El 'prófugo de los ERE' vuelve a fugarse

La Policía vuelve a buscar a Eduardo Pascual de Arxé. El prófugo de los ERE ha dejado de dar señales de vida en Uagadugú (Burkina Faso) mientras se resolvía la petición de extradición cursada por España para que responda por las causas que tiene abiertas en diversos juzgados y ha vuelto a fugarse nueve meses después de ser detenido preventivamente en este rincón de África.

Según ha confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a El Independiente, el ex banquero catalán "ha dejado de comparecer cada tres días" en el Tribunal de Apelación de Uagadugú, una de las medidas cautelares que se le impuso cuando se le concedió la libertad provisional a fin de dejar constancia de que permanecía en este país y no estaba eludiendo la acción de la Justicia. El comisionista de los ERE fue detenido el pasado 11 de mayo en la capital burkinesa y puesto en libertad al día siguiente, al no haber remitido España la solicitud de extradición con la documentación original por vía diplomática.

Después de que se presentara la documentación original, la Sala de Acusación del Tribunal de Apelación de Uagadugú solicitó al Tribunal de Gran Instancia que expidiera una nueva orden de detención de Eduardo Pascual, para lo cual se fijó una vista que debió celebrarse el pasado 2 de febrero. El fugado ya no se presentó y la Policía está realizando investigaciones encaminadas a la detención y puesta a disposición judicial.

En respuesta a una pregunta formulada por este redactor a través del Portal de la Transparencia, la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones -dependiente del Ministerio de Justicia- ha eludido ofrecer detalles sobre la situación de Pascual de Arxé con el argumento de que forma parte de "un procedimiento judicial en curso en España" y porque la difusión de la información solicitada podría suponer "un perjuicio para la investigación de los ilícitos penales".

¿Lejos ya de Burkina Faso?

Fuentes policiales consultadas por este diario manejan la hipótesis de que Eduardo Pascual ha abandonado ya este país africano aprovechando supuestamente alguna de las identidades falsas que utilizó para salir de España, donde es reclamado tanto por la Audiencia Nacional como por el juzgado sevillano que investiga el caso de los ERE fraudulentos por su condición de "jefe" de una de las dos empresas  que se repartían el negocio millonario de la intermediación en las pólizas de prejubilaciones que durante una década sufragó la Junta de Andalucía (Vitalia). Este grupo recibió sobrecomisiones por un montante de al menos 36,2 millones de euros, según ha revelado la instrucción.

De acuerdo con la investigación de este periódico, Pascual de Arxé estaba instalado al menos desde abril de 2016 en Burkina Faso, donde trabajaba en la producción de cannabis medicinal y a donde llegó tras pasar primero por la cercana Guinea Conakry. Cuando se escondió en este rincón de África, el comisionista del caso ERE llevaba ya nueve meses sin dar señales de vida en España.

Cheque emitido por Pascual, en el que se detalla la identidad falsa que usaba: Marcelino José Monasterios Arce.

En Burkina Faso se hacía pasar como Marcelino José Monasterios Arce, identidad boliviana que logró tras contraer matrimonio en 2005 con una ciudadana de ese país suramericano. En realidad era su segundo nombre inventado: antes se hacía llamar Eduardo Monasterio Arce, como dio a conocer la Policía española tras el arresto practicado en mayo de 2017.

El ex presidente de Eurobank del Mediterráneo, causa en la que no pudo ser enjuiciado el pasado año al encontrarse ya huido, se encontraba en libertad provisional por orden del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla tras permanecer casi 15 meses en prisión por su responsabilidad en el fraude de los ERE: ingresó en el centro penitenciario el 24 de marzo de 2013 y salió el 18 de junio de 2014 tras depositar un hermano los 6.000 euros de la fianza.

El 31 de marzo de 2015, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó devolverle el pasaporte -como el investigado había pedido ante las ofertas de trabajo que decía tener en el extranjero y la necesidad de obtener ingresos- y le impuso la obligación de comparecer una vez a la semana en el cuartel de la Guardia Civil, la comisaría de Policía o el juzgado más próximo a su casa para conjurar el riesgo de fuga ante la inminencia entonces del inicio del juicio por la quiebra de Eurobank y la elevada petición de pena a la que se enfrentaba en este procedimiento: casi ocho años de prisión por asociación ilícita, insolvencia punible y estafa en grado de tentativa en relación concursal medial con otro de falsedad documental, según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía.

Eduardo Pascual cumplió a rajatabla con su obligación de firmar semanalmente hasta julio de 2015, cuando se le perdió el rastro. Ese mes fue la última vez que se comunicó con él su abogado, según detalló el letrado José Luis Laso d'Lom en un escrito presentado después de que los jueces de la Audiencia Nacional le requirieran para que expusiese los motivos por los que su representado había dejado de acudir al juzgado. A petición del letrado barcelonés Ricardo Gómez de Olarte, representante de un grupo de accionistas minoritarios de Eurobank, la Audiencia Nacional ordenó el 28 de septiembre de 2015  la búsqueda y captura a nivel internacional de Eduardo Pascual y decretó para él prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La Policía española cree que Eduardo Pascual ya ha abandonado Burkina Faso, donde se movía como Marcelino José Monasterios Arce

Cuando el 26 de septiembre de 2014 declaró en calidad de imputado ante el juzgado de los ERE, Pascual aseguró que 18 de los 98,5 millones que la Administración andaluza pagó en comisiones a la mutua Fortia Vida -asociada al holding Vitalia- terminaron invirtiéndose "en dos hoteles en República Dominicana" controlados por "empresarios vinculados con la cúpula del PSOE nacional". La necesidad de completar la documentación que acreditaría este desvío de fondos públicos fue otro de los motivos que él invocaba para justificar que le devolvieran el pasaporte.

Como desveló El Mundo de Andalucía, David Marjaliza -antiguo socio del ex consejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, ambos imputados en el caso Púnica- fue accionista del hotel caribeño en el que invirtió la trama de los ERE. En concreto, la promotora de Marjaliza (Vancouver Gestión SL, hoy en liquidación) se hizo con el control de Plárrega Invest 2000 SA, empresa cuyo principal activo era la titularidad del 4,56 % del establecimiento turístico que ostentaba a través de su participación del 25,35 % en la sociedad dominicana Tenedora Verlac.