La oposición se niega a devolver los papeles de 'Lezo' que Cifuentes envió a la Asamblea

Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, Podemos y Ciudadanos) se han negado a devolver la documentación sobre el Canal de Isabel II que el Gobierno autonómico entregó a la comisión de investigación sobre corrupción política en la Comunidad de Madrid y que, posteriormente, les requirió tras conocer un auto del juez que instruye el caso Lezo, Manuel García Castellón, en el que concluía que no procedía que los diputados dispusieran de dicha información al existir un procedimiento penal vivo.

El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Ejecutivo madrileño, Ángel Garrido, envió el pasado 31 de enero un escrito a la presidenta del Parlamento regional, Paloma Adrados, en el que le pedía que reclamara a los grupos la devolución "inmediata" de la documentación sobre la empresa pública de aguas que se les había hecho llegar durante ese mes. Garrido también exigía que se prohibiera a los integrantes de la comisión de investigación hacer uso de la información contenida en esos papeles al ser información reservada que está siendo analizada en un sumario de la Audiencia Nacional.

El portavoz de Cristina Cifuentes fundamentaba su petición en el auto que había dictado dos días antes el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que concluía que no había lugar a la entrega de documentación requerida por los comisionados. Esa resolución ha sido recurrida, en reforma y subsidiariamente en apelación, por la acusación popular que ejercen en el caso Lezo la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y el PSOE.

"Que nos manden a la Guardia Civil. Si alguien ha cometido una ilegalidad ha sido el Gobierno", responde un diputado de Podemos

A preguntas de El Independiente, un portavoz de la Asamblea de Madrid confirmó que la documentación sobre el Canal de Isabel II en discordia tan sólo ha sido devuelta por el grupo del PP -el partido que sustenta el Gobierno regional- y que se sigue a la espera de que procedan de la misma forma el resto de formaciones. No parece que ésa sea la intención de la oposición.

"Que nos manden a la Guardia Civil. Si alguien ha cometido una ilegalidad ha sido el Gobierno. Yo tengo derecho como diputado y no pienso renunciar", sostiene el portavoz de Podemos en la comisión de investigación de la corrupción política, Miguel Ongil. Éste considera que "no hay base legal" y defiende que el juez instructor "no tiene competencia para dirimir un conflicto entre poderes". "Es una auténtica burrada que por que haya una investigación judicial no se pueda ejercer el control en una Cámara legislativa", subraya.

El consejero Garrido planteó el pasado 3 de enero una consulta al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para que el juez del caso Lezo resolviera si debía facilitar la documentación solicitada por la citada comisión de investigación. El titular de Presidencia ahondaba así en la opinión requerida por su número dos el pasado 7 de agosto y ya resuelta por el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.

Criterios distintos de los jueces

En una providencia dictada el pasado 18 de agosto, el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andréu resolvió que "el Juez sola
puede pronunciarse sobre la aportación de documentos que consten en el sumario judicial, a los que salo puede tener acceso las partes personadas. La petición de documentos que realiza la comisión anticorrupción de la Comunidad de Madrid no están incluidos en el sumario y su entrega se rige por disposiciones administrativas sin que el juez de instrucción pueda dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar sobre la conveniencia o no de entregar esta documentación".

Es por ello por lo que el Ejecutivo autonómico facilitó a los parlamentarios la documentación que le reclamó cinco meses después a raíz de que el juez que investiga el caso Lezo defendiera un criterio diferente.

Consulta al CGPJ

Ello llevó al Ejecutivo regional a dar traslado de parte de la documentación que los diputados habían reclamado a fin de depurar responsabilidades políticas por los casos de corrupción. Y es la documentación que posteriormente ha sido requerida a los grupos después de que la propia Audiencia Nacional, tras la consulta planteada al presidente del CGPJ, haya resuelto que no procede facilitar papeles obrantes en un procedimiento en fase de instrucción.

Impulsada por Ciudadanos, la comisión de investigación sobre la corrupción política en la Comunidad de Madrid se constituyó en octubre de 2015 y ha supuesto un duro enfrentamiento entre el partido que sostiene al gobierno (PP) y los tres grupos de la oposición. Los populares consideran que es una "causa general" contra su formación y el pasado 8 de enero anunciaron su intención de abandonarla.

La comisión, en la que ha tenido que comparecer Cifuentes para dar cuenta de la gestión de sus antecesores en el cargo, se creó antes de que estallara el caso Lezo sobre el presunto saqueo de la empresa pública Canal de Isabel II y que tiene entre sus principales imputados a Ignacio González, el elegido por Esperanza Aguirre para sucederle al frente de la Comunidad de Madrid. Después de 202, González salió de prisión el pasado 8 de noviembre tras depositar su familia una fianza de 400.000 euros.