Manuel Chaves, en el juicio del 'caso ERE': "Yo no sabía cómo se daban esas ayudas"

El ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves está defendiendo este lunes en el juicio del caso ERE que conocía que su gobierno otorgaba ayudas sociolaborales para proteger a trabajadores afectados por procesos de reestructuración empresarial pero que "no sabía cómo se daban". "Cuál era el procedimiento, la exigencia, el requisito, la condición, la cuantía, los beneficiarios... Eso no entraba dentro en mi ámbito político de decisión", ha justificado.

Chaves es uno de los 22 ex altos cargos de la Administración autonómica que se sienta en el banquillo de los acusados por su presunta responsabilidad en la ideación, diseño, puesta en marcha y mantenimiento del procedimiento por el que la Junta concedió ayudas por 855 millones de euros a prejubilados y empresas en crisis durante una década (2001-2010). El ex jefe del Ejecutivo andaluz se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía Anticorrupción de 10 años de inhabilitación como presunto autor de un delito de prevaricación.

El ex jefe del Ejecutivo ha reconocido que de la crisis de las grandes empresas andaluzas en las últimas décadas -como Santana Motor, Delphi o San Carlos- se habló en las sesiones del Consejo de Gobierno que él presidió y que el criterio que siempre marcó es que había que intentar salvar esas compañías y proteger a los trabajadores afectados, uno de los pilares de los acuerdos de concertación que firmó con los agentes sociales. Pero a partir de ahí ha tratado de marcar distancias con la ejecución de esas directrices políticas y ha reiterado su desconocimiento del detalle de esas negociaciones. "Los consejeros no me informaban cuáles eran los beneficiarios o la cuantía", ha expuesto.

Chaves ha circunscrito su actuación a reuniones con comités de empresa en las que le exponían la situación de crisis que atravesaban las compañías, ante lo que solía ordenar que se convocaran mesas de negociación para tratar de articular alguna solución. A partir de ahí, ha defendido, "no tenía conocimiento" de lo que se negociaba.

El acusado ha dicho que conocía "perfectamente" las ayudas que otorgaba la Consejería de Empleo y otros departamentos de la Junta de Andalucía, pero que él ignoraba el procedimiento que se utilizaba. "No sabía el sistema que se seguía, no entraba en mis planes", ha contestado al fiscal. Y ha añadido: "En el contexto de confianza de un equipo de gobierno, para mí era muy difícil pensar que en la Consejería de Empleo o en otra Consejería se pudiera establecer un procedimiento conscientemente ilegal o que se hiciera para burlar la ley", ha asegurado.

Durante el interrogatorio al que lo ha sometido el fiscal Juan Enrique Egocheaga, el ex presidente andaluz también ha dicho desconocer que el importe de las ayudas sociolaborales que concedía su gobierno se destinaban a la suscripción de seguros colectivos de rentas que permitían a los trabajadores afectados por procesos de reestructuración disfrutar de ingresos hasta que alcanzaban la edad ordinaria de jubilación y la Seguridad Social comenzaba a abonarle su pensión.

El ex presidente andaluz dice que los consejeros no le informaban de los beneficiarios y que nunca conoció el convenio que dio pie al nacimiento del 'fondo de reptiles'

El ex presidente andaluz ha indicado que "no fue informado" por el consejero de Empleo cuando en julio de 2001 se implantó el sistema de concesión de ayudas considerado ilegal por los jueces de instrucción, la Fiscalía y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). "Ni conocí su existencia ni su contenido", ha dicho Chaves en relación con el convenio marco de 17 de julio de 2001, del que sólo tuvo noticias -ha dicho- al preparar su comparecencia en la comisión de investigación constituida en el Parlamento de Andalucía en el verano de 2012. En su opinión, no lo conoció como tampoco otros "convenios" internos que tampoco tenían que llegar al Consejo de Gobierno.

Manuel Chaves ha reconocido que era consciente del uso de las transferencias de financiación -el mecanismo presupuestario que la tesis acusatoria sitúa en el origen del fraude- porque estaban en el presupuesto, si bien ha insistido en que desconocía cómo se "tramitaban y ejecutaban".

"Todas las transferencias estaban incluidas en el presupuesto de la comunidad autónoma y una vez que el anteproyecto superaba el trámite en el Consejo de Gobierno pasaba al Parlamento y éste aprobaba a través de una ley singular que requería un quórum del 50 % lo aprobaba. Era la ley y, por definición, una ley no puede ser ilegal. Las transferencias estaban en la ley", ha argumentado Chaves, que dice desconocer si este instrumento financiero es adecuado o no.

El ex presidente andaluz asegura que desconocía que el dinero de las ayudas que otorgaba su gobierno era para pagar las pólizas de prejubilaciones

El procesado ha defendido que era "imposible" que en el Consejo de Gobierno se pudiera debatir 140 programas que integraban el presupuesto de la Junta de Andalucía y que el conocimiento que se tenía era "global". Su papel, ha defendido, se limitaba a "coordinar la acción de gobierno" en la elaboración de las cuentas anuales.

Chaves ha admitido que no leyó en sus momentos las memorias que el interventor general acompañaba a la propuesta de control financiero permanente de los organismos públicos que elevaba para aprobación del Consejo de Gobierno -"no me podía dedicar a mirar todo el expediente de cada punto de orden del día porque me hubiera llevado todo el tiempo de mi Presidencia leyendo", ha justificado- y que cuando ha leído las correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005 con motivo de su imputación en la causa no apreció ningún dato del que se pudiera intuir que "iban a saltar las alarmas".

También ha asegurado que ni conoció ni le dieron traslado sus consejeros del informe adicional al informe definitivo de auditoría de cumplimiento del ejercicio 2003 en el que la Intervención General de la Junta concluyó que se estaba prescindiendo de manera total y absoluta del procedimiento legalmente establecido para la concesión de ayudas. A este informe le ha dado una importancia capital el juez que terminó la instrucción de esta pieza y es lo que le ha llevado a procesar por malversación a parte de los encausados.

Manuel Chaves ha negado que el consejero de Empleo le hubiera llegado a plantear la necesidad de que la Administración se dotara de una normativa para regular la concesión de ayudas sociolaborales a raíz de la proliferación de las subvenciones que se estaban otorgando desde el año 2000 y ha dicho que ningún otro consejero le plantó la inexistencia de bases reguladoras. "Siempre he partido que había alguna norma que podía permitir eso. Partía de la legalidad de los procedimientos", ha remarcado.

Elaboración del Presupuesto

Sí ha admitido que conocía la existencia de las asociaciones de ex trabajadores -cuyos gastos se repercutían al importe total de las pólizas- pero no de las empresas mediadoras que participan en el proceso de suscripción de los seguros colectivos eligiendo a las aseguradoras y realizando los cálculos actuariales para que los trabajadores afectados por el ERE supieran los ingresos que les correspondía. Ese coste también lo sufragaba la Administración autonómica.

En su interrogatorio, la defensa -dirigida por el abogado madrileño Pablo Jiménez de Parga- ha tratado de que Chaves dejara claro que su papel en la elaboración del anteproyecto de Presupuestos que posteriormente se enviaba al Parlamento para su discusión y aprobación se limitaba a "dirigir el debate" y "resolver discrepancias" que se pudieran plantear entre distintos departamentos por la asignación de recursos, al tiempo que ha insistido en que el conocimiento de las partidas concretas era competencia de cada consejería y que éstas "no se trataban" en el Consejo de Gobierno.

A preguntas del presidente del tribunal, Manuel Chaves se ha ratificado en la declaración que prestó como imputado en el Tribunal Supremo el 14 de abril de 2015 y ha negado que hubiera llegado a conocer los destinatarios de las modificaciones presupuestarias porque "no se debatían en el Consejo de Gobierno", en contra de lo que ha mantenido en el juicio el ex consejero de Empleo Antonio Fernández.