López Guerra, el juez que siempre jugaba en el equipo contrario a España

El mandato del magistrado Luis López Guerra en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) expiró este miércoles. Atrás quedan once años de representación española en la Corte de Estrasburgo donde este juez –que fue número dos del Ministerio de Justicia en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- ha jugado en distintas ocasiones en contra de los intereses de nuestro país. Se le culpa de ser el responsable de que se tumbara la doctrina Parot en 2012 y se diera la razón a la etarra Inés del Río así como de que la Corte apoyara al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi cuando llamó al rey Juan Carlos “jefe de los torturadores”.

Lo cierto es que el mandato de este magistrado de izquierdas fue polémico desde su inicio: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la Carrera Judicial, recurrió su nombramiento en 2007 al no haberse motivado suficientemente por el Ejecutivo de Zapatero dicha designación.

Luis López Guerra tiene un currículum tan extenso como diverso. Es catedrático de Derecho Constitucional, ex magistrado del Tribunal Constitucional -entre los años 1996 y 2001-, ex vicepresidente del Consejero General del Poder Judicial (CGPJ) y ex secretario de Estado de Justicia desde 2004 a 2007, fecha en la que aterrizó en la Corte de Estrasburgo. Nunca ha escondido sus ideas progresistas ni su proximidad al PSOE, partido al que además representó como diputado autonómico de la Asamblea de Madrid en el año 2003 antes de entrar a formar parte del Gobierno socialista.

Dos últimos varapalos a España

Sin embargo, si su nombramiento para el tribunal europeo fue controvertido, su salida no lo ha sido menos. Antes de su despedida del TEDH, este magistrado ha apoyado dos condenas de calado a España: la recibida por maltratar a los etarras que atentaron contra la T4 del aeropuerto de Barajas y otra esta misma semana por haber vulnerado la libertad de expresión de quienes quemaron fotos del Rey en un acto en Gerona en el año 2007. En esta última sentencia, Estrasburgo ha considerado que la quema de las fotos no puede catalogarse como una manifestación del discurso del odio, mientras que la condena penal impuesta por la Audiencia Nacional -15 meses de cárcel en 2008 sustituida por una multa de 2700 euros- se estima desproporcionada a los hechos cometidos.

Sin embargo, si por un fallo se recordará a Luis López Guerra en Estrasburgo es por haber promovido desde su sillón en la Gran Sala que se anulase la doctrina Parot. Este juez fue uno de los siete magistrados que en julio de 2012 tumbó la Parot tras estimar el recurso de la etarra Del Río, antigua integrante del comando Madrid y condenada a 3.828 años de prisión por la comisión de 24 asesinatos.

Presidido por el andorrano Josep Casadevall, aquel tribunal lo completaron el rumano Corneliu Bîrsan, la armenia Alvina Gyulumyan, el holandés Egbert Myjer, el eslovaco Ján Šikuta y la georgiana Nona Tsotsoria.  Aquel fallo enterró definitivamente la doctrina que el Tribunal Supremo aplicó por primera vez al etarra Henri Parot y obligó a los tribunales españoles a excarcelar a criminales que tenían condenas centenarias a sus espaldas como el violador del ascensor o el violador del estilete junto a decenas de terroristas.

El papel del juez nacional

Sin duda, el criterio de López Guerra fue determinante en este fallo. Tal y como explica su antecesor en el cargo, el abogado del Estado Javier Borrego, en declaraciones  a El Independiente, “el juez nacional tiene mucho peso en las decisiones que el tribunal adopta sobre los asuntos de su país ya que es el encargado de trasladar a sus compañeros cómo es la situación en el mismo”.

De la misma forma, Borrego pone de manifiesto que “la posición del juez nacional en el TEDH siempre es una posición preponderante cuando se estudian los recursos de su país” y remarca que “cuanto más sensibilidad despierta ese asunto más importante es su criterio”.

El pasado 25 de enero, el Consejo de Europa eligió a la catedrática María Elósegui Itxaso sustituta de López Guerra en el TEDH. Sin embargo, desde que se produce la elección de un miembro de la Corte hay tres meses de plazo para que tome posesión.  De ahí que hasta esta semana no haya expirado el mandato del progresista López Guerra y se haya incorporado su sucesora. Sin embargo, no sería de extrañar que, aunque el mandato del catedrático ha finalizado, tenga que volver a participar en deliberaciones en Estrasburgo.

La razón es que el Reglamento de la Corte establece que cuando un magistrado se ha pronunciado sobre un asunto -ya sea sobre su admisión a trámite o sobre el fondo del mismo- tiene derecho a conocer de él aunque ya no forme parte del tribunal. Es decir, si por ejemplo ahora la Abogacía del Estado española decide recurrir alguna de las condenas recientes ante la Gran Sala, Luis López Guerra –aunque tiene el mandato finiquitado- tendría que volver a Estrasburgo para resolver sobre ese asunto.

Así que este juez todavía puede jugar en el equipo contrario algún partido más.