La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil rastrea pagos realizados en un club de alterne de Sevilla con cargo a una tarjeta de crédito vinculada a una cuenta corriente de la extinta Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe), un organismo de la Junta de Andalucía dedicado a la organización de cursos de formación y al que un juzgado investiga por fraude millonario en la adjudicación de contratos.

El PP andaluz ha desvelado este martes esta línea de investigación en el marco de la instrucción de la pieza separada sobre la Faffe en la macrocausa de los cursos de formación y ha urgido a la presidenta Susana Díaz a explicar "desde cuándo sabe" que en esa fundación pública utilizó "tarjetas black" para pagar servicios en "clubes de alterne".

Los investigadores policiales tratan de esclarecer qué directivo de la Faffe realizó un abono en el Club D'Angelo, un local que estaba situado en las inmediaciones del estadio del Real Betis Balompié. Las pesquisas han permitido conocer que el abono se hizo mediante una tarjeta de crédito o débito a través de un Terminal Punto de Venta (TPV) en el propio club de alterne, si bien días después el pago fue retrocedido por razones que los investigadores no han podido todavía determinar.

La Guardia Civil intenta acceder desde julio de 2016 a la documentación de las tarjetas, sin que la Junta de Andalucía haya facilita los datos a la juez

El 5 de noviembre de 2015, dos agentes de la Guardia Civil tomaron declaración en calidad de testigo al dueño del D'Angelo, José R.G., al que preguntaron en qué circunstancias se realizaban anulaciones o devoluciones de los servicios abonados mediante medios electrónicos. El empresario dijo que no tenía constancia de "ninguna anulación o devolución de grandes importes" y que sólo se producían por "cantidades pequeñas" -"en torno a 300 euros aproximadamente", precisó- por desacuerdos en la facturación.

El testigo añadió que tan sólo dos empleados tenían autorización para utilizar el único TPV que existía en el local -un camarero llamado Antonio y la persona que realizaba funciones de encargada, Loreto- y aportó el extracto de movimientos realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010 correspondientes a la cuenta corriente vinculada a las operaciones de abono realizadas mediante medios de pago electrónicos por servicios prestados en el D'Angelo. Se trata, en concreto, de una cuenta abierta en la oficina principal del Banco Popular en Alcalá de Guadaíra, localidad sevillana en la que tiene fijada su residencia José R.G.

Entre las incógnitas que no han podido despejar todavía los agentes figuran no solo la identidad de la persona que utilizó la tarjeta para realizar dicho abono sino también la cuantía del mismo, en gran medida por la tardanza de la Junta de Andalucía en aportar al juzgado la documentación que tanto la UCO como la Fiscalía Anticorrupción han reclamado para conocer los pagos relativos a las tarjetas de crédito o débito de esta fundación.

El PP urge a Susana Díaz a aclarar desde cuándo sabe" que la Fundación pública Faffe utilizó "tarjetas black" para pagar servicios en "clubes de alterne"

La UCO tiene conocimiento de la existencia de tarjetas de crédito por propios empleados de la fundación, que han reconocido en sede policial que la Faffe operaba con seis entidades financieras -Caja San Fernando, El Monte, La Caixa, BBVA, Santander y Unicaja- y que alguna estaba vinculada a tarjetas. Una técnico de la dirección económico-financiero declaró a los agentes el 17 de marzo de 2016 que el director general, Fernando Villén, utilizaba una con un límite de 3.000 euros y con la que abonaba "gastos de representación única y exclusivamente", como comidas en restaurantes, alojamientos y "en alguna ocasión reparación de vehículos".

La testigo señaló que por lo general se anotaba en el reverso de las facturas el nombre de las personas que habían participado en la comida y el código del programa al que se imputaba se trataba de un coste directo, al tiempo que admitió que en ocasiones los justificantes aparecían "en blanco".

Declaración ante la UCO de una antigua técnico reconocido la existencia de tarjetas en la Faffe.

"Los andaluces tienen derecho a saber para qué se ha usado su dinero, el dinero público que sale de sus impuestos. Los andaluces tienen derecho a saber para qué han servido las tarjetas opacas de la Faffe", ha denunciado la vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP-A, Ana Mestre, que ha dicho que Susana Díaz "no tiene más excusas" y le ha pedido que salga "a dar la cara".

"No estamos hablando de multitud de tarjetas de cualquier tipo de color, como dice de forma casi apocalíptica el Partido Popular, sino que estamos hablando de una tarjeta", ha respondido el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco. Éste ha dicho que "es algo común en numerosas empresas, tanto en el ámbito de lo público como de lo privado", que directivos dispongan de tarjeta para abonar gastos.

Una antigua trabajadora reconoce que el director general tenía asignada una tarjeta para gastos de representación, como comidas y reparación de vehículos

Las pesquisas policiales se enmarcan en la pieza separada de la macrocausa de la formación en la que el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla investiga la adjudicación de contratos de manera presuntamente irregular por parte de la Faffe por un importe de al menos 9,46 millones de euros. A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la juez María Núñez Bolaños ha imputado en este procedimiento ya a 26 antiguos directivos y empleados de la antigua fundación, entre ellos el ex director general y ex secretario de Empleo de la ejecutiva regional del PSOE-A Fernando Villén.

Si la UCO no ha podido avanzar más en el esclarecimiento de las supuestas irregulares en la gestión de esta fundación -en la que trabajaban numerosos familiares de cargos socialistas- es en gran medida por la dilación de la Junta de Andalucía en aportar al juzgado la documentación que desde hace casi dos años le viene requiriendo sin éxito.

Los investigadores policiales descubrieron que la Faffe tenía al menos 13 cajas con dinero en metálico para financiar gastos, cuatro en la sede central de la fundación y una en cada una de las nueve gerencias provinciales. Por ello, la Guardia Civil instó a la instructora a reclamar a la Administración andaluza la documentación relativa a esos fondos, entre ella la correspondiente a los pagos con tarjetas.

"No estamos hablando de multitud de tarjetas, como dice de forma casi apocalíptica el PP, sino de una", responde el Gobierno de Susana Díaz

A la vista de que no se habían entregado los papeles, la juez Núñez Bolaños dictó una providencia el pasado 27 de noviembre en la que requería a la Dirección General de Formación para el Empleo -dependiente de la Consejería de Empleo- que entregara a la UCO "la operativa sobre los pagos con tarjeta de los ingresos contables en efectivo de la mencionada caja".

El PP, que ejerce la acusación popular en el caso, denuncia que la Junta de Andalucía se "resista" a facilitar los datos requeridos la UCO y la Fiscalía sobre las "tarjetas black" cuya existencia han descubierto los investigadores policiales a pesar de que tanto la Administración andaluza como el PSOE lo negaban.

"Tarjetas black"

Sólo entre 2007 y 2009, la Faffe gestionó subvenciones públicas por importe de 135 millones de euros. La fundación fue absorbida por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) -dependiente de la Consejería de Empleo- en abril de 2011, sólo tres meses después de que la juez Mercedes Alaya iniciara la instrucción del caso de los ERE fraudulentos.

Investigados y testigos han reconocido en el juzgado que la fundación garantizaba contratos a empresas de formación antes de invitar a otras a participar en el concurso. Atendiendo a los informes de la UCO, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que, "con carácter de probabilidad o verosimilitud, la fundación habría adjudicado la mayoría de los contratos tramitados entre los años 2008, 2009 y 2010 mediante procedimientos de adjudicación simplificados, adjudicación directa, general y simplificados con y sin publicidad, que según la normativa tendría carácter excepcional".

Además de confirmar la existencia de estas tarjetas, una técnico de la dirección económico-financiera de la Faffe ha declarado que con ellas “principalmente se cargaron gastos de comidas en restaurantes, alojamiento y, cree que en alguna ocasión, reparación de vehículos”.