El Constitucional abordará el debate sobre la prisión permanente revisable a finales de año

El Tribunal Constitucional pretende abordar el debate sobre la constitucionalidad de la controvertida prisión permanente revisable en el último trimestre de 2018. Así se lo ha transmitido el presidente de este órgano, el magistrado Juan José González Rivas, a algunos magistrados del Alto Tribunal, según ha podido saber El Independiente.

La oposición en bloque -PSOE, Convergencia i Unión, IU, ICV-EUiA, CHA, la Izquierda Plural, UPyD, el Grupo Parlamentario Vasco y el Mixto- presentó en el año 2015 un recurso de inconstitucionalidad contra la citada medida que fue aprobada por el Partido Popular (PP) en solitario gracias a su mayoría absoluta de entonces.

Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, cerca de tres años, el Alto Tribunal todavía no ha comenzado a abordar dicho asunto cuya ponencia ha correspondido al magistrado de carácter progresista Fernando Valdés.

La razón que argumentan fuentes de este órgano para dicha tardanza es que se han solucionado otras cuestiones de carácter urgente en los últimos tiempos, unido a que desde hace más de dos años el desafío independentista catalán ocupa gran parte de la agenda del Constitucional. Semana sí y semana también los magistrados han tenido que solucionar de forma prioritaria el estudio de recursos de inconstitucionalidad sobre Cataluña.

La presión social

Sin embargo, entre los planes del presidente González Rivas está no dejar en ningún limbo jurídico ningún asunto pese a que este pueda suscitar división en el Alto Tribunal, como es el caso de la prisión permanente revisable

De la misma forma, fuentes del TC explican que ellos deben resolver los asuntos sin dejarse influir por la presión social que hay sobre los mismos, en referencia, al debate reabierto en la sociedad española en las últimas semanas sobre la prisión permanente revisable. No en vano se han conseguido recoger tres millones de firmas a favor de esta medida a través del portal change.org.

No obstante, es indudable que el debate político sobre esta medida –sobre la que hay diferentes opiniones entre los expertos en derecho constitucional- se ha recrudecido en las últimas semanas. Mientras el PP quiere aumentar los supuestos previsto para la prisión permanente revisable, el PSOE, Podemos y PNV ya han empezado los trámites parlamentarios para su derogación. Ciudadanos se ha mostrado prudente y ha señalado que esperará a que el tribunal de garantías resuelva sobre su constitucionalidad antes de adoptar una postura definitiva sobre el asunto.