Enrique Álvarez Conde, el catedrático brillante y ególatra

Su curriculum vitae ocupa 31 páginas, pero entre las múltiples referencias no se incluye la que marcará ya de forma definitiva su brillante trayectoria como catedrático con seis sexenios de investigación reconocidos. ¿Es el cerebro de la fabricación del acta que supuestamente demostraba que Cristina Cifuentes defendió el Trabajo Fin de Máster (TFM) y el máximo responsable de las irregularidades descubiertas por su condición de director del curso de posgrado y tutor académico de la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid?

A falta de que avance la investigación judicial y se depuren las posibles responsabilidades penales, la investigación interna llevada a cabo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) señala abiertamente a Enrique Álvarez Conde, el catedrático de Derecho Constitucional que en la recta final de su carrera docente es uno de los protagonistas principales en el escándalo en torno al máster de Cifuentes. De momento, se le ha abierto un expediente disciplinario, ha sido suspendido cautelarmente de sus funciones como director del Instituto de Derecho Público de esta Universidad y se auditará la actividad desarrollada por este organismo con personalidad jurídica propia para comprobar si cumple "la legalidad vigente y la ética profesional".

El nombre de Álvarez Conde es familiar para todos los constitucionalistas y los miles de alumnos de Derecho de este país que han estudiado la materia con su manual. Al gran público, esos apellidos empezaron a sonarle a raíz de que eldiario.es desvelara el pasado 21 de marzo que Cifuentes había obtenido el título del máster en 'Derecho Público del Estado Autonómico' -uno de los dos que la dirigente política exhibe en su biografía oficial junto al de 'Administración Pública y Dirección de Empresas' por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset- después de que le hubieran regalado dos aprobados: de 'no presentada' a notable tanto en el TFM como en la asignatura Financiación de las comunidades autónomas y entidades locales.

"Si la alumna de referencia hubiese tenido por parte de esta Universidad o del máster el mínimo trato de favor, no se hubiese producido la calificación de 'no presentada' y en consecuencia ustedes no estarían aquí presentes. Ha sido tratado como cualquier alumno de esta Universidad, sea mi presidenta de Comunidad, como también la alcaldesa es mi alcaldesa y su Majestad el Rey es mi Rey. Si quiere sigo elevando hasta secretario general de la ONU. Nadie, en lo que a mi responsabilidad se refiere, ha tenido nunca un trato de preferencia en más de 40 años que llevo como profesor de la Universidad española", defendió con gesto solemne ante los periodistas en el curso de una conferencia de prensa de urgencia convocada el día que estalló el escándalo y en la que compareció junto al rector de la URJC, Javier Ramos, y el catedrático Pablo Chico de la Cámara. Álvarez Conde había dirigido el máster de Cifuentes -nunca llegó a corregir el borrador final, según ha confesado- y Chico de la Cámara era el profesor que impartió la otra asignatura en la que la presidenta madrileña figuraba en un principio como 'no presentada'.

Es de las mejores mentes en Derecho Constitucional. Es súper brillante, muy bueno, pero tiene un punto de egolatría", describe un compañero de departamento

Esas declaraciones las hizo en torno a las 13.50 horas. A las 17.29 envió a Ramos una "versión escaneada del acta" de la defensa del TFM que Cristina Cifuentes se apresuró a difundir esa misma noche para hacer ver que se había examinado del TFM y que había obtenido una calificación de 7,5 puntos. Cuando la jefa del Ejecutivo madrileño se defendía con ese documento, hacía horas que el rector (17.55 horas) había ordenado a la jefa de Inspección de Servicio de la Universidad la apertura de un procedimiento reservado para aclarar lo sucedido y depurar responsabilidades debido a las "inconsistencias detectadas". Fue días antes de que El Confidencial revelara que dos de las tres firmas que aparecían en dicha acta habían sido falsificadas.

"Académicamente, Enrique es de las mejores mentes en Derecho Constitucional. Yo diría que claramente está entre los cinco mejores. Es súper brillante, muy bueno y sería de las personas que yo autorizaría a que estuvieran dando clases hasta los 70 años. Pero como todos los tipos brillantes tiene un punto de egolatría", describe a El Independiente bajo anonimato un profesor de departamento en la URJC, apenado por cómo este affaire ha manchado el nombre de esta universidad pública madrileña creada durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente. Otros dos catedráticos de Derecho Constitucional a los que este diario ha pedido opinión para poder trazar el retrato académico y la dimensión como jurista de Álvarez Conde han excusado cortésmente la invitación. "Prefiero no comentar nada", han respondido.

Nacido en la localidad zamorana de Matilla de Arzón en 1952, Enrique Álvarez Conde se licenció en Derecho en 1974 por la Universidad de Valladolid, en la que dos años después se doctoró con la calificación de sobresaliente cum laude. Fue con un trabajo, titulado 'Cánovas del Castillo y la Constitución de 30 de junio de 1876', con el que quiso paliar la falta de un estudio monográfico en profundidad sobre el texto con mayor vigencia formal en la historia del constitucionalismo español.

Tras haber impartido clases en Valladolid, Alicante, la Autónoma de Madrid y Alcalá de Henares, Álvarez Conde conseguía a los 35 años su primera cátedra. Fue en la Universidad de Valencia, donde desde 1982 ejercía como catedrático de Derecho Político su gran maestro: Juan Ferrando Badía, la persona que le dirigió su tesis doctoral y al que llevó a la Rey Juan Carlos como catedrático emérito a finales de los noventa. Fueron las últimas aulas en las que ejerció el magisterio Ferrando, fallecido en 2007.

Consiguió la primera cátedra a los 35 años, ha dirigido más de 14 tesis doctorales, tiene reconocidos seis sexenios de investigación y ha puesto firma a decenas de libros

El 22 de octubre de 1999, el rector Guillermo Calleja nombró catedrático de la URJC en el área de conocimiento de Derecho Constitucional a Enrique Álvarez, que regresaba a la docencia tras haber ocupado la dirección del Instituto Nacional de Administración Pública -dependiente entonces del Ministerio de Administraciones Públicas- en la primera legislatura de José María Aznar. A ese puesto había llegado tras ejercer como letrado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante los cinco años inmediatamente anteriores.

Cuando recaló en la Universidad madrileña, su currículo detallaba ya su estancia como profesor visitante en diversos centros universitarios extranjeros -Bolonia, Londres, Lima, Siena, Burdeos...- y había publicado dos libros que son un clásico en las facultades de Derecho españolas: El régimen político español y Curso de Derecho Constitucional, ambos con el sello de la editorial Tecnos y de los que han salido de imprenta numerosas ediciones.

Fue también uno de los promotores del Instituto de Derecho Público de la URJC, creado en diciembre de 2001 y que sólo lo ha conocido a él como director. Se trata del organismo autónomo que impartió el máster en el que se matriculó Cristina Cifuentes semanas antes de ser designada Delegada del Gobierno en Madrid y de cuya dirección ha sido suspendido cautelarmente por las irregularidades que se han conocido ahora.

El maestro y las discípulas

Entre las más de 14 tesis doctorales que ha dirigido se encuentran las de tres profesoras salpicadas por el escándalo del máster, al figurar sus nombres en el acta de la supuesta defensa del TFM de Cifuentes: Alicia López de los Mozos, Clara Souto y Cecilia Rosado. Las dos primeras ya han reconocido que las firmas que aparecen en el documento no son suyas. La tercera deberá aclarar a la Policía si fue el maestro el que le conminó a rellenar un acta para aparentar que la entonces Delegada del Gobierno en Madrid se examinó del TFM a primera hora de la tarde del 2 de julio de 2012 en el campus de Vicálvaro, como la presidente del PP regional mantiene.

"En mis 31 años de catedrático he actuado siempre conforme a la legalidad vigente", proclamó el pasado 21 de marzo. "El rector me dijo: ‘Hace falta un documento, hay que reconstruirlo", relató el pasado 6 de abril, poco antes de que el Rectorado de la URJC pusiera los hechos en conocimiento de la Fiscalía al apreciar "suficientes indicios" de la comisión de un delito de falsedad en documento público. Javier Ramos, al frente de la universidad madrileña desde hace un año, desmintió horas después esa grave acusación.

El 20 de abril de 2013, en una entrada publicada en su blog en la que valorara lo que significaría que las universidades fueran gobernadas por personas ajenas, Enrique Álvarez Conde recurría a una gráfica descripción. "Hace no muchos años escuché a un responsable universitario la siguiente frase lapidaria: 'El rector de la Universidad debe ser un comandante de artillería con los cañones preparados para disparar sobre la comunidad universitaria". Lo que quizá no podía imaginar entonces es que, con el tiempo, él iba a ser el blanco sobre el que el rector iba a apuntar el cañón por su responsabilidad en las presuntas irregularidades del máster de Cifuentes.