La operación que compromete a Gallardón: Sobreprecio, una empresa de Panamá...

Alberto Ruiz-Gallardón, presidente de la Comunidad de Madrid entre 1995 y 2003, acaba de engrosar la nómina de imputados en la causa en la que se investiga el saqueo del Canal de Isabel II. Pero el ex ministro de Justicia estaba bajo la lupa de los investigadores del caso Lezo al menos desde noviembre de 2016, cuando la Fiscalía Anticorrupción pidió que se investigara la compra de la compañía colombiana Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa) por parte de la empresa de aguas de la Comunidad de Madrid. Fue en 2001, en la recta final de la etapa de Ruiz-Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid.

Nada más regresar de Colombia y Panamá, donde ha permanecido durante diez días junto a los fiscales para impulsar las pesquisas en torno a las presuntas irregularidades en torno a esta operación, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha firmado la providencia por la que cita al ex jefe del Ejecutivo madrileño a declarar en calidad de imputado el próximo 7 de junio. El instructor y los investigadores policiales -la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil- avanzan con la intención de que la instrucción esté terminada antes de 2019.

Éstas son las claves de la operación por las que Ruiz-Gallardón y su mano derecha, Manuel Cobo, tendrán que comparecer ante el titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional antes del próximo verano.

• ¿Por qué imputa el juez a Ruiz-Gallardón? Por su responsabilidad en la compra del paquete mayoritario de Inassa por parte de la empresa de aguas de la Comunidad de Madrid, operación autorizada por el Consejo de Gobierno que él presidía el 29 de noviembre de 2001. El Ejecutivo bendecía así el acuerdo aprobado dos semanas antes por el consejo de administración del Canal de Isabel II.
• ¿Qué sospecha el instructor? El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha constatado la existencia de un "cúmulo de responsabilidades" en el proceso de adquisición de la compañía suramericana, como "una sobrevaloración del precio de compra" y "unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador". El juez reprocha que el Canal de Isabel II no llevara a cabo los "controles necesarios" para asegurarse de que las condiciones económicas pactadas "eran ajustadas al valor real" ni realizara una tasación interna "minuciosa" y validada por asesores externos especializados. Así lo puso de manifiesto el instructor del caso Lezo en el auto -dictado el pasado 26 de diciembre- por el que llamó al procedimiento en calidad de investigados a toda la cúpula del Gobierno de Ruiz-Gallardón. y en el que ya pidió a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia que identificara a todos los miembros del Gobierno de la Comunidad que dictaron el acuerdo del 29 de noviembre de 2001, entre ellos Alberto Ruiz-Gallardón y su consejero de Presidencia y mano derecha: Manuel Cobo.
• ¿Por qué no imputó entonces ya el juez a Ruiz-Gallardón? El magistrado pospuso hace cuatro meses la imputación de Ruiz-Gallardón hasta disponer del acta y de la documentación con que contaron los miembros del Ejecutivo autonómico para tomar la decisión de autorizar la constitución de Canal Extensia y que ésta posteriormente se hiciera con el control de Inassa. Si lo ha llamado ahora al procedimiento es porque ya han debido de incorporarse a las actuaciones dichos documentos.
• ¿Quién formaba parte de aquel Consejo de Gobierno? Presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, el 29 de noviembre de 2001 se reunieron en la Real Sede de Correos -sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid- los consejeros Manuel Cobo, Juan Bravo (Hacienda), Paz González (Justicia y Administraciones Públicas), Luis Blázquez (Economía e Innovación Tecnológica), Luis Eduardo Cortés (Obras Públicas, Urbanismo y Transportes), Carlos Mayor Oreja (Educación), Pedro Luis Calvo (Medio Ambiente), José Ignacio Echániz (Sanidad), Alicia Moreno Espert (Artes), Pilar Martínez (Servicios Sociales) y Luis Peral (Trabajo).
• ¿Cuánto costó la compra de Inassa? El Gobierno madrileño autorizó en la citada sesión la constitución de una sociedad vehículo llamada Canal Extensia SA -con Tecvasa como socio minoritario y un desembolso de 19,2 millones de euros- para que posteriormente adquiriera el 75 % de Inassa a cambio de 73 millones de dólares. El acuerdo incluía el visto bueno para que Canal Extensia pidiera créditos por 58,35 millones de euros. El acuerdo se había elevado para su aprobación tras el informe favorable del letrado jefe del servicio jurídico de la Consejería de Hacienda, que no realizó ninguna observación y consideró "conforme a Derecho" la propuesta.
• ¿Cómo se ejecutó la operación? La formalizaron de la compra de Inassa se llevó a cabo "contraviniendo de plano" los términos de la autorización librada tanto por el consejo de administración del Canal de Isabel II (14 de noviembre de 2001) como del Consejo de Gobierno (29 de noviembre de 2001). Así, se utilizó una "sociedad interpuesta radicada en un paraíso fiscal" -Sociedad de Aguas de América SA (SAA), domiciliada en Panamá- y se adquirió el 51 % de las acciones de una compañía dominicana llamada Watco, 'detalle' que no se especificaba en la propuesta elevada al Ejecutivo. Según el juez, aunque en el acta del consejo de administración del Canal de Isabel II se "omitió" cualquier referencia a la interposición de una empresa panameña como vehículo de compra de Inassa, el dosier que se facilitó a los consejeros de la empresa pública no sólo hacía "expresa referencia" a la misma sino que incluso "desaconsejaba" la adquisición a través de la misma.
• ¿Se negoció sin tener la autorización? Es lo que sostiene el juez. Si bien el acuerdo del Canal de Isabel II para que se iniciara el proceso de licitación para la compraventa de Inassa no tuvo lugar hasta el 8 de octubre de 2001, tres altos cargos de la empresa de aguas -Arturo Canalda, ex director gerente del Canal; Pablo López de las Heras, ex director de Nuevos Negocios del Canal y José Antonio de Cachavera, ex director económico y de desarrollo comercial del Canal- "ya estaban gestionando y negociando la adquisición" de la sociedad colombiana con anterioridad y "de forma distinta" a la que plantearon en el consejo que dio luz verde: mediante la empresa panameña Sociedad de Aguas de América SA. Las evidencias documentales que existen en las actuaciones permiten al magistrado situar los primeros contactos el 9 de mayo de 2001.
• ¿Por qué se eligió Tecvasa como socio? "No consta el proceso seguido" para la elección de Tecvasa como socio en Canal Extensia, sostiene el juez. Lo que sí se sabe es que Tecvasa ya estaba vinculada a Inassa. El juez no pasa por alto el hecho de que, cuando se gestó la compra de la compañía colombiana, entre los socios de Tecvasa "se encontraban ocultos tras sociedades interpuestas algunos de los propietarios" de SAA.
• ¿La operación se cerró en un tiempo récord? Sí. El Consejo de Gobierno autorizó la constitución de Canal Extensia el 29 de noviembre de 2001 (jueves), esta sociedad se creó el 5 de diciembre de 2001 (miércoles) y el 13 de ese mismo mes (jueves) se firmó el contrato de compraventa por el 100 % del capital de SAA a cambio de 73 millones de dólares. Entre los activos de esta sociedad panameña se incluía el 75 % de las acciones de Inassa y el 51 % de las participaciones sociales de Watco.