Rato recurrió a la “pena de banquillo” para no declarar el jueves por blanqueo

El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato logró que el titular del Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, suspendiese su declaración prevista este jueves por un delito de blanqueo de capitales alegando que si era citado, antes de que la Audiencia de Madrid resolviese el recurso presentado contra dicha imputación- se le sometería a una “injustificada pena de banquillo”.

Así lo señala su defensa en un escrito remitido al instructor de Plaza de Castilla, al que ha tenido acceso El Independiente. En dicho documento, Rato pidió al magistrado Serrano Arnal la suspensión de dicha comparecencia por un delito de blanqueo de capitales externo ya que “en caso de estimarse el recurso de apelación interpuesto por esta representación” la citada comparecencia “devendría innecesaria y conllevaría graves y desproporcionados perjuicios de carácter reputacional, personal y familiar por no decir económicos” para el ex gerente del Fondo Monetario Internacional.

En el citado escrito, Rato apeló además a los “perjuicios de imposible o difícil reparación” que se ocasionarían con su declaración si finalmente la Audiencia de Madrid archiva esa pieza separada “máxime teniendo en cuenta la amplísima difusión mediática que ha rodeado el presente procedimiento desde su inicio” debido a su “relevancia pública”.

46.000 euros por conferencia

Sin embargo, el ex presidente de Bankia no se librará de declarar el próximo jueves por su imputación en la pieza separada por la facturación obtenida con las conferencias a través de la empresa Bureau Consulting de Conferenciantes SL (BCC). Este día también han sido citados en calidad de investigados Pedro Díaz Martínez y Francisca Pilar Buján, ambos administradores de BCC.

En marzo del pasado año la Audiencia de Madrid ordenó al instructor Serrano Arnal reabrir esta parte de la investigación al considerar que los hechos, que ocurrieron entre los años 2007 y 2014, no estaban prescritos.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil remitió un informe al instructor del caso Rato donde explicó que, a partir del año 2007, Rato contrató los servicios de la mercantil Bureau Consulting de Conferenciantes para gestionar las conferencias que daba como experto y reputado economista cobrando una media de 46.000 euros por cada intervención. En total, el ex dirigente del Partido Popular recibió un total de 1,66 millones de euros por conferencias impartidas entre 2007 y 2014 que facturó a través de la mercantil Arada, una de las sociedades que están siendo investigadas al sospechar el juez, la fiscal y la UCO que fue una empresa pantalla.

La Fiscalía Anticorrupción entiende que Rato pudo cometer hasta tres delitos contra la Hacienda Público con el cobro de las conferencias declaradas en los años 2008, 2009 y 2010 por superar el umbral de los 120.000 euros establecido para la comisión del fraude fiscal.

Esta pieza pieza separada, por la que se tomará declaración este jueves al ex ministro, forma parte de la causa que instruye el magistrado Serrano Arnal sobre la fortuna del exvicepresidente económico del Gobierno y a la que se añadió recientemente un informe sobre su entramado societario según el cual habría defraudado cuotas por un importe total cercano a los 6,8 millones de euros entre los años 2004 y 2015.