torno a un candidato a la presidencia de la Generalitat que no esté huido de la Justicia o en prisión.

También Moncloa hubiera preferido poner ya fin a la aplicación del 155 siempre con la toma de posesión de un nuevo gobierno respetuoso con la Constitución y el Estatuto, y sin causas judiciales pendientes, "limpio".