Los rectores no aclaran las irregularidades del máster de Cifuentes y se remiten a la Fiscalía

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha anunciado este martes 11 de abril que apoya la vía judicial abierta por la Universidad Rey Juan Carlos durante la valoración provisional encargada sobre el Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico obtenido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

La CRUE, el órgano inter-universitario que agrupa a 76 universidades (50 de ellas públicas), ha sentenciado que la URJC ha procedido correctamente y ha omitido hacer valoración alguna sobre el escándalo del máster. "Yo dimitiría", ha dicho al final de la rueda de prensa el presidente de la conferencia.

La valoración provisional, de nueve puntos en los que siete son alabanzas al sistema universitario y críticas a los dirigentes políticos que estos días han criticado el conchabeo en la universidad, ha sido realizada por el presidente de la CRUE, Roberto Fernández, y los dos observadores externos designados: el director del servicio de Inspección de la Universidad de Burgos, José Angel Contreras, y la jefa del Área de Inspección de Servicios de la Universidad de Murcia, Carmen Ruiz.

Yo dimitiría", ha concedido el presidente de la CRUE sobre la responsabilidad política

La nota más crítica ha sido la opinión del equipo inspector de la CRUE sobre las "primeras declaraciones" del rector, Javier Ramos, que la conferencia tilda de "precipitadas". "Sin embargo", indica el segundo punto de las valoraciones, "consideramos acertada la decisión de abrir un expediente informativo y el hecho de que cuando tuvo fehaciente conocimiento de que podía haber irregularidades administrativas susceptibles de ser tipificalmente penadas, lo pusiera en manos de la Fiscalía para que sea ella quien realice la pertinente investigación".

La valoración "provisional" de la CRUE ha consistido en un respaldo a la vía judicial, sin ningún comentario añadido sobre el propio máster. "Hemos tenido acceso a los originales del expediente. Se ha comprobado que no obran en dicho expediente parte de los documentos solicitados", ha declarado otro portavoz de la conferencia de rectores, para remachar el apoyo a la puesta en manos de la Fiscalía del Escándalo.

El dúo de observadores externos ha estado en contacto con la Inspección de Servicios de la URJC a lo largo de los 10 días que ha durado la investigación. "Quiero recordar que en función de la autonomía universitaria corresponde a la URJC la responsabilidad de esclarecer los hechos a través de su propia inspección", ha recordado Roberto Fernández.

Siete de los nueve puntos del informe alaban la universidad y critican a los políticos

Uno de los pocos puntos autocríticos del informe es el que "deplora" con "contundencia y rotundidad cualquier acto de irregularidad o ilegalidad". Pero a continuación en un párrafo mucho más extenso, la autocrítica se convierte en ataque directo contra "aquellas opiniones de responsables públicos que quieren transformar un problema puntual y concreto en una especie de ejemplo paradigmático de una deficiente práctica". A pesar de que las sospechas de nepotismo del máster de Derecho Público que imparte el profesor Enrique Álvarez desde hace al menos una década esté siendo cuestionado.

En otro punto la CRUE califica de "ejemplar" el "comportamiento de las universidades". "Como cualquier institución que alberga miles de personas, es posible que se produzca alguna incorrecta actuación de forma puntual".

Este tipo de críticas se redobla: "Nos parece inaceptable que algunos políticos, para defender su legítima opción partidaria, hayan extendido una sombra de duda en el funcionamiento de la universidad española". "Los universitarios", concluye la diatriba, "les pedimos a las diversas fuerzas políticas que mantengan a la legítima universidad española al margen de sus legítimas contiendas políticas".