El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha admitido a trámite la querella criminal presentada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, contra el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados por delitos contra el honor y le ha llamado a declarar a el próximo lunes, 12 de marzo, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

"Ante la difamación, es la hora de la justicia", ha señalado la propia presidenta madrileña en Twitter después de conocerse esta decisión del juez, que tuvo lugar este lunes, 5 de marzo, mediante un auto, y que ha sido adelantada hoy por Telemadrid.

Cifuentes presentó la querella criminal el pasado 15 de febrero, mediante un procurador y un abogado particulares, sin intervención de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, después de que Granados insinuara en su declaración en la Audiencia Nacional que la dirigente madrileña era conocedora de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.

En concreto, la querella venía a dar respuesta a las declaraciones efectuadas por Granados el día 12 de febrero, al considerar que las mismas vulneraban los artículos 205, 206, 208, 209, 211 y 173.1 del Código Penal, exigiéndose, por ello, responsabilidades tanto en el ámbito civil como penal.

El escrito de querella ponía de relieve que lo que se había producido "no era tanto el legítimo ejercicio del derecho de defensa, sino un espurio uso de la palabra para descalificar y dañar el buen nombre, honor e imagen de Cristina Cifuentes, plenamente encuadrable en el término jurídico de la injuria", han recordado las mismas fuentes.

Las manifestaciones de Granados, según señalaba la querella admitida ahora a trámite, respondían también al tipo penal de la calumnia, al pretender relacionarla con actuaciones delictivas de financiación irregular, agravándose la misma al haberse realizado con publicidad.

A todo ello sumaba la querella el delito contra la integridad moral, al suponer estas declaraciones "un ataque de carácter personal, desconectado de cualquier interés procesal, que conllevaba una ofensa directa y gratuita contra la dignidad de Cristina Cifuentes".