"La casualidad ha hecho que vaya a ser en 2018, cuando cumplirá 40 años, cuando empecemos a trabajar en la actualización de la Constitución”. Con este solemne anuncio volvía Pedro Sánchez al Congreso de los Diputados el pasado 12 de octubre para celebrar el Día de la Constitución tras su dimisión como diputado un año antes.
El flamante secretario general del PSOE regresaba a las Cortes con una gran apuesta a nivel institucional: liderar la reforma de la Constitución para acabar con las tensiones territoriales en España. Lo hacía en plena crisis catalana tras la celebración de la consulta ilegal del 1 de octubre y en plenas negociaciones con el Gobierno para la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna en Cataluña.
Un día antes, Sánchez comparecía en rueda de prensa para anunciar el apoyo del PSOE al Gobierno frente al desafío secesionista. Lo hacía dejando claro dos mensajes: El PSOE “acompañaba” a Mariano Rajoy en la activación del artículo 155 de la Constitución que podría suspender competencias en Cataluña y que lo hacía bajo el compromiso de que en seis meses comenzaría la comisión parlamentaria que reformará la Constitución “para que Cataluña se quede en España". Se trataba, según defendía, de crear un espacio propicio para el diálogo y la negociación política que acabara con los enfrentamientos entre territorios.
Su anuncio generó desconfianza desde el primer momento. Un PP desganado anunció que acudiría a la denominada Comisión para la Evaluación y la Modernización del Estado de las Autonomías, pero no con la intención de reformar la Constitución. Unidos Podemos y los partidos catalanes renunciaron desde el primer momento a formar parte de ella y Ciudadanos accedió a entrar aunque casi como espectador, sin participar en ella.
Este rechazo generalizado de los grupos parlamentarios tampoco desanimó a Sánchez, que achacó ese escepticismo a la campaña electoral del 21-D y se mostró convencido de que todos los partidos se acabarían integrando en la comisión territorial tras los comicios en Cataluña.
Con la ausencia de Unidos Podemos-En Comú-En Marea y los nacionalistas de ERC, PNV y PDeCAT, la comisión se constituyó el 15 de noviembre con dos destacados socialistas al frente. Pero ni la gestión del veterano José Enrique Serrano como presidente ni de la número 2 del PSOE, Adriana Lastra, como portavoz socialista en la comisión han logrado llevar a buen puerto la gran apuesta de Pedro Sánchez para esta legislatura.
Tras numerosas sesiones en las que han comparecido, entre otros, los padres de la Constitución que siguen vivos, Ciudadanos ha dado carpetazo este martes a la Comisión, dejando sólo al PSOE con el PP, UPN y Compromís, los únicos partidos que siguen en ella. Tras cuatro meses de vida, el órgano encalla.
Albert Rivera ha anunciado el abandono de C's por el "veto" del PSOE a su propuesta de citar como comparecientes a históricos socialistas como el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, o los ex presidentes autonómicos Juan Carlos Rodríguez Ibarra (Extremadura) y José Bono (Castilla-La Mancha). Se da la circunstancia de que todos ellos rechazan el concepto de plurinacionalidad que ahora defiende el PSOE.
"Se acabó. Nos vamos a seguir en esa comisión", ha asegurado Rivera, que ha advertido que Ciudadanos no contribuirá a "legitimar la Nación de naciones" ni las "ocurrencias" e "inventos" de Pedro Sánchez. "Que no cuenten con nosotros", ha zanjado. Ha denunciado así que el PSOE de Sánchez esté vetando "a los suyos", a que personas como Guerra, Bono o Rodríguez Ibarra ofrezcan su testimonio en el Congreso cuando han tenido un papel protagonista en la construcción del modelo territorial español y "tantas cosas" han hecho por este país.
En respuesta, la número dos del PSOE ha acusado a Ciudadanos de asumir la "herencia" del ex presidente del Gobierno José María Aznar o del partido de ultraderecha Vox "jugando a la confrontación entre territorios y ciudadanos" y aprovechando que no gobierna ninguna Comunidad Autónoma y apenas tiene medio centenar de ayuntamientos.
La encargada de pilotar la Comisión, Adriana Lastra, ha evitado hacer cualquier autocrítica por la ausencia no sólo de Ciudadanos, sino de la gran mayoría de grupos parlamentarios, y ha anunciado que el PSOE seguirá adelante con los trabajos porque es "su obligación poner soluciones sobre la mesa" en una "situación de gran conflicto entre territorios".
El PSOE sigue empeñado así en fomentar una reforma constitucional en la que se ha quedado sólo con el PP, que encuentra en esa falta de consenso el último argumento para negarse a sacar adelante la apuesta estrella de Pedro Sánchez para esta legislatura.
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