El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, remitió el pasado viernes un breve informe al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del procés, donde matiza la afirmación tajante que hizo el pasado 16 de abril cuando dijo que para el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre no se destinó “dinero público”.
Según ha podido saber El Independiente, en el citado escrito, Montoro explica que al Ministerio de Hacienda no le consta, al menos “formalmente”, que se hayan desviado fondos de la Generalitat para la preparación del 1-O.
Fuentes conocedoras del citado documento sostienen que el ministro señala que, al realizar esas manifestaciones, se ciñó a las facturas que la Intervención de la Generalitat envía de forma periódica a su departamento y donde no consta esa presunta malversación de caudales públicos. No obstante, en un intento de tratar de enmendar sus imprudentes declaraciones, Cristóbal Montoro deja entrever que hizo esas afirmaciones sin perjuicio de que la investigación judicial detecte que sí se destinaron partidas ocultas a sufragar el desafío independentista.
Malestar en el Supremo
No en vano, la Abogacía del Estado -por petición directa de Hacienda- se ha personado en el Tribunal Supremo como perjudicada directa del presunto fraude causado a las arcas públicas catalanas con el procés. El ministro se ha decantado por responder de forma breve al Supremo tratando de evitar una nueva confrontación con el Poder Judicial, subrayan las fuentes consultadas.
Acaba así el duelo Llarena-Montoro después de que el pasado 18 de abril el magistrado de la Sala Segunda del Supremo dictase una providencia donde pidió explicaciones al ministro después de que en una entrevista en El Mundo este manifestara tener certeza de la ausencia de gasto público en la organización de la votación del 1-O en Cataluña; algo que contradice las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa aportadas por la Guardia Civil.
Las afirmaciones del ministro Montoro cayeron como un jarro de agua fría en el Tribunal Supremo
Dos días después de esas polémicas declaraciones, el instructor del procés movió ficha y pidió por escrito al ministro que le argumentara el sentido de sus palabras. El juez barajó citarlo como testigo pero prefirió finalmente pedirle las explicaciones pertinentes por escrito. Lo cierto es que las afirmaciones de Montoro cayeron como un jarro de agua fría en el Tribunal Supremo.
En primer lugar, porque se consideraron impropias de un miembro del Gobierno mientras hay un procedimiento judicial en curso por el delito de malversación. En segundo plano, porque no se entendió por qué se personó como perjudicada la Abogacía del Estado en dicha causa si, según el ministro, no se produjo ningún delito en lo referente al desvío de fondos de la Generalitat. Y, en tercer lugar, porque está todavía en juego a día de hoy que Alemania entregue a Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación.
Llarena continúa en estos momentos investigando la comisión de este último delito mientras espera a que el tribunal alemán resuelva el fondo de la entrega del expresidente catalán.
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