El instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha solicitado a la Guardia Civil la aportación de documentos y demás elementos objetivos que puedan prestar soporte al contenido de un informe ya entregado por este cuerpo relativo a los gastos públicos orientados a la celebración del referéndum unilateral de independencia.
En la misma resolución, que tiene fecha de este martes, el magistrado forma una nueva pieza separada que declara secreta por periodo de un mes también relacionada con la malversación de caudales públicos, según ha podido saber El Independiente. Se da la circunstancia de que profundizar sobre la comisión de dicho delito es el fleco que le queda por atar al instructor antes de dictar auto de procesamiento contra los miembros del Govern.
La nueva petición de pruebas por parte del magistrado se produce después de que éste haya recibido unas diligencias remitidas por el Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Unidad de Policía Judicial de la zona de Cataluña dirigidas a esclarecer la participación de los investigados en los delitos de rebelión o sedición y de malversación de fondos públicos que se investigan en este procedimiento.
Así, y una vez visto el informe del Instituto Armado, el magistrado reclama la aportación de documentos "y demás elementos subjetivos que prestan soporte a su contenido".
En cuanto a la pieza secreta, lo será para todas las partes excepto para el Ministerio Fiscal "que no es parte personada, sino órgano constitucional del Estado integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial", según precisa Llarena. El secreto resulta imprescindible, añade "para el aseguramiento de la protección del valor constitucional de la Justicia".
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