Orden directa del fiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar en contra del criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que capitanea Jesús Alonso. Por esta razón, el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo pidió este jueves el ingreso en prisión incondicional del informático suizo Hervé Falciani. Es la segunda vez en 16 días que el fiscal general implanta su criterio desoyendo a los fiscales que llevan de forma directa los asuntos. Primero lo hizo al tratar de facilitar la libertad al ex conseller de Interior Joaquim Forn en contra de los cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo y, ahora, al tratar de encarcelar al informático que lleva colaborando más de un lustro con la justicia española.
El malestar es máximo en el Ministerio Fiscal, según ha podido saber El Independiente. Dentro de este órgano se califica de “aberración jurídica” y “orden política” el criterio implantado por el fiscal general del Estado que a lo largo de la toda la mañana del jueves fue advertido de los riesgos que tenía para España extraditar a Falciani, ya que desde hace años colabora activamente con la justicia de nuestro país. Los fiscales ven la mano del Gobierno en esta decisión y un intento a la desesperada del Ejecutivo porque Suiza entregue a España a las procesadas Marta Rovira y Anna Gabriel por su implicación en el ‘procés’.
La noticia saltó el miércoles por la tarde cuando la Policía detuvo al ex informático del HSBC cuando iba a participar en una jornada-debate sobre paraísos fiscales organizada por la Plataforma por la Justicia Social. Lo hizo sin poner en conocimiento ni de la Fiscalía de la Audiencia ni del juzgado de guardia los hechos y con una orden internacional de detención dictada en mayo de 2017.
Cuando se conoció la detención, la Fiscalía de la Audiencia Nacional lo vio claro: no cabía la extradición al ser "cosa juzgada". Se da la circunstancia de que el informático Falciani quedó en libertad provisional tras su primera detención en España, en julio de 2012. En mayo del año 2013, la Fiscalía se posicionó en contra de su entrega y la Audiencia rechazó su extradición a Suiza al entender que el trabajador del HSBC denunció “actividades sospechosas de ilegalidad e incluso constitutivas de infracciones penales que de ninguna manera son susceptibles de legítima protección”.
Desde entonces nada había cambiado salvo el interés de España porque el estado helvético facilitara la extradición de Rovira. Con este escenario, tanto en la Fiscalía de la Audiencia como en Anticorrupción advirtieron en distintas conversaciones telefónicas mantenidas a lo largo de la mañana de este jueves con el fiscal general que no cabía la extradición de Falciani por dos cuestiones. Primero, porque Suiza pretende que se le entregue por los mismos hechos que la Audiencia ya rechazó y, segundo, porque gracias a la colaboración del empleado del HSBC España ha abierto importantes investigaciones penales, algunas de las cuales continúan en estos momentos en su curso.
El malestar en la Fiscalía de la Audiencia Nacional se hizo latente durante todo el día de ayer: "Es un auténtico disparate jurídico". En un principio, este asunto iba a ser llevado por la fiscal Dolores Delgado –que en 2013 llevó el caso- pero a las 10 de la mañana el fiscal jefe Jesús Alonso le comunicó que se haría cargo del mismo el teniente Carballo y que además había orden directa de Sánchez Melgar de pedir prisión.
En Anticorrupción también están "atónitos" con la orden del fiscal general ya que puede poner en peligro algunas de las instrucciones que este departamento investiga actualmente si se entrega a Falciani a Suiza. "¿Quién va a querer colaborar con nosotros si vendemos a nuestros colaboradores?", sostienen en el departamento que encabeza el fiscal Alejandro Luzón.
Al término de la vista celebrada este jueves para regularizar la situación procesal de Falciani, el fiscal Carballo –que pidió prisión prisión provisional sin fianza para el informático- expuso ante el magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el magistrado Diego de Egea, que si no encarcelaba al suizo acordara otras medidas cautelares para él. Y así lo hizo el juez que dejó en libertad al colaborador de la Justicia española. Contra esta decisión cabe recurso ante la Sala de lo Penal de dicho tribunal.
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