Las llamadas del ex 'major' Trapero el 20-S: 17 al líder de ANC y una a la jefa del operativo

La Guardia Civil ha remitido un nuevo atestado al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del procés, en el que analiza el registro de llamadas del teléfono del ex major de los Mossos d’Esquadra el pasado 20 de septiembre, cuando se produjo el asedio ante la entrada y registro que tuvo lugar en el edificio de la Secretaría General de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat.

Según refleja el citado documento policial, al que ha tenido acceso El Independiente, aquel día Josep Lluís Trapero se intercambió un total de 17 llamadas con el entonces líder de ANC, Jordi Sànchez, entre las 12:11 horas y las 22:23 horas y tan solo una con la intendente de los Mossos y responsable de aquel operativo, Teresa Laplana, imputada en la Audiencia Nacional por estos hechos. Los agentes sospechan que Trapero negoció con Sànchez las condiciones que se ofertaron a la Guardia Civil aquel día, dado el tráfico de llamadas registradas el 20-S.

Informe policial en el que se acredita que Laplana estaba al frente del dispositivo el 20-S.

Si bien el líder de ANC fue el interlocutor con el que el ex major de los Mossos se cruzó un mayor número de llamadas aquel día, Trapero también mantuvo una comunicación con el ex director de los Mossos Pere Sole; tres conversaciones con el ex jefe de gabinete del departamento de Interior de la Generalitat, Pere Ferrer; dos llamadas con el ex fiscal superior de Cataluña, el fallecido José María Romero de Tejada; y nueve conversaciones con números de teléfono pertenecientes al Centro de Telecomunicaciones Tecnológicas de la Información (CTTI). Además, el pasado 20 de septiembre Josep Lluís Trapero también llamó en dos ocasiones al juzgado de guardia de Barcelona.

En su atestado, los agentes de la Benemérita explican que, cuando un inspector del equipo de mediación del cuerpo de los Mossos se presentó en la citada sede el pasado 20-S, Jordi Sànchez actuó como "interlocutor válido" de la concentración que se estaba produciendo y que mantenía retenidos a los agentes y a la comisión judicial. En dicha entrevista estuvo presente Laplana.

Durante el mencionado encuentro, Sànchez manifestó unas condiciones para los agentes de la Guardia Civil que se encontraban atrapados dentro de la Consejería de Economía y Hacienda "que en ningún momento fueron rebatidas ni por el inspector mediador ni por la intendente responsable del operativo de los Mossos d’Esquadra". "Esta circunstancia hace pensar a los instructores de las presentes diligencias, una vez analizado el tráfico de llamadas que el entonces máximo responsable operativo de la Policía de la Generalitat tuvo aquel día con Jordi Sànchez, que las condiciones que este último ofertó a los agentes de la Guardia Civil ya debían haber sido tratadas con Trapero puesto que tal y como se ha expuesto ninguno de los dos mandos presentes en esa entrevista puso objeción alguna a las propuestas de Jordi Sànchez”, recalca el citado cuerpo policial.

Análisis de las transmisiones

Asimismo, en dicho atestado los miembros del Instituto Armado ponen de relieve que durante la jornada del 20-S Laplana cruzó nueve llamadas con el CTTI y otra con el presidente de ANC, hoy en prisión preventiva por la posible comisión de un delito de rebelión.

El informe que ya maneja el magistrado Llarena analiza las comunicaciones que mantuvieron las unidades de los Mossos d'Esquadra entre las 14 horas del 30 de septiembre y las 23.59 del 1 de octubre y que quedaron registradas en diversas salas regionales de mando. Los investigadores han reunido numerosos indicios que acreditan no sólo la inacción de la Policía de la Generalitat el día del referéndum ilegal sino que aquélla trató de controlar la actividad operativa de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Así, se situaron patrullas fijas, "en servicios estáticos", frente a la Comandancia de la Guardia Civil en Cataluña y de las comisarías de Policía Nacional en la que se concentraban unidades listas para intervenir el 1-O, al tiempo que se ha tenido conocimiento de las órdenes dictadas por los mandos de los Mossos  a primeras horas del día del referéndum a los agentes para que informaran de los movimientos de las fuerzas de seguridad del Estado.

"El control que la Jefatura de Mossos d'Esquadra quería tener sobre la actividad que el día 1 de octubre desarrollaron las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil alcanzó tal extremo que se dedicaron patrullas que prestaban servicio en vehículos comerciales a realizar seguimientos a convoyes policiales de las fuerzas de seguridad del Estado, teniendo especial interés en detectar dotaciones de paisano de Policía Nacional o Guardia Civil, por lo que se comunicaban en abierto en las transmisiones de radio la marca, modelo, color y matrícula de vehículos comerciales (camuflados) que sospechaban que pertenecían a Policía Nacional o Guardia Civil", detalla el atestado.

"Ineficacia" del dispositivo

Como prueba de la "ineficacia" del dispositivo desplegado por la Policía de la Generalitat, la Guardia Civil concluye que la incautación de efectos electorales -como urnas y papeletas- nunca "se debió a una acción policial coercitiva" en cumplimiento de las órdenes dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sino una vez realizado el recuento y "mediante entregas voluntarias de los responsables de los centros".

"El Cuerpo de Mossos d'Esquadra, con su actuación el día 01 de octubre, cumplió con lo expresado públicamente en su día por el máximo responsable político en materia de seguridad del Gobierno autónomo catalán, el consejero de lnterior Joaquim Forn, cuando anunció que los mossos garantizarían que los ciudadanos catalanes pudieran votar el día 1 de octubre con libertad y seguridad", concluye el informe.