"Es Llarena quien ha abortado con autos de prisión la normalidad institucional en Cataluña"

El líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, aspira actualmente a presidir la Generalitat de Cataluña y convertirse en el presidente número 131 de dicha autonomía. Sin embargo, lleva interno en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre por su papel prioritario en la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

En dos ocasiones, la última este jueves para la sesión ya desconvocada del viernes, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena le ha impedido acudir a la sesión de investidura del Parlament ante el riesgo de reiteración delictiva. El Independiente ha entrevistado al preso que se encuentra en la cárcel de Soto del Real (Madrid).

Con el diputado hemos hablado de todas las cuestiones claves del procés.

Pregunta.- Señor Sánchez, el Supremo denegó su puesta en libertad en un duro auto donde señaló que no se han vulnerado sus derechos a la libertad ideológica y a la participación en asuntos públicos. Además, el Alto Tribunal señaló que “no existen presos políticos en esta causa", sino políticos que están presos por haber cometido indiciariamente delitos gravísimos de rebelión y sedición ¿Hay presos políticos en España?

Respuesta.- Es una evidencia que ningún Gobierno ni su tribunal reconoce a sus propios presos como presos políticos. No lo hace Maduro y tampoco Erdogan para citar dos ejemplos actuales de sistemas políticos con apariencias institucionales y parlamentarias democráticas, especialmente Turquía. Pero todos sabemos que en Venezuela y Turquía hay presos políticos. Pero más llamativo es que el juez Llarena afirma, en su auto denegatorio de mi libertad, que lo “que imposibilita el convencimiento de imposible reiteración delictiva que se tendría respecto de quien profiere la ideología contraria" es mi ideario soberanista. Si a alguien le incomoda la definición de presos políticos que utilice si prefiere presos de conciencia. En cualquier caso quien debería responder a esa pregunta es el juez Llarena que es quien apunta directamente a mi ideología para justificar la prisión.

P.- Usted ha anunciado a través de su letrado su intención de abandonar el escaño… ¿Cuándo lo hará?

R.- Mi empeño es que haya Gobierno en Cataluña. Por eso renuncié el pasado 20 de marzo a ser candidato para la sesión de investidura sin esperar la decisión de la Sala Segunda a mi recurso contra la denegación de libertad por parte del juez instructor. Pero la inesperada e injustificada decisión de encarcelar a Jordi Turull, parece que con el único objetivo de impedir su designación como presidente y con ello la normalización de la situación institucional en Cataluña, y la admisión a trámite de mi denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y las medidas cautelares que esa comisión promulga para que se respeten mis derechos políticos, ha motivado que vuelva a ser propuesto como candidato a la presidencia de la Generalitat. El Supremo tiene una buena justificación para corregir algunas de sus decisiones y conciliarse con mis derechos políticos. Naciones Unidas, a través de la Comisión de Derechos Humanos, le brinda esa oportunidad. Sería de agradecer para mis intereses, los de mis electores y los del propio Parlamento catalán, que no la desaprovechara. Y también para la imagen internacional de la justicia española, que no pasa por los mejores momentos. Dicho esto, no me planteo dejar el escaño como mínimo hasta que exista un Gobierno legítimo en Cataluña.

"No se puede banalizar la violencia"

P.- Además, a lo largo de la instrucción del procés se le ha atribuido un "papel preponderante en las movilizaciones sociales que acabaron con actos violentos los pasados 20 de septiembre y 1 de octubre en Cataluña… ”. El juez Llarena lo ha procesado por rebelión y sostiene en su auto que usted y Jordi Cuixart “utilizaron su responsabilidad en ANC y Òmnium para movilizar a cientos de miles de seguidores e impulsaron una masa de fuerza que hiciera frente a la obligación policial de impedir el referéndum ilegal”. ¿Qué tiene que decir al respecto?

R.- No se puede banalizar la violencia pero mucho menos relatar como violentas movilizaciones multitudinarias protagonizadas desde actitudes no violentas y cívicas. La perversión de lo acaecido con un relato que reviste lo que fueron actos legítimos de manifestación ciudadana con levantamientos tumultuosos y violentos para amparar acusaciones de rebelión y sedición es de una gravedad extrema. La gente sabe que el relato del Tribunal Supremo no se corresponde con la realidad de lo sucedido. Incluso la juez Lamela de la Audiencia Nacional afirma que ni el 20 de septiembre ni el 1 de octubre se dieron los supuestos de violencia que el Supremo sostiene que se dieron y por ese motivo rechaza procesar por rebelión al major de los Mossos. No es solo la justicia alemana la que desautoriza al Supremo, también lo hace la Audiencia Nacional. Cuanto más se tarde en comunicar al Supremo que va desunido mayor será su vergüenza y la de España en la Comunidad Internacional.

P.- Según refleja un documento policial que forma parte del sumario del procés el 20 de septiembre usted intercambió hasta 17 llamadas con el ex major Josep Lluís Trapero mientras que este tan sólo llamó en una ocasión a la jefe del operativo de los Mossos. Un dato, sin duda, llamativo.

R.- La primera llamada fue sobre el mediodía y la última sobre las 11 de la noche. En poco más de once horas hablé un total de veinte minutos con el major Trapero. Con el teniente de la Guardia Civil al frente del dispositivo de seguridad del registro judicial hablé con toda seguridad más de 60 minutos. Y lo volvería a hacer con ambos. Mi deber era garantizar un desarrollo pacífico de la concentración. No se pudo evitar actos vandálicos aislados contra los vehículos, pero gracias a esas conversaciones atendimos la petición de la Guardia Civil y de los Mossos de acordonar los vehículos policiales tan pronto el teniente nos lo sugirió y de desalojar a los mismos a periodistas y manifestantes que literalmente los habían tomado. Y también establecimos un cordón en forma de pasillo que garantizaba, a pesar de la gran concentración, la libre circulación desde el interior de la consejería al exterior y viceversa.

Me resisto a pensar que un tribunal me pueda declarar culpable con una violencia inexistente"

En todas las manifestaciones de la ANC existe un dispositivo de coordinación previo y permanente con los Mossos, guardia urbana y protección civil, entre otros. Esa coordinación ha sido motivo siempre de felicitación y garantía del pacífico desarrollo de las multitudinarias manifestaciones. El 20 de septiembre no se pudo prever con anticipación. A pesar de ello comunicamos a la Administración la convocatoria improvisada, organizamos de urgencia un equipo de voluntarios para el servicio del orden y contactamos con los Mossos y la Guardia Civil para garantizar un buen funcionamiento de la concentración. El vandalismo contra los vehículos no tiene justificación, pero quiero remarcar que fueron los únicos daños producidos en una concentración que nos superó por la afluencia y que se alargó durante catorce horas de manera mayoritariamente pacífica y cívica a pesar del enojo por los registros policiales.

"Sigo con mis derechos políticos intactos"

P.- Recientemente, usted remitió una carta al presidente del Parlament donde señaló que su candidatura a la presidencia de la Generalitat no era “una provocación ni un desafío a nada ni nadie”. Sin embargo, parte de la ciudadanía española no lo ha entendido así ya que no es una situación normal que se pretenda gobernar Cataluña desde la prisión de Soto del Real.

R.- Quizás lo que no es normal es la situación de prisión preventiva. Yo sigo confiando en que esa situación se revierta. A fecha de hoy sigo con mis derechos políticos intactos como ha recordado la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Con esos elementos, ¿por qué tengo que renunciar a ser candidato a la presidencia de la Generalitat si una mayoría de candidatos me apoyan y con ello doy cumplimiento a lo que las urnas dictaron por voluntad ciudadana el pasado 21 de diciembre? La cuestión no es si se puede o no gobernar desde prisión, sino si es justo y tiene alguna razón que siga en prisión preventiva.

P.- ¿Cree que el electorado independentista entiende la batalla entre JxCat y ERC por el poder en el Govern o en los medios de comunicación que ha bloqueado la investidura durante más tres meses?

R.- Las medidas cautelares del Constitucional, atípicas y de dudosa juridicidad, fueron acatadas por el Parlament y eso abortó una investidura el 30 de enero, hace dos meses y medio. La mayoría parlamentaria quedó en estado convulso y tuvo que rehacer estrategia y recuperarse del daño político y emocional infligido por el Constitucional. No es cierto que el debate entre JxCat y ERC fuera por el reparto del poder. Acepto que falló la comunicación pero el acuerdo de Gobierno ya estaba cerrado para finales de enero. Lo que se gestiona a partir de las medidas cautelares que impiden al Parlament elegir a Puigdemont es cómo afrontar la legislatura con ese nuevo impedimento. El 1 de marzo Puigdemont anuncia que yo soy el candidato. Desde entonces hasta hoy es el Tribunal Supremo y Llarena, en concreto, quien ha abortado, con autos de prisión incluidos, la formación del Gobierno y la vuelta a la normalidad institucional en Cataluña.

"Turull está en prisión por ser el candidato"

P.- ¿Cree que la estrategia de confrontación que implica proponerlos primero a Puigdemont y después a usted como candidatos ha condicionado su situación procesal? ¿Valía la pena?

R.- Lo que sí sé es que hoy Turull está en prisión por ser el candidato a la investidura. Y con él cuatro diputados más. Permítame solo una consideración. Es inaudito e impropio de un Estado de Derecho con un sistema parlamentario de gobierno la injerencia de un juez en la alteración de la voluntad política de un parlamento para impedir en tres ocasiones a candidatos con sus derechos políticos intactos ejercer sus responsabilidades y limitar la actuación libre y responsable de todos y cada uno de los diputados. Eso no lo ampara la Constitución ni el derecho parlamentario ni está justificado en derecho penal.

Extracto de la entrevista con Jordi Sánchez (preg. 7)

P.- La ANC corre el riesgo de fracturarse por las tensiones en el bloque independentista. ¿Teme que la superen los CDR?

R.- La ANC es una organización muy poco ortodoxa y muy alejada de lo que es un partido político. Responde a una nueva cultura política que recorre las sociedades postindustriales a partir de la década de los 80 del siglo XX, ligado con los valores postmaterialistas (Ronald Inglehart). Es ideológicamente transversal, intergeneracional, mayoritariamente apartidista entre sus seguidores y, lo más relevante, sin jerarquía de mando, horizontal en la toma de decisiones y con una gran descentralización y autonomía de acción en más de los 500 núcleos o asambleas territoriales y sectoriales que existen. El debate es vivo pero no se vive ni como una afrenta ideológica (hay mucho relativismo) ni mucho menos se percibe rivalidad con otras entidades o colectivos. El hecho de no tener militantes sino socios y voluntarios ya indica la naturaleza de la relación. La ANC tiene mucho de entidad cívica e incluso prepolítica, en el sentido ideológico del término.

"No cometí ningún delito"

P.- Si pudiera echar la mirada hacia detrás, ¿qué no haría?

R.- Esa pregunta puede inducir al lector a interpretar arrepentimiento e interiorización de culpa. En absoluto. Por lo que se me procesa niego la mayor. No cometí ningún delito, ejercité mis derechos ciudadanos de asociación, expresión y manifestación y mantengo intactas mis convicciones de que solo el ejercicio democrático de autodeterminación mediante un referéndum acordado puede aspirar a resolver sin tensiones expresivas ni fracturas sociales el debate político principal que hoy existe entre España y Cataluña.

Es impropio de un Estado de Derecho la injerencia de un juez en la alteración de la voluntad política de un parlamento"

Dicho esto, seguro que he cometido errores, uno de ellos no haber insistido más en buscar complicidades sociopolíticas en el interior de la sociedad española a favor del diálogo y el derecho a decidir mediante un referéndum sobre el futuro político. Anecdóticamente diré que evitaría subir a un vehículo de la Guardia Civil porque no sirvió para persuadir a los pocos manifestantes que aún quedaban para que se fueran a sus casas, y la imagen ha sido utilizada hasta la saciedad para ilustrar un relato que falsea lo ocurrido y justifica lo injustificable: la acusación de sedición y rebelión.

Extracto de la entrevista con Jordi Sánchez (preg. 10)

P.- ¿Qué mensaje les daría a los independentistas que siguen apostando por la vía unilateral?

R.- Nuestra fuerza está en la capacidad de lograr el diálogo. No hay que desesperar. Si persistimos pacíficamente como hasta ahora lograremos encauzar democráticamente una solución al reto que hoy tenemos planteado. Y eso pasa por el reconocimiento del problema y el compromiso de resolverlo dando la voz a la ciudadanía como han hechos otros estados como Canadá o Reino Unido con Québec y Escocia.

P.- ¿Cree que el presidente Rajoy lo indultaría si usted lo pide?

R.- Para que alguien sea indultado tiene que ser declarado culpable en un juicio. Me resisto a pensar que un tribunal me pueda declarar culpable en una violencia inexistente y nunca imaginada, de un concierto de voluntades u organización criminal inexistente y mucho menos por profesar un pensamiento soberanista y de ser partidiario del ejercicio al derecho de autodeterminación. No se puede juzgar el derecho de asociación, expresión y manifestación cívica y no violenta sin condenar al fracaso a los derechos políticos que la Constitución Española protege.