Nuevos detalles del oficio que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha remitido al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena tratando de cerrar las heridas que levantaron sus palabras en El Mundo al afirmar que para el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre no se destinó dinero público.
En el documento remitido al instructor del ‘procés’, según ha podido saber El Independiente, el ministro reproduce sus palabras exactas en dicha entrevista para explicar que las mismas fueron sacadas de contexto ya que analizando la literalidad de sus declaraciones no se puede descartar que se produjera malversación de caudales públicos con el desafío separatista liderado por el ex president Carles Puigdemont.
Además, en el citado oficio, Montoro no excluye la posibilidad de que en el ‘procés’ se hayan utilizado facturas fabricadas en connivencia con proveedores del 1-0 cometiéndose así el delito de malversación.
Por último, el titular de Hacienda –que adjunta abundante documentación junto a la citada comunicación- explica que en los últimos dos años ha remitido de forma constante al fiscal general del Estado todas las peticiones que la Secretaria de Estado de Hacienda ha realizado a la Generalitat sobre sus cuentas y que han sido desatendidas de forma constantes antes de que el Ejecutivo interviniera la autonomía en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Duelo Llarena-Montoro
Desde Hacienda se explica que el ministro se ha decantado por responder de esta forma al Supremo tratando de evitar una nueva confrontación con el Poder Judicial, subrayan las fuentes consultadas.
Acaba así el duelo Llarena-Montoro después de que el pasado 18 de abril el magistrado de la Sala Segunda del Supremo dictase una providencia donde pidió explicaciones al ministro después de que en una entrevista en El Mundo este manifestara tener certeza de la ausencia de gasto público en la organización de la votación del 1-O en Cataluña; algo que contradice las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa aportadas por la Guardia Civil.
Dos días después de esas polémicas declaraciones, el instructor del procés movió ficha y pidió por escrito al ministro que le argumentara el sentido de sus palabras. El juez barajó citarlo como testigo pero prefirió finalmente pedirle las explicaciones pertinentes por escrito. Lo cierto es que las afirmaciones de Montoro cayeron como un jarro de agua fría en el Tribunal Supremo.
En primer lugar, porque se consideraron impropias de un miembro del Gobierno mientras hay un procedimiento judicial en curso por el delito de malversación. En segundo plano, porque no se entendió por qué se personó como perjudicada la Abogacía del Estado en dicha causa si, según el ministro, no se produjo ningún delito en lo referente al desvío de fondos de la Generalitat. Y, en tercer lugar, porque está todavía en juego a día de hoy que Alemania entregue a Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación.
Llarena continúa en estos momentos investigando la comisión de este último delito mientras espera a que el tribunal alemán resuelva el fondo de la entrega del expresidente catalán.
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