La Universidad de Málaga no llegó a sancionar a Errejón por su trabajo a distancia

La Universidad de Málaga (UMA) no llegó a sancionar a Íñigo Errejón por no haber realizado de forma presencial su parte del proyecto de investigación sobre vivienda financiado por la Junta de Andalucía y que coordinó el doctor en Economía y diputado Alberto Montero. El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos no ha sido inhabilitado para volver a trabajar con la universidad andaluza aunque ésa fue la propuesta de sanción del servicio de Inspección de la institución.

Fuentes de la Universidad de Málaga han explicado a El Independiente que el expediente disciplinario incoado contra ambos en diciembre de 2014 para comprobar si Errejón había incumplido sus obligaciones laborales se mantiene abierto. Aunque a Montero sí se le cerró con un apercibimiento por falta leve, al autorizar de forma verbal, y no por escrito, que Errejón trabajase a distancia, al ex número 2 del partido no se le llegó a sancionar, pese a lo publicado en el mes de marzo de 2016, cuando se informó abiertamente de que a Errejón se le había inhabilitado para trabajar como investigador en la Universidad de Málaga por tiempo indefinido.

Errejón pidió no renovar el contrato y el equipo jurídico de la universidad dudó sobre la legalidad de imponerle una sanción

Íñigo Errejón ya había pedido que no se renovara el contrato cuando El Mundo informó de que no cumplía requisitos imprescindibles, como dedicar 40 horas semanales al trabajo de forma presencial. Esa baja llevó a la asesoría jurídica de la institución a dudar sobre la justificación legal que tendría imponer una sanción, en este caso inhabilitación perpetua, a una persona que no trabaja en la Universidad. Por ese motivo, el expediente disciplinario no se llegó a cerrar ni se decretó ninguna infracción ni se impuso ningún castigo de forma oficial a través de su publicación en un boletín oficial. Al permanecer abierto, si Errejón volviera a intentar contratar con la Universidad de Málaga sí que sería inhabilitado.

En la Universidad se recuerda que el expediente disciplinario se vio paralizado por una denuncia del sindicato Manos Limpias que dio lugar a una investigación en un juzgado de Málaga que fue finalmente archivada. En ese proceso, a Errejón se le intentó notificar la propuesta de sanción hasta en cuatro ocasiones sin éxito.

Amenaza de sanción

Como consencuencia de ambas situaciones, el expediente interno se vio paralizado y ahí sigue. No obstante, a efectos prácticos la inhabilitación sí se produce, ya que si intentara volver a la Universidad se reactivaría el proceso interno. No tiene una sanción, pero la amenaza de sufrirla pende sobre su cabeza si se vincula a la UMA.

El caso del contrato de Errejón en la Universidad se ha saldado sólo con un apercibimiento interno para el profesor que lo contrató y un salto a la política de casi todos sus protagonistas. La entonces rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, salió en defensa de sus profesores cuando estalló el escándalo. Aseguró que se trataba de un procedimiento "completamente regulado por ley" que no se salía "de los márgenes de lo que se hace siempre y como siempre".

Por el contrario, ese mismo día, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, garantizaba que Errejón devolvería el dinero recibido en caso de que se demostrase que "no ha trabajado lo firmado" en su contrato. Dos días después, tras ser llamada a una reunión en la Junta de Andalucía, la rectora cambiaba de criterio y ordenaba la apertura del expediente informativo interno. Seis meses después, la rectora Adelaida de la Calle se convertía en consejera de Educación del Gobierno de Díaz.

Enrique Caro Guerra, que era el director de la Inspección de Servicios de la UMA, encargado de instruir el expediente sancionador, se convirtió en director general de Planificación y Centros de la Consejería.