La Guardia Civil ha acreditado en el Tribunal Supremo un gasto de 1,6 millones de euros en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, cuyo pago se repartió entre cinco consejerías: Economía, Trabajo, Presidencia, Salud y Cultura. No obstante, el instituto armado precisa que dará cuenta al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona del gasto total del 1-O.

Esta cifra es el resultado de sumar al gasto de publicidad y del Diplocat, los 979.661 euros cargados por la empresa Unipost por el coste vinculado al suministro de papeletas, el censo electoral y las citaciones como componente de mesa electoral. Esta empresa libró facturas a la Generalitat que la Generalitat repartió entre las Consejerías dirigidas por Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa, Antoni Comín y Lluis Puig.

El reparto se realizó, según el informe, para "una mejor ocultación del gasto destinado al referéndum"

El citado reparto se realizó, según el informe al que ha tenido acceso Europa Press, para "una mejor ocultación del gasto destinado al referéndum". Para ello, estos cinco Departamentos contrataron el reparto de unas 56.000 cartas certificadas y otras 5.346.734 unidades (censo electoral) que se pretendía repartir como ordinarias.

En la parte del informe relativa a la financiación, la Guardia Civil cita expresamente a los secretarios generales de las citadas Consejerías: Josep María Jové, de Economía; Josep Ginesta, de Trabajo; Joaquín Nin, de Presidencia; Albert Serra, de Salud y María Dolors Portús, de Cultura.

La Guardia Civil también incluye las cantidades destinadas por la Consejería de Jordi Turull a la campaña de registro de catalanes en el exterior, por un total de 224.835 euros y para la campaña de publicidad de difusión del 1-O, a la que destinaron 277.804 euros.

Finalmente, los investigadores a informan al juez Pablo Llarena de dos pagos de 119.700 euros que realizó el Diplocat a la empresa The Hague Center for Strategic Studies, a la que pertenecían los observadores que acudieron para la jornada del referéndum ilegal.

En su informe reflejan que, del análisis de la documentación, se deduce que "los servicios prestados son realizados en el marco del asesoramiento que se pretendía de esa institución para el desarrollo del referéndum del 1-O, como observadores internacionales".

Informarán al juzgado 13 de toda la financiación

No obstante, la Guardia Civil explica en este documento al que ha tenido acceso Europa Press que las actuaciones que están llevando a cabo se enfocan en esclarecer los gastos de varios aspectos del referéndum, además de los mencionados. Se trata de los que se hayan realizado en publicidad, gastos directos, costes del software, páginas web, contratación de dominios, ordenadores y del call center.

A ello, añaden los derivados de los informes relacionados con la preparación del 1-O, elaborados por Carles Viver o su entorno así como otros gastos relativos a los actos de clausura, participación de artistas y fuegos artificiales.

En este sentido, explican que las líneas de investigación que están siguiendo se han visto reforzadas tras la localización de un correo electrónico remitido por Josep Ginesta vicenta a María Dolors Bassa, en el que se demuestra que el Gobierno catalán, mediante Acuerdo de todos los miembros del mismo, aprobó el gasto y las acciones necesarias para hacer efectiva la elaboración del referéndum unilateral de independencia.

Exponen, al respecto, que "todas y cada una de las acciones enunciadas en el mencionado Acuerdo estaban incluidas en las líneas de investigación planteadas" y por ello, adelantan que darán oportuna cuenta al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona de la financiación de las mencionadas acciones.