La Universidad Rey Juan Carlos baraja abrir un expediente disciplinario a Álvarez Conde

El Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) estudia abrir un expediente disciplinario al catedrático Enrique Álvarez Conde, director del máster bajo sospecha en el que se matriculó Cristina Cifuentes y al que señala la investigación interna que se ha realizado para aclarar las presuntas irregularidades.

El Consejo de Gobierno de la URJC celebra este viernes a partir de las 9.30 horas una sesión en la que el rector, Javier Ramos, presentará un informe sobre la actuación llevada a cabo desde que estalló el escándalo el pasado 21 de marzo. La decisión más relevante que se ha adoptado en estas tres semanas ha sido poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que ya ha iniciado diligencias de investigación, al apreciar "suficientes indicios" de la comisión de un posible delito de falsedad en documento público.

Mientras avanzan las pesquisas judiciales que deberán determinar si la actual presidenta de la Comunidad de Madrid cursó realmente el curso de posgrado que exhibe en su currículo y si profesores pudieron delinquir, el equipo de gobierno de esta universidad pública madrileña sigue dando pasos a fin de intentar reparar el nombre de la institución y defender la profesionalidad de la inmensa mayoría de los profesores que ejercen en sus distintos campus.

El foco de las sospechas alumbra directamente a Enrique Álvarez Conde, catedrático de Derecho Constitucional y director desde su creación del Instituto de Derecho Público de la URJC. Se trata del organismo autónomo, con personalidad jurídica propia, que ofreció el máster investigado y de cuyo consejo académico él es presidente.

Según ha podido conocer El Independiente, Ramos medita abrir expediente disciplinario a Álvarez Conde por la posible infracción de faltas muy graves en la gestión del Instituto de Derecho Público, que, como informó eldiario.es, opera con autonomía de gasto y no cuelga públicamente sus cuentas. Se trata de una potestad exclusiva del rector y no tiene vinculación directa con los hechos que ya investiga la Fiscalía por las irregularidades en las asignaturas de Cifuentes en el máster ‘Derecho Público del Estado Autonómico', cursado en 2011/12.

Durante una reunión extraordinaria mantenida esta semana con representantes de los alumnos, Javier Ramos ya mostró su voluntad de actuar contra las "manzanas podridas" que existen en la institución y avanzó que en el próximo Consejo de Gobierno -máximo órgano colegiado de gobierno de la URJC y en el que participa medio centenar de personas- se anunciarían medidas al respecto. Una de ellas podría ser la apertura de dicho expediente disciplinario.

El pasado viernes, durante la conferencia de prensa que ofreció para informar sobre la decisión de poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía, el rector ya marcó distancias veladamente con el catedrático. "Podré haberme equivocado en decisiones puntuales o podré haber pecado de confiar en exceso en personas que no lo merecían. Pido disculpas públicamente. Pero nunca he actuado de forma ilegal y no voy a permitir que nadie ensucie mi nombre ni el de mi propia Universidad", manifestó. Ramos pronunció esas palabras horas después de que Álvarez Conde le hubiera acusado públicamente de ordenarle que reconstruyera el acta.

Las sospechas del actual equipo de gobierno de la URJC en el funcionamiento del Instituto de Derecho Público han ido creciendo en las últimas semanas tras las revelaciones periodísticas que han puesto de manifiesto que otros alumnos también habrían aprobado asignaturas del máster en el que se matriculó Cristina Cifuentes con actas falsificadas.

El rector informará este viernes en el Consejo de Gobierno de la URJC de las medidas adoptadas tras estallar el escándalo

En declaraciones realizadas la pasada semana a Onda Cero, Álvarez Conde reconoció que una de sus "discípulas" reconstruyó el documento que debía acreditar que la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid defendió el Trabajo Fin de Master (TFM) el 2 de julio de 2012. Ese acta estaba aparentemente firmado por las tres profesoras que integraron aquel tribunal -Alicia López de los Mosos (presidenta), Cecilia Rosado (secretaria) y Clara Souto (vocal)- y que han desarrollado su carrera profesional a la sombra del catedrático. Dos de ellas han reconocido que no son sus rúbricas y que nunca integraron el jurado que examinó el trabajo de Cifuentes.

Así lo ha declarado ya López de los Mozos a los agentes de la Unidad de la Policía Adscrita a la Fiscalía que practican desde este lunes las diligencias de investigación. Esta profesora de Derecho Constitucional, a la que Álvarez Conde dirigió la tesis doctoral (La directiva comunitaria y el sistema de fuentes del Derecho), manifestó que fue coaccionada por el catedrático para participar en el montaje del acta y que tiene grabadas esas amenazas.

El Independiente intenta desde hace días hablar con Enrique Álvarez Conde, pero todas las llamadas telefónicas han resultado infructuosas.