El póker de ERE que compromete a Chaves

Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009, declarará con seguridad este lunes en el juicio del caso ERE que desconocía el procedimiento por el que se concedieron 855 millones de euros en ayudas a prejubilaciones y a empresas en crisis durante una década. También mantendrá que ignora quién ideó el convenio marco que dio pie al nacimiento del fondo de reptiles y tratará de hacer ver que ni el interventor general ni ningún consejero le advirtió de ilegalidad en el reparto de estos fondos.

Fue el guion que mantuvo cuando declaró como imputado hace tres años en el Tribunal Supremo y será el argumentario de defensa que desgranará con total probabilidad durante el interrogatorio al que será sometido tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por su defensa en la vista oral. Alejado ya de la política, Chaves -ministro con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero e integrante del célebre ‘clan de la tortilla- se enfrenta a una petición de pena de 10 años de inhabilitación por impulsar la "implantación" de un sistema de reparto del dinero público al margen del procedimiento legalmente establecido.

La instrucción de esta macrocausa ha revelado que el presidente que más tiempo estuvo al frente de la Administración andaluza se implicó personalmente en la resolución de al menos tres incendios laborales que su gobierno terminó apagando con la manguera del fondo de reptiles. El PP, que ejerce la acusación popular en el caso, ha desvelado ahora también que la Junta concedió durante su etapa como presidente una ayuda millonaria a familiares del "amigo que le presta" el chalé donde suele veranear en la costa onubense. Éstos son los ERE que comprometen a Chaves, por cuya mediación -al menos en algún caso- previsiblemente le preguntará este lunes el fiscal anticorrupción durante el interrogatorio.

Fundiciones Caetano. Con cargo a la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles, la Consejería de Empleo otorgó ayudas por 3.675.207,83 euros a esta empresa sevillana para financiar las prejubilaciones de 28 trabajadores afectados por sendos ERE tramitados en los años 2004 y 2006. Fundiciones Caetano SA tenía como administrador único a Abilio Caetano Blasco, primo hermano por doble vínculo de Rafael Blasco Caetano. Fue el portugués Abilio Caetano Joao, abuelo de ambos, el que inició el negocio siderometalúrgico en la década de los 40 en la localidad de Camas. Rafael Blasco Caetano mantiene desde hace décadas una amistad con Manuel Chaves. Según ha recordado este domingo el vicesecretario de Organización, Formación y Electoral del PP andaluz, Toni Martín, es Blasco Caetano el propietario del chalé ubicado en la playa onubense de La Antilla en el que se aloja el ex presidente de la Junta de Andalucía "desde hace mucho años". También es el dueño del piso sevillano en el que Chaves se instaló en agosto de 1994 antes de que la oposición en el Parlamento autonómico (PP e IU) forzara durante el 'bienio de la pinza' su desalojo como inquilino de la Casa Sundheim, un palacete ubicado en la avenida de La Palmera propiedad de la Junta y en el que la familia Chaves Iborra había vivido durante los dos últimos años como residencia oficial. "Tiene que responder y no esconderse. Tiene que aclarar si, como presidente de la Junta de Andalucía, la empresa Fundiciones Caetano recibió 3,6 millones de euros del 'fondo de reptiles'. Que lo diga mañana. El asunto le señala directa y personalmente a él. A ver si nos vamos a encontrar que tampoco lo sabía o nos va a decir que ha sido para él una sorpresa enterarse. O, como su predecesor en las declaraciones de este juicio, va a tener otro ataque de amnesia y no se va a acordar de nada. No sabemos si es que él también estuvo de paso todos aquellos años por San Telmo [sede de la Presidencia autonómica] y no se enteraba de nada", ha planteado Martín. La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, investiga esta ayuda -abonada entre 2006 y 2008 y de la que falta por pagar 10.597,25 euros- en cuya concesión la Guardia Civil aprecia indicios de la comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública.

Bilore. El 11 de febrero de 2004, el entonces presidente de la Junta de Andalucía acudió al Hospital de la Merced de Osuna (Sevilla) para clausurar el acto conmemorativo del X aniversario de la construcción de dicho centro sanitario, que había sido inaugurado por él mismo 11 años antes. Un grupo de empleados de la planta industrial que Bilore tenía en Lucena (Córdoba) acudió a la citada localidad sevillana para trata de hablar con Chaves y exponerle su situación laboral, después de que el Ministerio de Trabajo -dirigido entonces por el popular Eduardo Zaplana- hubiera aceptado la extinción de sus contratos. Los empleados no pudieron hablar personalmente con Chaves aquella mañana, pero sí lograron entregarle una carta a un alto cargo de su máxima confianza -el director del Gabinete de Análisis y Relaciones Institucional de la Consejería de Presidencia, Juan Gallo- en la que pedían la intervención del jefe del Ejecutivo andaluz al verse sin trabajo y sin indemnización. "Sin perder la esperanza, le pedimos a nuestro presidente Manolo Chaves que no abandone a estos trabajadores lucentinos y andaluces ante todo (…). Porque creemos en Andalucía y en su Gobierno actual, le pedimos que interceda por nosotros y aprovechando la visita a nuestra ciudad el 14 de febrero, día de amor y cariño, nos traiga trabajo y dignidad", exponían. La petición de estos parados se tramitó en tiempo récord. A las 13.08 horas del día siguiente, el director de Área de Planificación y Seguimiento de la Consejería de Presidencia enviaba por fax al jefe de gabinete de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico la carta que le habían intentado entregar en mano la jornada anterior a Chaves. El alto cargo escribía a su destinatario: "En fecha próxima se visitará la ciudad de Lucena, por lo que sería conveniente haber encauzado la problemática planteada para evitar encontrarnos ante la situación de ayer". Años después, la ayuda prometida por el presidente de la Junta de Andalucía aquel día en Lucena terminó articulándose mediante la concesión de ayudas para el pago de prejubilaciones a siete trabajadores. Como informó El Independiente, dos testigos están citados a declarar en el juicio de los ERE.

Mineros de Huelva. A finales de 2003, el representante de un grupo de antiguos mineros de la Faja Pirítica de Huelva escribió al presidente de la Junta de Andalucía para denunciar la discriminación que siete antiguos trabajadores decían estar sufriendo al no haber sido incluidos como prejubilados en el ERE que habían cofinanciado las administraciones central y autonómica. El remitente se quejaba por el hecho de que otros antiguos compañeros sí estaban disfrutando del cobro de una renta pese a que "no habían visto la mina ni por dentro ni por fuera». No consta que, ante tan reveladoras palabras, Manuel Chaves ordenara una investigación interna para aclarar si prejubilados se estaban beneficiando irregularmente de fondos públicos. Lo que sí acreditó el Equipo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Guardia Civil de Huelva es que aquellos mineros que se habían quejado al presidente por su exclusión del seguro colectivo de rentas fueron incluidos en un suplemento en la póliza de la Bolsa de Tharsis "pese a no cumplir los requisitos". Los trabajadores habían recurrido al máximo responsable de la Junta tras haberse reunido previamente con el entonces delegado de la Consejería de Empleo en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez, y éste les hubiera negado el derecho a prejubilarse.

A Novo Conlink. En la tarde del 20 de mayo de 2005, Manuel Chaves recibió a una representación de los trabajadores andaluces de la multinacional francesa A Novo Comlink -fabricante de terminales telefónicos ubicado en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga- que quería plantearle la situación en la que que iba a quedar la plantilla tras el ajuste de plantilla que había anunciado la compañía tras perder un contrato con un cliente que le garantizaba el 60 % de la producción. Menos de dos meses después de aquel encuentro celebrado en Sevilla, el director general que gestionaba el fondo de reptiles, Javier Guerrero, y el presidente de A Novo, Gilbert Weill, firmaron el acuerdo por el que la Junta de Andalucía se comprometía a aportar 20,13 millones de euros -el montante terminó superando los 35,25 millones- para sufragar el coste de las prejubilaciones de más de 200 antiguos empleados. Uno de ellos fue el director del centro de A Novo en Málaga, José F. Pardo, al que se reconoció una renta de 1.049.959,37 euros. La mediación de Chaves debió de surtir efecto, a la vista de la materialización de las millonarias ayudas concedidas. En atención al apoyo brindado, la multinacional tuvo un gesto hacia Guerrero: lo invitó a la convención que celebraba cada año en París y que incluyó la asistencia a un partido en Roland Garros, como desveló La Razón.

"[Yo] conocía los problemas y los conflictos de las empresas y también planteaba la posibilidad de que si había una solución se adoptase, pero el procedimiento habitual para la concesión de una ayuda no lo conocía", declaró Manuel Chaves ante el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro cuando declaró como imputado el 14 de abril de 2015. Con toda seguridad, será lo que vuelva a mantener este lunes ante el tribunal que enjuicia el diseño, puesta en marcha y mantenimiento del sistema opaco con el que la Junta de Andalucía repartió 741 millones de euros durante una década. "[He] tenido una larga trayectoria política y puedo asegurar que, en ningún momento, ninguna decisión política que haya podido adoptar ha estado basada en la ilegalidad", proclamó entonces.