La Fiscalía de Barcelona ha presentado un recurso en los juzgados de Martorell (Barcelona) para exigir que los nueve profesores del IES El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) denunciados por señalar a hijos de guardias civiles en clase sean investigados en una sola causa.

Según ha informado el ministerio público, el recurso se ha presentado ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de Martorell, que ayer decidió investigar solo a uno de estos nueve profesores porque su intervención en clase se limita al 20 de octubre pasado, mientras que los hechos por los que el resto de docentes están acusados ocurrieron el día 2.

Por su parte, el titular del juzgado de instrucción número 7 de Martorell tiene en sus manos la denuncia de la Fiscalía contra los otros ocho profesores por sus intervenciones en clase el 2 de octubre de 2017 y debe decidir ahora si la admite a trámite.

Antes de que este magistrado tome una decisión, el ministerio público ha recurrido contra la división de su denuncia argumentando que los nueve profesores deben ser investigados en un mismo procedimiento, puesto que la intervención del docente ante los alumnos del día 20 de octubre no se entiende sin tener en cuenta lo que sucedió 18 días antes.

Concretamente, el titular del juzgado de instrucción número 3 investiga a David T., profesor de tercer curso de ESO que el 20 de octubre pidió en clase que levantaran la mano los hijos de guardias civiles, con motivo de la huelga estudiantil de 48 horas "a favor de la República" que se había convocado para unos días más tarde.

Según mantiene la Fiscalía en su denuncia, el profesor emplazó entonces a los hijos de guardias civiles a acudir al instituto en las jornadas de huelga y a asistir a clase con normalidad, de forma que, sostiene la Fiscalía, los puso en "evidencia" ante todos los alumnos, "señalándolos de esa forma para ser blanco del rechazo y la hostilidad de sus compañeros de aula".

El juez ha acordado investigar a este profesor por los delitos contra los derechos fundamentales en su modalidad de lesión de la dignidad de las personas por motivos de discriminación por nacionalidad y contra la integridad moral. En su denuncia, el ministerio público acusa a los nueves profesores de haber creado en clase un "clima de hostilidad" hacia los hijos de guardias civiles, criticando la actuación policial para impedir el referéndum y tildando a los agentes de "animales", "salvajes" o "perros rabiosos".