El actual jefe de los Mossos d'Esquadra, Ferran López, conoció en noviembre de 2013 que el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT), conocido como el 'CNI catalán', disponía de móviles encriptados para hasta 500 altos cargos de la Generalitat, según un informe intervenido a la policía catalana por la Policía Nacional al que ha tenido acceso Europa Press.

El informe aparece entre la documentación que la Brigada de Información de la Policía analizó, por orden de la Audiencia Nacional, tras impedir que los Mossos quemaran 36 cajas con documentos en una incineradora el 26 de octubre.

Se refiere a un proyecto, el llamado MDM/Cellcrypt, para la "gestión de dispositivos móviles para el entorno de la Gencat". El informe recuperado se incluye entre diversa documentación del CESICAT, señalando que en un principio estaba pensado para entre 25 y 75 personalidades que disfrutarían de estos terminales "encriptados, desactivación de funciones, cifrado de voces, interlocución única de Vips, cifrados de correos o cifrados de PC", entre otras características. Se reseña que el proyecto tiene un coste de entre 305.633 euros y 457.699 euros si beneficia a 25 o a 75 altos cargos. El precio se dispara a 2.257.608 en el caso de ser 300 personas y a 2.725.796 euros si es para 500.

Informe dirigido a Ferrán López

El Documento 7 "consta de un informe breve de un folio, fechado el 21 de noviembre de 2013", según la documentación que los Mossos querían quemar, "dirigido al comisario Ferran López Navarro". Este mando policial relevó a Josep Lluís Trapero al frente de la policía catalana tras el cese de este último en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En ese correo de 2013, se le comunica a Ferran López "cómo evoluciona la Comisión TIC del Cuerpo de Mossos d'Esquadra referente a la seguridad de las comunicaciones y de los terminales telefónicos". Se menciona la adquisición del "Sistema Cellcrypt para el análisis forense de los terminales móviles" y el "Sistema MDM (Mobile Device Management) y cifrado de correos". "En dicho escrito", señala la Policía, "se le comunica que el CESICAT ya ha puesto en marcha ambos proyectos".

El CESICAT está bajo lupa de la Justicia por su uso como estructura de Estado para conseguir la independencia

El CESICAT, que está bajo lupa de la Justicia por su uso como estructura de Estado para conseguir la independencia, aparece en numerosas referencias dentro análisis que hace la Policía de la documentación "relativa a temas y objetivos de tipo político", donde se acreditan seguimientos a personalidades y entidades contrarias al 'procés'.

Las medidas de vigilancia y los intentos de blindar a los miembros del Ejecutivo catalán llevaron a los responsables de la seguridad de la Generalitat a intentar de captar "infiltrados en los servicios de escolta de personalidades". Entre la documentación, en muchos casos confusa, se menciona el "caso Apóstol", con fecha de 13 de mayo de 2016 y clasificado como secreto.

En este punto se menciona a un capitán de la Guardia Civil destinado en Tarragona que, según los papeles de los Mossos, se habría ofrecido para "pasarse a los Mossos si se consiguiera la independencia".

Control de comunicaciones

La Policía considera que se llegó a crear "una verdadera estructura de información para un futuro Estado catalán" en connivencia con el CESICAT. Según los investigadores, se llegaron a llevar a cabo "actividades irregulares", citando el control de comunicaciones, la interceptación de correos electrónicos, el rastreo de redes sociales y de telefonía móvil, "introduciendo aplicaciones para monitorizarlas".

Los Mossos pretendieron quemar diversa documentación, fechada en 2012, sobre el acceso a "bases de datos externas de diferentes organismos" en un plan "sin control ni autorización previa".

El objetivo sería, según revela en un correo Miquel Justo, alto mando de la Comisaría General de Información de los Mossos, acceder al Servicio Catalán de la Salud, a bases de datos de alumnos matriculados, a los beneficiarios de prestaciones de bienestar social, a las oficinas de trabajo, intervención de armas, el DNI, el catastro, a los expedientes de menores de edad o a bases de datos de redes de bibliotecas de las diputaciones.