La Guardia Civil ha descubierto la existencia de cinco facturas con las que el Gobierno de Carles Puigdemont desvió casi un millón de euros para gastos del 1-O, según consta en el último informe entregado al magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa del procés y que se ha conocido tras levantar Pablo Llarena el secreto sobre la pieza separada en la que se investiga la malversación de caudales públicos en torno al referéndum.

Las pruebas que aporta este atestado apuntala el planteamiento de Pablo Llarena sobre el delito de malversación de caudales públicos habrían cometido diversos miembros del anterior Ejecutivo catalán y le llevan a cifrar en 1,91 millones de euros el dinero presuntamente malversado con motivo de la organización del referéndum de autodeterminación. Ello contrasta con las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que niega que dinero público se haya utilizado para la consulta ilegal.

Según se detalla en el oficio, al que ha tenido acceso El Independiente, las cinco facturas sin IVA que hallaron los agentes importan la cantidad de 979.661,96 euros y están relacionados con "servicios" encargados a Unipost, cuya sede fue registrada por la Guardia Civil en vísperas del 1-O. Ese montante se divide en cinco consejerías. Cultura (196.696,98 euros); Vicepresidencia, Economía y Hacienda (193.889,98); Salud (192.711,20); Trabajo, Asuntos Sociales y Familia (197.492,04) y Presidencia (198.871,76).

Detalle del atestado de la Guardia Civil con el desglose de las facturas por departamentos.

Los investigadores policiales han constado que estas facturas no constan en el registro contable de facturas de la Generalitat y que tampoco figuran que hayan sido abonadas, si bien existieron al menos dos intentos de cobro por 238.965,37 euros. La Guardia Civil no pasa por alto que esta cantidad "coincide con el IVA" y los "conceptos" detallados en una de las facturas intervenidas, concretamente la que Unipost había confeccionado para la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia.

El juez Llarena eleva a 1,91 millones de euros los fondos públicos presuntamente malversados con motivo del referéndum ilegal

"No obstante, sí consta que las notas de entrega intervenidas en Unipost fueron emitidas y registradas con el sello de salida en cada uno de los cinco departamentos de la Generalitat que se identifican, conociendo tanto el servicio que se estaba solicitando como el destinatario (Unipost) al que se daba la orden de pedido (nota de entrega). La cantidad que se recoge en esas notas es la de 979.661,96 euros", precisa la Guardia Civil.

Los investigadores registraron la sede de la empresa postal Unipost en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) el pasado 14 de diciembre y detuvieron a su director general, Pau Raventós. Aquellas diligencias incluyeron también el registro del domicilio social de la compañía en la barcelonesa calle Mallorca y una vivienda.

En el oficio, fechado el pasado 26 de marzo, los investigadores detallan de forma pormenorizada todos los gastos relacionados con el 1-O y la forma en que la Generalitat intentó sufragarlos. Una cuarta parte del total, concretamente 502.639,61 euros, corresponde al coste de la promoción del referéndum en los medios para fomentar su participación.

La Generalitat camufló los gastos de promoción del 1-O como campaña "para potenciar el civismo", como descubrió la Guardia Civil

Para burlar la prohibición, el departamento que dirigía Jordi Turull trató de enmascarla como una campaña "para potenciar el civismo", según se detalla en la resolución de adjudicación. Fueron los propios responsables de los medios de comunicación los que “alertaron” de que era en realidad una campaña política, motivo por el que las empresas homologadas renunciaron a tramitarla.

A través de Òmnium Cultural como sociedad interpuesta, el área de Difusión y Atención Ciudadana del departamento de Presidencia recurrió a esta asociación independentista para pedir a empresas de artes gráficas y distribución carteles propagandísticos en los que se pedía el 'sí' el 1-O, lo que tuvo un coste de 61.879 euros. "La elaboración y difusión de estos carteles con el logo de la Generalitat lo gestionó Òmnium Cultural para ocultar que era la propia Generalitat la que sufragaba los gastos de estos carteles", concluye la Guardia Civil.

El secretario de difusiones y atención ciudadana de la Generalitat, Antoni Molons, fue detenido el pasado 15 de marzo y puesto en libertad horas después en el marco de la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona por el supuesto uso de fondos públicos que se habrían utilizado para pagar parte de la publicidad del referéndum del 1-O. Aquellas diligencias incluyeron el registro de la vivienda y el despacho oficial de Molons.

El gastos de los observadores internacionales

De igual modo, la investigación ha puesto de manifiesto que el acuerdo alcanzado por Diplocat con The Hague Center for Stgrategic Studies para que enviara observadores internacionales el día del referéndum importaba 1177.065 euros, de los que al menos 119.700 euros se han abonado. Los agentes no han podido constatar si los 47.365 euros que se tenían que pagar a finales de noviembre se llegaron a desembolsarse.

"Si bien se ha podido identificar una serie de personas que actuaron como observadores internacionales, no se ha podido determinar la totalidad de los participantes, debido a la negativa por parte de Diplocat de facilitar los datos de los mismos", expone el informe. Sea como fuere, la Guardia Civil ha acreditado gastos logísticos relacionados con estas personas por otros 40.591,22 euros (vuelos, hoteles y actos) y recuerda que el responsable de Diplocat era el conseller Raül Romeva, uno de los procesados por Llarena por su responsabilidad en la organización del 1-O.

Los investigadores también han constatado un gasto de 17.690,20 euros relativo al alquiler del Teatro Nacional de Cataluña para el acto celebrado el 4 de julio de 2017 a fin de alentar la participación ciudadana en el referéndum y el apoyo a la ruptura con España.

Alquiler de un teatro

En este caso, el contrato fue firmado por Jordi Turull no como conseller de Presidencia sino como presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, que fue quien lo abonó. Ello lleva a pensar a la Guardia Civil que aquel acto pudo financiarse con las subvenciones públicas, de ahí que incluya la partida en el montante total presuntamente malversado.

El desglose se completa con otros 152.578,63 euros, que es valor del material electoral que se pretendía utilizar para llevar a cabo el referéndum y que fue intervenido en el curso de un operativo desarrollado el pasado 20 de septiembre. Entre otros efectos, más de nueve millones de papeletas para votar.