JxCat y ERC cierran un acuerdo de legislatura y lo trasladan a la CUP

JxCat y ERC han cerrado un acuerdo de legislatura y lo han trasladado a la CUP para que lo valore, han informado a Europa Press fuentes conocedoras.

El acuerdo parte de lo que ya pactaron las tres formaciones de cara a la investidura del entonces candidato a la Presidencia de la Generalitat Carles Puigdemont e insiste en el impulso de un proceso constituyente con la voluntad de seducir a los anticapitalistas, según publica este jueves Nació Digital.

Se trata de un documento que recoge el plan de legislatura y que llega después de que JxCat haya reiterado que su candidato a la Generalitat es el ex presidente de la ANC, Jordi Sànchez, aunque es una incógnita si podrá ser investido porque se encuentra en prisión preventiva.

Este 'proceso constituyente' arrancaría en Bruselas, ya que sería la llamada "Asamblea de Representantes por la República" -una de las estructuras que los independentistas prevén crear en el exterior, bajo el liderazgo de Carles Puigdemont- la que dará el "punto de salida".

Esta asamblea de cargos electos catalanes, junto con el "Consejo de la República" que presidirá Puigdemont, se encargaría de fomentar e impulsar los debates del proceso constituyente, en cuya fase inicial estará amparado por un "Pacto Nacional Constituyente", que abarcaría a "agentes cívicos, sociales y políticos" y determinará la "metodología" de trabajo, mientras que el Parlament constituirá comisiones de estudio para profundizar en los debates.

Las referencias a la "república" catalana son constantes a lo largo de todo el documento, de 46 páginas, en el que se señala que "sólo con el empoderamiento ciudadano, la suma de grandes mayorías y la persistencia ante la represión del Estado será posible alcanzar estos objetivos".

Entre los "criterios esenciales de la legislatura", en un intento de sumar a la CUP al acuerdo, se cita la "construcción de la república" a través de "amplias mayorías que lo hagan posible".

Por un lado, las "fuerzas republicanas" se comprometen a trasladar al Parlament los "debates y propuestas que emanen del compromiso de construir república surgido" del 1-O: "El Parlamento de Cataluña será el ágora del debate republicano", se subraya.

En paralelo, se plantea "construir la república en el "Espacio Libre del exilio", nombre con el que se designa una triple estructura 'institucional', formada por una "Asamblea de Representantes por la República", un "Consejo por la República" y su presidente, que sería Puigdemont.

Esta construcción de la "república catalana", por lo tanto, se llevaría a cabo a través de "tres vías de acción": el Parlament y el Govern desde Cataluña, las tres patas del "Espacio Libre del exilio" y la "ciudadanía catalana empoderada con la autoorganización colectiva y el proceso constituyente".

La Generalitat tendría un "plan de gobierno de obediencia republicana y un "plan de políticas de progreso", mientras que el "Espacio Libre del exilio" desarrollaría la estrategia política, la internacionalización y un frente común para la defensa de los derechos civiles y colectivos de los catalanes.

La "Asamblea de Representantes por la República", compuesta por cargos electos catalanes, representantes del mundo local y de la sociedad civil, se reuniría como mínimo dos veces al año y le correspondería promover acciones para "avanzar hacia el establecimiento de la república", impulsar la "internacionalización" de la causa independentista y fomentar el proceso constituyente

A Puigdemont le tocaría presidir el "Consejo por la República", asumir su "representación exterior" e "impulsar las políticas, estrategias y consensos necesarios para alcanzar la república".

El "Consejo por la República" tendría la función de "asesorar" a su presidente, fomentar acciones para "avanzar" hacia la república e "impulsar debates constituyentes".

La propuesta de acuerdo contiene un prólogo en el que se reivindica el "espíritu del 1 de octubre", jornada en la que a juicio de los independentistas "la Policía y la Guardia Civil cargaron con una violencia inaudita, inverosímil e impropia de un Estado de derecho" contra un "pueblo indefenso", por lo que se constató que "la represión del Estado español ya no tiene límites".