Alberto Ruiz Gallardón, ex ministro de Justicia y ex alcalde de Madrid, está ya imputado en el caso de corrupción Lezo. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, recién llegado de un viaje por Colombia y Panamá, decidió este jueves llamar a declarar en calidad de investigado el próximo 7 de junio al que fuera ministro de Mariano Rajoy.

Además, el magistrado ha citado también como investigados los días 5 y 6 de junio a Carlos Mayor Oreja, exconsejero madrileño de Justicia y expresidente del Canal y al exconsejero de Presidencia Manuel Cobo.

En una providencia, García Castellón argumenta su decisión en que tras haber practicado numerosas diligencias aprecia indicios de criminalidad contra Ruiz Gallardón mientras estuvo al frente del Canal de Isabel II y se produjo la compra de la sociedad Inassa en el año 2001, según informan fuentes jurídicas a El Independiente.

Además, el instructor basa esta citación en el auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal donde se ordenó investigar la gestión que se hizo de la empresa pública de aguas cuando Ruiz Gallardón presidía la Comunidad de Madrid. Con el respaldo del órgano superior jerárquico y el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, García Castellón dio este jueves el paso de citar como imputado al ex ministro de Justicia en la pieza número 1 del caso Lezo, donde se investigan delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Apoyado por Anticorrupción

Es cierto que lo ha hecho sin esperar a que los fiscales le pidan por escrito esta imputación pero a sabiendas de que contaba con la aprobación del Ministerio Público - en concreto de la fiscal Ana Cuenca y su jefe Alejandro Luzón- que sí atribuye responsabilidad indiciaria al ex dirigente del Partido Popular en la compra fraudulenta de Inassa.

Además, en las últimas semanas, el juez García Castellón ha practicado más de treinta interrogatorios para tratar de esclarecer las circunstancias que rodearon a la compra de Inassa en el año 2001.

En concreto, el instructor ha estado tomando declaración como investigados a todos los miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II en aquel momento. Además, citó como testigos a los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid que elaboraron los informes de la citada operación y a los miembros de Cuatrecasas que informaron sobre los riesgos de la operación que costó al Canal 70 millones de euros.

Los investigadores sospechan que la operación de compra del 75 % de Inassa por 73 millones de dólares, 70 millones de euros, se hizo mediante Canal Extensia, pero no se adquirió directamente a Inassa sino a través de una empresa interpuesta, la panameña Sociedad Aguas de América.

Una operación que adoleció de “un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público”, que se centraron principalmente “en la forma en que se planificó y ejecutó la adquisición de la sociedad Inassa, así como en la determinación del precio de compra y restantes condiciones estipuladas en el contrato”.

Hay además “claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que Canal de Isabel II debió velar”.