El juez vuelve a investigar al yerno de Zaplana por fraude fiscal en el caso Pujol

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, el juez José de la Mata, ha aceptado la competencia para investigar de nuevo en el caso Pujol al yerno del exministro Eduardo Zaplana, Luis Iglesias. En concreto, Iglesias está siendo investigado en la compleja operación financiera de compra de 1.152 oficinas de Banco Santander en el año 2007 junto a Oleguer Pujol a través de la que se pagaron presuntamente comisiones ilegales.

El instructor, en un auto al que ha tenido acceso El Independiente, asume que es el competente para investigar a Iglesias tal y como le había solicitado el Juzgado de Instrucción Número 5 de Madrid -que le atribuía un delito contra la Hacienda Pública- al haber “reaparecido el delito de blanqueo atribuido  al investigado” lo que revive la “conexión entre ambos delitos y por tanto deberían juzgarse en el mismo proceso”.

De la Mata ha adoptado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción que se opuso aque la Audiencia Nacional asumiera la investigación de los juzgados de Madrid ya que no aprecia conexión entre el delito 'lavado' de dinero cometido supuestamente por parte del yerno de Zaplana y el fraude fiscal que se le atribuye.

Sin embargo, en su resolución el instructor del caso Pujol pone de manifiesto que “existen indicios más que sobrados y, lo que es más importante, corroborados por otros y perfectamente consistentes entre sí, que acreditan que Iglesias lideró, junto con Oleguer Pujol Ferrusola, la negociación de la citada operación inmobiliaria; que decidió las ganancias de cada comisionista y las condiciones de pago; y que también definió el sistema a emplear para ocultar las ganancias ilícitas de cada comisionista para dificultar la identificación de las personas físicas perceptoras de las mismas y su posterior introducción en el tráfico legal”.

Asimismo, el magistrado José de la Mata argumenta al asumir este procedimiento contra Luis Iglesias que “existen indicios bastantes, al menos en esta fase procesal” de su posible participación “en un delito de blanqueo de capitales en relación con las comisiones pactadas por su participación en la operación Brick, ocultadas a través de una estructura societaria diseñada por este junto con Oleguer Pujol”.

Por otro lado, el juez, atendiendo al criterio de la Abogacía del Estado, considera que el posible delito contra la Hacienda Pública imputable Iglesias se correspondería con el año 2007, o subsidiariamente a 2008, y que "no estaría prescrito al estar vinculado a la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales, cuyo plazo de prescripción es de 10 años".

Contra esta decisión cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.