Familiares de víctimas de crímenes con gran impacto ante la opinión pública amenazan con llevar a cabo una campaña en vísperas de las próximas elecciones para recordar qué partidos políticos se han posicionado a favor de la derogación de la prisión permanente revisable, una medida introducida en el Código Penal hace tres años y que ellos abogan por su mantenimiento. "Lo pueden pagar caro. Les va a costar un número importante de votos", advierte Juan José Cortés, padre de Mari Luz.

Si no hay cambios de última hora, PSOE y Podemos se unirán este jueves en el Congreso de los Diputados a la propuesta de reforma del Código Penal registrada por el PNV que derogará la prisión permanente revisable. Lo harán en contra de la opinión mayoritaria de su electorado y en un momento de especial sensibilidad social, tras el descubrimiento del cadáver del niño de 8 años Gabriel Cruz en el maletero del coche de Ana Julia Quezada, la pareja de su padre.

"Cuando lleguen las próximas elecciones municipales quizá haya que salir a la calle o difundir notas de prensa para recordar la postura que cada partido votó", advierte Antonio del Castillo, padre de la joven sevillana asesinada en 2009 y cuyo cadáver sigue sin aparecer. Éste lamenta que se plantee la derogación de la prisión permanente revisable en el Congreso sin que que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso interpuesto por el PSOE.

Los partidos a favor de la derogación de la prisión permanente revisable lo pueden pagar caro en próximas elecciones. Les va a costar muchos votos", dice el padre de Mari Luz

"Frente a los políticos mal llamados progresistas, es la sociedad la que lo está demandando. ¿No les gusta tanto hacer encuestas? Tenemos unos políticos que sólo miran por sus partidos, cuando muchos de sus votantes estarían a favor de la prisión permanente revisable. Cuando pedíamos el referéndum me reuní con José Luis Rodríguez Zapatero y él me reconoció que no podía convocarlo porque saldría el 'sí", añade Del Castillo.

"Yo les preguntaría a PSOE, Podemos y PNV si no son suficientes más de tres millones de firmas de ciudadanos apoyando su mantenimiento. Que dejen la confrontación política y no deroguen un derecho que nos pertenece a todos los ciudadanos. Representan a un sector de la sociedad", agrega Juan José Cortés, convencido de que terminarán reuniendo más de cinco millones de firmas. El próximo día 18 se llevará a cabo una gran manifestación en todas las ciudades españolas en memoria de Gabriel Cruz y para que no se derogue la prisión permanente revisable.

Los socialistas han dejado claro este lunes cuál será el sentido de su voto en la Cámara Baja en relación con la prisión permanente revisable. "Es inconstitucional", ha defendido la número 2 del partido, Adriana Lastra, que ha insistido en que no se debe "legislar ni juzgar en caliente". No es una "solución eficaz", ha señalado la portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero.

Ciudadanos ha pasado de defender la "derogación inmediata" de la medida a pedir que se amplíe el catálogo de delitos en los que debería aplicarse

El PSOE es coherente con la posición que viene defendiendo en los últimos años en relación con esta cuestión. No así Ciudadanos, que en el acuerdo alcanzado con los socialistas para que Pedro Sánchez pudiera gobernar tras las elecciones generales del 20-D (2015) abogó por la "derogación inmediata de la prisión permanente revisable incluida hoy en el Código Penal" -una de las 14 medidas contenidas en el apartado relativo a la reforma de la Justicia- y años después aboga por incrementar el catálogo de delitos en los que sería de aplicación: violadores en serie, los pirómanos cuya acción delictiva provoque al menos dos muertos, el secuestro con posterior asesinato y la ocultación del cadáver.

Documento pactado con el PSOE en el que Ciudadanos se posicionaba a favor de la derogación de la prisión permanente revisable.

Con todo, el PSOE da por hecha la inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable antes incluso de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que este grupo presentó el 30 de junio de 2015 al entender que la medida es contraria a la prohibición de penas inhumanas; al derecho a la libertad, por la privación de la misma desproporcionada y ajena a criterios de culpabilidad, y a los mandatos de determinación derivado del principio de legalidad penal y de resocialización. Otros países europeos que cuentan con esta figura han decretado su constitucionalidad siempre que su legislación permita un horizonte de libertad y reinserción, mismo criterio que ha seguido en varias ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El PSOE da por hecha la inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable pese a que el TC no se ha pronunciado todavía sobre el recurso que presentó en 2015

La semana que puede determinar la derogación de la controvertida medida se produce en plena campaña de adhesión de firmas a favor de su mantenimiento por parte de las familias de Diana Quer, Mari Luz Cortés y Marta del Castillo, que ya han logrado reunir más de dos millones y medio de rúbricas.

Las encuestas que se han venido publicando muestran que la sociedad española ha estado históricamente a favor de esta figura penal. Lo estaba ya hace tres años, semanas antes de su aprobación en el Congreso de los Diputados, según constataba una encuesta de Metroscopia para el diario El País. Según esos datos, el 67% de los españoles eran partidarios de instaurar la cadena perpetua. El 20% de ellos sin condiciones, y otro 47% siempre que fuera revisable durante la condena. Un 18% se oponía en cualquier caso y un 15% no expresaban su opinión. Un apoyo mayoritario, aunque a la baja respecto a 2010, cuando la misma empresa preguntó lo mismo, obteniendo un resultado del 82% de apoyo en esa ocasión.

Las encuestas

La encuesta de Metroscopia pintaba un panorama polarizado entre partidos, aunque los votantes de las cuatro grandes fuerzas apoyaban la medida. Lo hacían cerca del 90% de los electores de PP, Ciudadanos y UPyD. Los de Podemos estaban, en un 53%, a favor de la prisión permanente. Los del PSOE se dividían por la mitad: el 50% aprobaba la cadena perpetua en sus distintos grados y el 50% la rechazaba. En el panorama nacional, sólo los votantes de Izquierda Unida rechazaban mayoritariamente (53%) la medida.

El debate sobre la prisión permanente revisable ha permanecido latente desde su aprobación. Y ello pese a que sólo una persona en este tiempo ha recibido esa condena: David Oubel Renedo, el monstruo de Moraña, que confesó en el juicio -celebrado el pasado verano- que degolló a sus dos hijas de cuatro y nueve años, Amaya y Candela, con una radial.

Perfil mediático

La discusión, sin embargo, ha emergido con cada caso de alto perfil mediático, con la amenaza de la derogación de fondo. La última encuesta al respecto la realizaba el pasado mes de febrero Gad3 para ABC, todavía con el caso de Diana Quer y la detención de José Enrique Abuín, El Chicle, de fondo. Entonces, el estudio arrojó un apoyo del 79,3% para las penas de prisión permanente revisable.

Los datos de la encuesta de ABC divergían mucho respecto a los ofrecidos tres años antes por Metroscopia. Por ejemplo en la posición de los votantes del PSOE. Mientras que El País daba en 2015 una división total, el diario de Vocento mostraba en 2018 una opinión casi unánime: el 88% de su electorado está a favor de las penas de prisión de por vida. Un apoyo superior al del resto de partidos, que en Ciudadanos se situaría en el 80% y en el PP en el 75%, si bien es cierto que no se especificaba si el rechazo a la prisión permanente revisable derivada de su carácter permanente o, precisamente, de su carácter revisable. En el caso de Unidos Podemos, sus votantes también estarían a favor de este tipo de penas en un 66%.