Respaldo del PP a Catalá: "Sólo falta que nos identificaran con la sentencia de La Manada"

Las palabras del titular de Justicia, Rafael Catalá, señalando al juez del voto discrepante en la sentencia de La Manada, Ricardo González, y, de paso, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) poco menos que por dejación de sus funciones en el control de los jueces, ha recabado apoyos entre sus compañeros de partido, algunos de los cuales no dudan en calificarle de "valiente". Agradecen al ministro que con esa estrategia aleje a Gobierno y a PP de ninguna responsabilidad con respecto a la controvertida condena de 9 años de prisión por abusos y no por agresión "porque solo nos faltaba que nos identificaran con la sentencia", afirman. Además, su rápida reacción anunciando una revisión del Código Penal por si hay que introducir alguna modificación que evite ese tipo de sentencias, reforma convertida en una amplia reclamación social, redunda en la idea de que ha administrado bien tan espinosa cuestión en un Gobierno y partido ayuno de buenas noticias.

La primera reacción en Madrid de los colectivos feministas cuando se conoció el resultado de cinco meses y medio de deliberaciones del tribunal de la sección Segunda de la Audiencia de Navarra, fue convocar una manifestación a las puertas del Ministerio de Justicia. Gobierno y PP ya han escarmentado por su falta de sintonía con un amplísimo sector de la sociedad que ha hecho bandera de la lucha contra la discriminación de la mujer, el acoso y los abusos que arrancaron con campañas como el #MeToo o #niunamenos, fuera de España, y ahora con el #cuéntalo promovido por la periodista Cristina Fallarás.

La reacción corporativa de jueces y magistrados hizo inclinar la balanza a favor del ministro

Las críticas del PP al Día de Mujer el pasado 8 de marzo, por considerar que era una movilización auspiciada por Podemos y sus terminales, y los intentos de última hora por corregir ese mal diagnóstico en una convocatoria que sacó a las calles de España a cientos de miles de mujeres, encendió las alarmas de un Ejecutivo acusado no pocas veces de falta de empatía. Por eso prefirieron correr con el riesgo de la reacción airada y corporativista de los jueces, como así fue.

Las fuentes consultadas por El Independiente creen que si bien las primeras manifestaciones de Catalá pudieron levantar internamente ampollas, "el hecho de que las siete asociaciones de jueces y magistrados, de toda ideología, corrieran a firmar un comunicado conjunto para pedir su dimisión" provocó, asimismo, "un cierre de filas entre los populares", que se sienten maltratados no pocas veces por la Justicia en el rosario de casos de corrupción que tienen abiertos en los tribunales. Además, el inesperado respaldo de la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, a las tesis del ministro, permitió en buena medida superar el trance aunque luego Pedro Sánchez intentara matizar sus palabras.

El hecho de que los socialistas hayan pedido la comparecencia de Catalá, pero en el Senado y, ni siquiera en pleno, sino en comisión, da idea de que tampoco quieren hacer sangre con esta cuestión, a la que sí se ha sumado Ciudadanos. La formación de Albert Rivera se plantea exigir al titular de Justicia que explique sus palabras sobre el juez del voto discrepante de La Manada, Ricardo González, que lejos de ver violación habló de jolgorio consentido. Catalá afirmó que el togado tenía "problemas singulares" cuestionando su idoneidad para juzgar un caso como este.

Otra cosa es que Catalá esté usando este tema en su guerra particular con el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, con el que las relaciones nunca han sido buenas.

Catalá no rectifica y Maillo defiende su "derecho a opinar"

De hecho, el ministro no rectificó su posición este jueves durante un desayuno informativo en Sevilla. Interrogado sobre la polémica, se limitó a comentar que “espero que esta tensión, que esta situación se resuelva cuanto antes, que sigamos trabajando con lealtad desde el Gobierno, el Ministerio de Justicia, con el CGPJ, con las asociaciones de profesionales, con todos los operadores jurídicos.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, defendió este jueves que Catalá, "tiene derecho a opinar" y que es "evidente" que la sentencia, pero sobre todo el voto particular del juez, "ha chirriado, y muchísimo, las conciencias de mucha gente". En una entrevista a la Cope recogida por EFE, agregó que el titular de Justicia "colocó el debate en su punto concreto", sobre "qué es una violación y qué no lo es" y si hay "necesidad de violencia e intimidación" para que sea calificada como tal, algo que se ha debatido y cambiado, ha explicado, en varios códigos penales europeos.

Maíllo, que dijo desconocer la situación particular de ningún magistrado, negando en todo caso que Catalá aludiera a sus condiciones mentales, ha explicado que si bien las sentencias judiciales "se asumen y se acatan", también "se podrán criticar" -cosa que no es habitual que haga el Gobierno y menos el ministro de Justicia- para recordar a continuación que la sentencia de La Manada, "afortunadamente", no es firme, se puede recurrir y cabe incluso la posibilidad de que se revoque.