El Supremo tiene en su mano inhabilitar a Rull, Turull y Rovira por rebelión

El Tribunal Supremo tiene en su mano inhabilitar al ex conseller Jordi Turull para cargo público y, por lo tanto, impedir que sea presidente de la Generalitat de facto. En una providencia, el instructor del ‘procés’ Pablo Llarena anunció que comunicará a los investigados por proclamar la independencia de Cataluña su procesamiento el próximo viernes y, además, en la misma resolución citó a las 10:30 horas a la expresidenta del Parlament, Carmen Forcadell; los ex consellers Jordi Turull, Raul Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa; y, la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, para practicar la vista prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) sobre medidas cautelares.

Dicho artículo es el paso previo para poder acordar el ingreso en la cárcel por parte del juez. Además, se da la circunstancia de que tanto los exconsellers como Forcadell ya estuvieron en prisión preventiva aunque eludieron la misma previo pago de sendas fianzas.

Por otro lado, todos ellos tienen actualmente decretadas medidas cautelares menos gravosas que la prisión -como la retirada del pasaporte o la prohibición de salir de España- por lo que la única razón por la que Llarena convoca el próximo viernes dicha vistilla es que, una vez concretados los indicios de criminalidad de Forcadell, Turull, Romeva, Rull, Romeva y Bassa en el auto de procesamiento, revisar si deben regresar a prisión a la espera de la celebración del juicio oral, explican las fuentes jurídicas consultadas.

Para poder volver a decretar el ingreso en la cárcel de dichos investigados Llarena necesita que la Fiscalía, Abogacía del Estado o el partido Vox, es decir, alguna de estas acusaciones, soliciten prisión para los mismos.

Asimismo, según informan fuentes jurídicas a El Independiente, entre los planes del instructor está procesar por un delito de rebelión a los máximos responsables del Govern: el ex presidente Carles Puigdemont, el ex vicepresidente Oriol Junqueras y los ex conseller Joaquím Forn, Jordi Turull, Raul Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa. Tampoco se escaparía de ese delito –penado con hasta treinta años de cárcel- Carme Forcadell, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y los ‘Jordis’, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.

Peligra la presidencia de Turull

Sin embargo, el foco está ahora puesto en el candidato a presidir la Generalitat, Jordi Turull. ¿Afectará su procesamiento a esta cuestión? La respuesta es clara: sí. La razón es que los procesados por rebelión que se encuentren en situación de prisión preventiva serán inhabilitados de facto para cargo público sin esperar a que haya sentencia condenatoria. Así lo recoge el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el mismo se sostiene que “firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.

No obstante, la decisión del juez Llarena sería recurrible ante la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal por lo que esta suspensión automática no se produciría hasta que dicho órgano confirmase el auto de procesamiento del juez y el mismo adquiriera firmeza. Es decir, aunque el Parlament decida este jueves investir presidente a Turull esto no sería óbice para que el Alto Tribunal frustara su mandato más adelante como máximo gobernante de la Generalitat de Cataluña.

El instructor del ‘procés’ decidió a principios de año que procesaría en primavera a los líderes que promovieron la declaración unilateral de independencia de Cataluña el pasado mes de octubre, tal y como informó este periódico. Llarena lleva dos semanas redactando el citado auto siendo consciente de que será una resolución histórica que marcará su carrera profesional. El viernes se conocerá la letra pequeña de una resolución que no superará los cien folios.