La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha abierto expediente disciplinario a la ex gerente de la institución, María Teresa Sánchez Magdaleno, por su presunta responsabilidad en la obtención de los datos del máster de Cristina Cifuentes en los que se basó la exclusiva periodística. Sánchez Magdaleno fue destituida 41 días antes de que eldiario.es destapara el escándalo.
La URJC confirmó el pasado viernes la apertura de expedientes al catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde -director del Instituto de Derecho Público y tutor del Trabajo Fin de Máster (RFM) de Cifuentes- y a Amalia Calonge, la funcionaria que modificó las dos calificaciones que inicialmente figuraban en el expediente de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid como 'no presentada' para que constaran con un notable.
Hay una tercera persona expedientada sobre la que no se informó en el comunicado que difundió la universidad aquella mañana, aunque sí lo hizo de forma escueta el rector durante su intervención en la reunión del Consejo de Gobierno. Javier Ramos indicó que había un alto funcionario que presuntamente habría aprovechado su "posición de jerarquía" para obtener la información, aunque eludió revelar el nombre. Muchos de los asistentes salieron con el convencimiento de que se había referido a María Teresa Sánchez Magdaleno, según han contado a El Independiente.
Se trata de la anterior gerente general de la Rey Juan Carlos, a la que el rector destituyó el pasado 8 de febrero tras haber desempeñado el puesto desde el 25 de julio de 2013. Sánchez Magdaleno fue nombrada por Fernando Suárez -forzado a recortar su mandato por las graves acusaciones de plagio- y sustituyó José María Béthencourt. Su cese confirma las distancias que Javier Ramos está marcando con su antecesor y 'avalista'. Hoy sigue al frente de una dirección en la URJC.
La Universidad trata de averiguar ahora quién y cómo accedió al expediente académico de la alumna Cristina Cifuentes Cuencas, lo que permitió conocer que se había modificado la calificación de dos de las asignaturas cursadas por la entonces delegada del Gobierno en Madrid -concretamente Financiación de las Comunidades Autónomas y las entidades locales y el Trabajo Fin de Máster (TFM)- para pasar de 'no presentada' a 7.5. Según explicó el rector, el cambio en las notas se formalizó dos años después, cuando la alumna se dirigió a secretaría para que le expidieran el título acreditativo y se comprobó que un "error en la transcripción" hizo que le aparecieran como no aprobadas cuando había obtenido un notable en ambas.
Cifuentes cree que se ha violado la Ley de Protección de Datos y reclama a la URJC que "profundice" para averiguar quién accedió a su expediente
De momento, el foco alumbra a Sánchez Magdaleno. La URJC trata de determinar si aprovechándose de su cargo instó a un empleado del departamento de informática a acceder al sistema informático para obtener las pruebas que permitirían acreditar las presuntas irregularidades que envuelven el máster en el que Cristina Cifuentes se matriculó en el curso 2011/12, impartido por el Instituto de Derecho Público bajo la dirección de Álvarez Conde.
El profesor Salvador Perelló ha reconocido que facilitó a la prensa la documentación sobre el curso de posgrado de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid que, en forma de fotocopias, le habían dejado en su casillero de la Universidad. "Cuando la estudié y vi que eran veraces se las di a los medios de comunicación", ha relatado. Perelló, que ha admitido que milita en el PSOE, siempre se ha mostrado convencido de que no se podría actuar contra él porque no fue quien entró en la plataforma para obtener las pruebas.
Cristina Cifuentes ha exigido a la Universidad Rey Juan Carlos que "profundice" en el marco del procedimiento de información reservada que abrió tras tener sospechas de irregularidades para que se conozca "qué personas y de qué manera han podido acceder de manera no autorizada" a su expediente académico e incluso "si se ha podido manipular", al apreciar una "violación clara" de la Ley de Protección de Datos.
En este sentido, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, ha declarado este lunes que la entidad actuará si se certifica un acceso ilícito a datos personales en el caso del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid. España ha abogado por "esperar" hasta que se conozca el resultado de las investigaciones incoadas tanto por la Universidad Rey Juan Carlos como por la Fiscalía.
Mientras el Ministerio Público avanza en sus diligencias, la URJC auditará todos los institutos y centros propios de la Universidad con el fin de verificar que todos los procesos relacionados con la gestión académica y económica se llevan a cabo cumpliendo "la "legalidad vigente y la ética profesional".
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