El ex líder de la ANC y ahora también candidato a presidir la Generalitat de Cataluña, Jordi Sánchez, sigue defendiendo su derecho a acudir al pleno de investidura para tomar el cargo. Sus letrados han presentado este lunes un recurso de apelación en el Tribunal Supremo donde piden con "extrema urgencia" a la Sala -órgano superior jerárquico del instructor Pablo Llarena- que le permita acudir al Parlament para poder ser designado presidente catalán.
En dicho recurso, al que ha tenido acceso El Independiente, el investigado pide al Supremo que revoque la decisión del juez Llarena que le negó acudir a la sesión del Parlament el pasado viernes y lo haga "con la máxima celeridad posible" dado que cualquier demora, argumenta la defensa, "puede suponer la frustración irremediable de los legítimos derechos de mi mandante, lo que sucederá si su candidatura se considera definitivamente decaída por el Presidente del Parlament y éste decide dar paso a otros candidatos".
“Si bien el Pleno de investidura previsto para el día 12/03/2018 ha quedado por el momento en suspenso, resulta a todas luces evidente que el Presidente del Parlament no puede esperar indefinidamente a saber si el candidato Jordi Sànchez podrá o no acudir al Pleno, máxime teniendo en cuenta que, de manera ciertamente discutible, el Tribunal Constitucional ha interpretado (cautelarmente) que la investidura tiene que ser presencial a propósito del candidato Carles Puigdemont. Por ello, cualquier demora en la resolución de este recurso por parte del Tribunal puede suponer la frustración irremediable de los legítimos derechos de mi mandante, lo que sucederá si su candidatura se considera definitivamente decaída por el Presidente del Parlament y éste decide dar paso a otros candidatos”, advierte la defensa de Jordi Sánchez.
Asimismo, en su recurso de apelación, el líder de ANC sostiene que el privarle de la posibilidad de acudir al pleno lesiona otros muchos valores constitucionales “supone una grave restricción de la democracia como valor superior del ordenamiento constitucional español, por cuanto se impide a una cámara parlamentaria designada por sufragio escoger al candidato con más apoyos”.
El abogado Jordi Pina añade que esta prohibición “supone una vulneración del derecho al pluralismo político, por cuanto, aduciendo para la denegación un posible riesgo de reiteración, se criminalizan determinadas ideas que el candidato pueda llegar a proponer aun cuando su realización se proponga por vías pacíficas y legales”.
Por otro lado, en el recurso Sánchez se burla de que el juez Pablo Llarena aprecie peligro de reiteración delictiva si se concede el permiso penitenciario para asistir al pleno de la Cámara catalana. “¿En qué momento de la conducción se supone que cometerá Jordi Sánchez una nueva sedición o rebelión? ¿Acaso dentro de los furgones policiales que le trasladen al Parlament?”, pregunta de forma retórica el acusado.
Precisamente a la espera de una decisión definitiva del tribunal respecto a las medidas cautelares de Sánchez, el presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, decidió aplazar de forma indefinida el pleno, que en un principio estaba previsto para este mismo lunes. Además, el investigado remarca en su escrito la urgencia de este caso teniendo en cuenta que, aunque "de manera discutible", el Tribunal Constitucional considera que la investidura debe tener carácter presencial.
La defensa ha decidido finalmente presentar el recurso en el Tribunal Supremo en lugar de pedir las medidas cautelares ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como había anunciado su defensa.
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