La acusación por rebelión en el 'procés' salta por los aires

El varapalo que Alemania ha dado a España negándose a entregar al ex presidente Carles Puigdemont, máximo responsable del ‘procés’, por un delito de rebelión tendrá consecuencias inmediatas para esta causa. En primer lugar, evitará que el líder independentista pueda ser inhabilitado de forma automática con su procesamiento; además este hecho obligará a atar “hasta límites insospechados” el delito de malversación; y deja en entredicho que haya en estos momentos nueve promotores del proceso independentista en prisión preventiva por dicho delito cuando el ex president se va a librar del mismo.

Las distintas fuentes consultadas por El Independiente aseguran que el ex presidente catalán no va a poder ser juzgado por un delito de rebelión en el Tribunal Supremo si Alemania no lo entrega por dicho tipo delictivo. Es decir, si Puigdemont tan sólo es puesto a disposición de la Justicia española por malversación de caudales públicos no se le podrá juzgar en España por el delito más grave por el que ha sido ya procesado. Las penas entre ambos tipos delictivos varían notablemente: mientras la rebelión está penada con hasta 30 años de cárcel, la malversación conlleva ocho años de prisión.

No obstante, el artículo 432 del Código Penal castiga con doce años de cárcel la malversación agravada cuando se supere la cuantía de los 250.000 euros.

Sin embargo, es innegable que el magistrado Pablo Llarena ha centrado hasta ahora su instrucción sobre todo en acreditar que tras el asedio a la Consejería de Economía catalana el pasado 20 de septiembre y el referéndum del 1-0 se produjeron actos violentos que sustentarían el delito de rebelión. También la Fiscalía del Tribunal Supremo ha estado centrada todos estos meses en acreditar la violencia en el 'procés'’. De ahí que la decisión de Alemania haya sido un mazado.

Ahora, se puede dar la situación, cuanto menos paradójica, que mientras el máximo responsable del desafío independentista no pueda ser juzgado por rebelión, los otros líderes del procés  -con menor responsabilidad como el ex vicepresidente Oriol Junqueras, los ex consellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antonio Comín y Dolors Bassa, la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y el de Omnium Cultural Jordi Cuixart- se enfrenten a las altas penas que conlleva dicho delito.

Podrá seguir en política

Además, Alemania con esta decisión ha desactivado los planes del Tribunal Supremo de inhabilitar cautelarmente a Carles Puigdemont con su procesamiento. El artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sostiene que “firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”. Al no ser entregado por rebelión el ex president tampoco podrá ser inhabilitado por dicho delito. Para dejarlo fuera de la política habrá que esperar a que haya una sentencia condenatoria firme.

Por otro lado, fuentes de la investigación explican que el hecho de que la condena a Puigdemont dependa exclusivamente del delito de malversación obliga a la Guardia Civil, Fiscalía y juez a atar “hasta límites insospechados” el mismo. La Justicia española se lo jugará todo a un delito con el líder de Junts per Catalunya (JxCat).

No obstante, fuentes fiscales consultadas sostienen que se estudiará el problema causado por la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein y analizará la fórmula para ver si es posible que el ex presidente de la Generalitat pueda ser juzgado en España también por un delito de sedición aunque las mismas fuentes asumen que es algo casi imposible porque la legislación en materia de extradición es muy clara al señalar que el acusado puede ser juzgado en el país que lo reclama por el delito que ha sido cedido. Además, contra la decisión decretada este jueves por la Corte alemana cabe interponer recurso por parte de la Fiscalía de aquel país.

Por otro lado, al magistrado Pablo Llarena le queda otra opción en estos momentos: retirar la euroorden -porque la decisión de Alemania todavía no es firme y por lo tanto cabe esa posibilidad- y dejar que Puigdemont siga siendo un prófugo de la Justicia española. Sin embargo, fuentes del Alto Tribunal consideran "muy improbable" que el juez opte por esta vía como estrategia judicial.